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Enrique Anaya: El gobierno salvadoreño en cualquier "régimen decente" sería calificado de “asesino”

El abogado constitucionalista recalcó que no se puede normalizar “que las personas mueran estando bajo la tutela del Estado”, durante el régimen de excepción.

Por A. Parada | Mar 07, 2023- 09:56

Abogado constitucionalista, Enrique Anaya. Foto EDH / Archivo

Mientras las denuncias de capturas arbitrarias y muertes no esclarecidas durante el régimen de excepción continúan haciendo eco en la vida de los salvadoreños, el abogado constitucionalista Enrique Anaya llamó a la población a no acostumbrarse a tolerar estas atrocidades.

El abogado señaló que bajo el régimen de excepción, que suspende derechos de los ciudadanos, las autoridades primero realizan detenciones basándose en factores como apariencia, zona de residencia y otros, pero la investigación respectiva se realiza de forma posterior.

Sin embargo, “debería ser al revés”, subrayó el profesional, entrevistado en el programa Encuentro con Julio Villagrán en TVX.

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Más de 65,000 personas han sido detenidas y al menos un centenar han muerto en prisión, según organismos humanitarios.

Los agentes realizan revisiones de personas sospechosas y si tienen tatuajes alusivos a pandillas o antecedentes penales quedan detenidos inmediatamente, explicó un militar destacado en la colonia 1 de Diciembre. Foto EDH/ Jessica Orellana

“Un gobierno como el salvadoreño en cualquier régimen decente sería calificado de un gobierno asesino, porque están muriendo las personas bajo su responsabilidad, no normalicemos eso”, sentenció el especialista del Derecho.

El gobierno ha tenido que liberar a 3,000 personas por ser inocentes y la Procuraduría de Derechos Humanos informó que tramita 4,000 denuncias de capturas ilegales y otros abusos.

“No debemos normalizar que las personas mueran estando bajo la tutela del Estado”, dijo Anaya.

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El abogado cuestionó el papel de la Sala de lo Constitucional impuesta por el bukelismo, que no ha dado respuesta ni al 1% de los hasta 4,000 “habeas corpus” o casos de detenciones consideradas ilegales que le han denunciado, según informó una organización humanitaria internacional.

Anaya señaló que hay personas que ya tienen un año de detención sin los procesos adecuados y sin que sus familias sepan su real condición. “Hay familias afuera del penalito esperando ver si sale su pariente, esas son desapariciones forzadas”, agregó el abogado.

El mismo Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, emitió una nueva alerta de viaje para sus ciudadanos que se encuentren en suelo salvadoreño o que están considerando viajar, tanto por la violencia como porque el riesgo de ser capturados indiscriminadamente y “las condiciones carcelarias son duras”, refiriéndose al régimen de excepción.

“El Estado de Excepción otorga a las autoridades la facultad de detener a cualquier persona de quien se sospeche actividad pandilleril y suspende varios derechos constitucionales, que incluyen las protecciones normales de los procedimientos penales tales como el derecho a un proceso sin demora”, señala el comunicado.

Otro de los puntos de preocupación en el Plan Control Territorial, es que las autoridades salvadoreñas pueden, “sin previo aviso, restringir el acceso por medio de puntos de control a áreas en donde se sospeche hay actividad pandilleril”, por lo que informa a sus ciudadanos que el acceso y la libertad de movimiento dentro de esas áreas puede ser limitado.

Debido a las medidas de seguridad impuestas en los últimos meses por las autoridades de seguridad, entre las que se incluyeron capturas sin seguir un debido proceso, Enrique Anaya recalcó que “estamos en un régimen autoritario” y que es imprescindible que “no normalicemos las violaciones a la Constitución”.

“El tema más duro que tenemos actualmente la masiva violación de los derechos humanos con ocasión del régimen de excepción, no normalicemos la violación de la Constitución, ni normalicemos la violación a los derechos de las personas”, enfatizó.

Para el abogado, este clima se agrava con la destitución o remoción de jueces independientes y la destitución del Fiscal General de la República, para que el bukelismo pueda controlar el aparato represor del Estado.

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