Tras una apoteósica y aplastante campaña y propaganda electoral oficialista y concurridas elecciones con fuerte despliegue de la Guardia Nacional, el Partido de Conciliación Nacional (PCN), con el general Carlos Humberto Romero y el médico Julio Ernesto Astacio, se declararon triunfadores de las elecciones ese 20 de febrero de 1977.
Como ocurría siempre, el recurso del oficialismo hasta ese momento era cantar victoria y cerrar el capítulo, que nadie discutiera nada, con el aval del tristemente célebre Consejo Central de Elecciones.
Pero ese año la oposición no estuvo dispuesta a tolerarlo más. La Unión Nacional Opositora (UNO), que llevaba como candidatos al coronel Ernesto Claramount Rozeville y al abogado democristiano Antonio Morales Ehrlich, denunció un aparatoso “fraude”, con la manipulación del recuento y el relleno de urnas con votos fantasmas, popularmente conocidos como “tamales”, mientras el traslado de los paquetes electorales estuvo a cargo de la fuerza pública militarizada.
La UNO, formada por los partidos Demócrata Cristiano (PDC), Movimiento Nacional Revolucionario (MNR, socialdemócrata) y Unión Democrática Nacionalista (UDN, disfraz del proscrito Partido Comunista Salvadoreño, PCS), se tomó la plaza Libertad con cientos de sus militantes para denunciar el “robo de los comicios”, uno de los preámbulos de la guerra interna que se desencadenó tres años después.
El tradicional San Salvador de los 70s
Desde 1972, la tensión política y social parecía apoderarse poco a poco de las calles del Centro Histórico de San Salvador como si el ambiente se enrareciera en las vísperas de un estallido. A pesar de que no había tantos congestionamientos y las ventas ambulantes con canastos de frutas y juguetes se limitaban a la 5ª. Avenida Norte, frente al antiguo Telégrafo, y los alrededores del entonces nuevo Mercado Central y la iglesia de El Calvario. Pero en ese San Salvador de tradiciones y despreocupaciones, anclado aún en modas y estilos formales o sicodélicos de los años 50 y 60, de caminar del brazo viendo los aparadores, con luces de neón y coloridas vitrinas prevalecía el bullicio de motores y cláxones de buses, autos, camiones, mezclado con los gritos de vendedores ocasionales y los timbales y trompetas de cumbias en las ventas de discos, como Kismet en la calle Rubén Darío o La Casa Rivas, justo frente a la plaza Barrios y Catedral.
Ese año había comenzado mal. Los incipientes grupos guerrilleros urbanos desataron una serie de secuestros y brutales asesinatos de funcionarios y empresarios. El gobierno militar pecenista comenzó a enfrentar el auge y la efervescencia de organizaciones izquierdistas militantes que ya no mostraban temor ni querían salidas políticas de ninguna clase, sino radicales, como el Bloque Popular Revolucionario (BPR) y el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU).
Ambos movimientos surgieron tras las masacres de estudiantes de la Universidad Nacional en 1975 y su posterior conmemoración al año siguiente y aglutinando organizaciones y sectores clave como la Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS), las federaciones campesinas FECCAS-UTC, la gremial de maestros ANDES y otras.
Las denuncias de fraude en las elecciones de 1972, la represión tras un intento de golpe ese mismo año, el cierre de la Universidad Nacional y su posterior militarización con “Los Verdes”, el exilio de dirigentes políticos como Napoleón Duarte, abusos y masacres en el interior del país y las de los universitarios fueron el caldo de cultivo de estos movimientos.
A diferencia de estas confederaciones sociales y sindicales, con clara tendencia marxista-leninista, la coalición UNO le apostaba todavía a la opción política e incluso por eso llevaron a un militar como candidato para que pudiera entenderse de tú a tú con el estamento castrense. Por eso también en esos años participó con sus candidatos en las elecciones para la Asamblea Legislativa y alcaldías, tanto así que Morales Ehrlich ganó la alcaldía capitalina en 1974.
