La Corte Suprema de Justicia ya cuenta con un “Reglamento para la tramitación de las diligencias de investigación y comprobación patrimonial de funcionarios y empleados públicos”. Con esta herramienta, aprobada ayer en corte plena, se pretende regular y sistematizar el procedimiento de investigación para establecer la veracidad de las declaraciones juradas sobre el estado del patrimonio (bienes) de los funcionarios públicos que manda la Ley.
Además el reglamento también da lineamientos para la investigación de indicios de enriquecimiento ilícito para facilitar su ejecución y de esa manera facilitar el cumplimiento de las garantías del debido proceso que compete a la Corte y la Comisión de Ética y Probidad.
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Con esta herramienta, la Corte busca evitar la discrecionalidad, variaciones en los trámites y toma de decisión sobre la existencia de indicios o evidencias de alguna irregularidad, según la Corte, “y reforzar la seguridad jurídica y certeza las decisiones que emanen del pleno de la Corte”.
“El reglamento aprobado es el resultado de múltiples sesiones de trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Ética y Probidad, que han ocupado la agenda de las sesiones ordinarias de cada semana”, expresan los magistrados en un comunicado.
Con ese reglamento se establecen “las atribuciones de la Comisión de Ética y Probidad; la determinación de los indicios de enriquecimiento ilícito; los plazos; las actividades de la Sección de Probidad referidas al procedimiento de investigación y comprobación; los criterios para ordenar el inicio de las diligencias de comprobación de la información contenida en las declaraciones, entre muchos otros”.
También ayudaría a tomar en consideración los criterios para ordenar el inicio de las diligencias de comprobación de la veracidad de las declaraciones, de acuerdo con criterios temporales, jerarquía del cargo y nivel de responsabilidad, manejo de fondos públicos, denuncias directas, de información de fuente independiente, de falta de presentación de la declaración patrimonial, además de que se toma en cuenta a los funcionarios suplentes.
Con esas directrices, la Corte abordará los hechos puestos en su conocimiento y acordará, si fuere procedente que se inicien las diligencias de investigación y comprobación de las declaraciones juradas de patrimonio del funcionario o empleado público.
Como atribución la Sección de Probidad llevará a cabo el registro de los funcionarios o empleados obligados, la recepción, custodia, investigación y comprobación de las declaraciones juradas de patrimonio, así como la sustanciación o trámite para la imposición de multas.
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“La Corte reitera el compromiso de trabajar con transparencia en bien de la probidad del país, de tecnificar los procesos jurídicos y administrativos, velando por el cumplimiento de la ética, transparencia y probidad de todos los funcionarios públicos que ejerzan sus funciones dentro y fuera de la República”, refiere el documento.
El reglamento establece reglas, plazos, etapas, etc., que unifican y estandarizan los procedimientos de forma clara para la investigación y comprobación de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por los funcionarios y empleados públicos.