El Salvador se asemeja a Nicaragua con Ley de Agentes Extranjeros, advierten expertos

La Ley de Agentes Extranjeros, que impune un impuesto del 30 % a todas las transacciones y donaciones que reciban las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que fue aprobada al finalizar la tarde del martes por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, buscaría impedir el trabajo de las organizaciones sociales en el El Salvador, llevando al país a asemejarse a las condiciones de Nicaragua, según algunas voces expertas.

La ley crea el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que estará cargo de un director nombrado por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. Y da una plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para que las ONG se registren.

Hasta febrero de 2024, Gobernación tenía un registro de 8,013 entidades sin fines de lucro registradas, cuyas actividades van desde la beneficencia, la agricultura, el medio ambiente, la juventud, niñez, la educación, el desarrollo humano, deporte, religiosas, de salud, y otras que se verían afectadas.

"La Asamblea Legislativa acaba de aprobar la Ley de Agentes Extranjeros dirigida a impedir el trabajo de la sociedad civil y medios independientes. Con esta ley, el país da un paso más en la dirección de Nicaragua. La deriva autoritaria avanza a pasos agigantados", dijo en X Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Misma opinión compartió Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, en la entrevista de este miércoles en Frente a Frente.

"Estamos, lastimosamente como país, transitando a un régimen autoritario con un tinte dictatorial. Estamos en ese tránsito aceleradamente a esa situación de país. Estamos transitando a convertirnos en una Nicaragua 2.0", expuso.

Juan Pappier, subdirector de para las Américas de HRW, señaló los acontecimientos recientes que evidencian que El Salvador se encuentra en una deriva autoritaria.

"El Salvador, en lo que va del mes: Un destacado abogado de derechos humanos es arrestado. 7 periodistas huyen del país por temor a ser arrestados. Una protesta pacífica es reprimida. El presidente propone una ley de "agentes extranjeros". 16 dueños de empresas de autobuses arrestados, uno muerto... Me suena mucho a Nicaragua", comentó en la red social X.

"Al estilo Ortega, Erdoğan, Putin y muchos más autoritarios de turno, Nayib Bukele y sus “diputados” profundizan los ataques a la sociedad civil con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que solo busca criminalizar y perseguir a las voces críticas y de defensa de los Derechos Humanos bajo la vieja excusa de control. Los Derechos Humanos el pueblo salvadoreño quedan bajo amenaza”, opinó Erika Guevara Rosas, Directora Sénior de Investigación, Incidencia Política, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional.

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Gina Romero, relatora Especial de Libertad de Asociación y Asamblea, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló con preocupación las implicación de una Ley de Agentes Extranjeros, pues impondría registros obligatorios, restricciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas.

"Actualmente busca imponer un impuesto del 30 % sobre fondos internacionales, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de organizaciones que promueven derechos humanos, justicia, salud o cultura. Este tipo de medidas ya ha sido condenado por mi predecesor y otros relatores de la ONU: la cooperación internacional no es injerencia, es un derecho protegido por el derecho internacional", expresó en redes sociales.

Agregó que etiquetar como "agentes extranjeros" a quienes reciben fondos legítimos "estigmatiza, silencia y debilita al tejido cívico" del país. "No es compatible con una sociedad democrática", enfatizó.

Discrecionalidad en el Registro

"Aunque se dice que busca transparencia, el proyecto establece definiciones vagas y da al gobierno amplia discrecionalidad para decidir quién se considera 'agente extranjero'", dijo Romero.

Escobar se refirió al impuesto del 30 % a cada transacción de fondos como un "robo". "Esto lo buscan hacer con el cobro del impuesto, prácticamente es un robo a mano armada que le están haciendo a la comunidad internacional, a los que aportan dinero a las organizaciones, casi le están confiscando el 30 % de todo", dijo.

El artículo 11 de la Ley dice que se pagará el impuesto del 30 % por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales de cualquier tipo, o cualquier otro, y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, ya sea a través de donaciones, pagos u otros conceptos, a favor de sus Agentes Extranjeros en el país".

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También podrían pagar ese impuesto por las importaciones en especie o bienes materiales de cualquier tipo, si así lo determina el RAEX, es decir, quedará a decisión de la dependencia de Gobernación si cobra el impuesto a los bienes que se introduzcan al país para las ONG.

Escobar señaló la discrecionalidad con la que actuaría el RAEX con el proceso de registro de las ONG, ya que de no cumplir con el plazo de 90 días, la ley dicta que los sujetos obligados "no podrán realizar actividades, ni movimientos de recursos financieros o activos, ni bienes materiales".

"Ahí está la discrecionalidad, ellos pueden retardar a propósito inscripciones porque esta ley tiene el objetivo de afectar a las organizaciones, no es un tema de transparencia", dijo Escobar.

En su argumento para aprobar la ley, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que hay una decena de países que cuentan con una normativa similar, entre ellos Estados Unidos con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, el inglés); pero esta ley no imponen ningún impuesto a las organizaciones.

Riesgo de control

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo advirtió que la ley en El Salvador sería una herramienta de control social por parte del régimen.

"Esta medida tendría un importante impacto para la ciudadanía salvadoreña, para sus organizaciones sociales y para la propia democracia de El Salvador. Puede llegar a suponer un punto de no retorno, en el que se institucionalice la persecución a las organizaciones sociales, y se avance hacia la desaparición de todo el tejido asociativo y crítico en el país", dice en su comunicado divulgado el 20 de mayo.

Al igual que el proyecto de ley de 2021, el decreto aprobado incluye entre las prohibiciones para las ONG "realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de: alterar el orden público, que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país".

Para la Coordinadora implica una inseguridad jurídica "y la posible criminalización de lo que se entiende por “realizar actividades para fines políticos u otros".

"En cualquier momento cualquier organización, en el marco de la discrecionalidad de este nuevo anteproyecto de ley, podría ser criminalizada y obligada a cerrar operaciones en el país como ha sucedido en otros países con normativas similares", dice la entidad.

Incumplir en alguna de las prohibiciones establecidas será sancionado con multa entre $150,000 y $250,000.

Además, el RAEX tendrá entre sus atribuciones "solicitar la suspensión o cancelación, según sea el caso, de la personería jurídica o de la inscripción que autorizó su funcionamiento en el país".