El gobierno de Arturo Armando Molina, con su característico mostacho poblado, se mostraba populista, campechano y en algunos momentos hasta con poses de izquierda, al estilo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México.
El gobernante recorría el país y se ganaba el favor de la gente construyendo obras públicas, “una escuela por día”, tales como escuelas, institutos, carreteras y hasta llegó a plantear una reforma agraria, aunque después cambió el programa a “transformación agraria”. Pero todo esto sucumbía ante la tentación de mandos militares de responder con violencia a la disrupción y apretar el gatillo sin importar los costos. Romero era a la sazón su ministro de Defensa y Seguridad Pública (Ejército y Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional) y propugnaba una mano dura contra el comunismo. Las medidas de fuerza y abusos, así como la persecución y expulsión de decenas de sacerdotes católicos acusándolos de promover el comunismo, generaron más efervescencia y rechazo al régimen castrense, sobre todo entre los jóvenes, tanto de secundaria como universitarios, obreros y campesinos.
En este marco fueron asesinados el sacerdote jesuita Rutilio Grande y dos colaboradores en El Paisnal, al tiempo que se ocuparon militarmente poblaciones como Aguilares bajo el argumento de “buscar a comunistas”.
Un anciano Arzobispo de San Salvador, monseñor Luis Chávez y González, se jubiló y dio paso al nombramiento de su ex auxiliar y entonces obispo conservador de Santiago de María, monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, que sería martirizado tres años después y ahora es santo de la Iglesia salvadoreña.
Atención internacional
Para los militares era corrosivo que la plaza estuviera tomada y de esta manera se denunciara al mundo que ellos habían vuelto a imponerse de manera antidemocrática. No estaban dispuestos a tolerarlo una semana más.
Ese 28 de febrero de 1977 aún de madrugada, grupos militares y paramilitares combinados cercaron la plaza con las decenas de militantes políticos dentro; les lanzaron gases lacrimógenos y dispararon fuego de metralla, provocando una estampida entre gritos agudos, traqueteos de metralla y humo y capturando a varios de ellos, que fueron llevados a los cuarteles de los cuerpos de seguridad para torturarlos, como los últimos años se ve que hacen los guardias bolivarianos fascistas en la Venezuela chavista. Otros corrieron a la iglesia del Rosario, a donde llegaron a sacarlos.
No se tiene un número exacto de muertos y lesionados, pero se hablaba de hasta una veintena cuya sangre quedó regada en la plaza y fue lavada por bomberos poco después, según se denunció entonces.
Claramount y Morales Ehrlich fueron sacados antes y pudieron salir al exilio en Costa Rica.
Como dice la sabiduría popular, “la violencia engendró más violencia”, y de la matanza surgió un movimiento de masas más radical, las Ligas Populares 28 de Febrero, integradas por jóvenes democristianos e izquierdistas procastristas ligados al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En lo sucesivo, estas organizaciones, junto al BPR-FPL y FAPU-FARN y sindicatos y movimientos estudiantiles afines encendieron las calles con protestas. Ya no salían sólo con las manos, pancartas y megáfonos, sino provistos de armas cortas o de metralletas recortadas. Era la génesis de la que llegó a ser la guerrilla del FMLN.
Quizá fue la última oportunidad de una salida electoral a la crisis y allí quedó sellada la suerte del gobierno de Romero y su plan de campaña “Bienestar para todos” y su lema “Estudia, trabaja, produce”, pues las protestas no cesaron sino que recrudecieron en los siguientes dos años, pese al Estadio de Sitio (“régimen de excepción” le dicen ahora) con las consiguientes masacres sangrientas frente a la misma iglesia del Rosario y la Catedral Metropolitana; aumentaron los secuestros de empresarios, diplomáticos y otros notables; los enfrentamientos entre la guerrilla urbana y el ejército, los reos políticos, los asesinatos de sacerdotes y religiosos, hasta que Romero fue derrocado el 15 de octubre de 1979.
Ese no fue el fin de una tragedia que pudo evitarse jugando limpio, sino el inicio de una mayor.
