El Salvador pasará de ser un destino turístico a convertirse en un destino de cárcel, lamentan voces especialistas salvadoreñas, esto tras la oferta del gobierno de Nayib Bukele con Estados Unidos de recibir a delincuentes condenados en dicho país en prisiones locales.
“¿Cómo es posible que ahora vamos a ser refugio de los delincuentes de otros países? Hemos venido siendo un país de destino turístico a un país de destino de cárcel”, reaccionó el diputado de ARENA, Francisco Lira.
Para el parlamentario las y los salvadoreños dentro y fuera del país tenían la expectativa que uno de los acuerdos que se iba a tratar entre el presidente Bukele y el secretario de estado de EE.UU., Marco Rubio, fuera la defensa de la permanencia de los compatriotas en el país norteamericano.
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“El derecho de los miles de salvadoreños honrados y trabajadores que han vivido 15-20 años en Estados Unidos para darle una mejor calidad de vida a sus familiares en El Salvador, que tuvieran una negociación para un estatus permanente y que ya no sea irregular”, dijo este martes en la radio YSUCA.
“Pero con qué sale Bukele, firmando un acuerdo de energía nuclear, si en este país ni siquiera tenemos un salario mínimo adecuado, no tenemos acceso a la vivienda digna, no hay oportunidades de empleo. Eso no es culpa de Estados Unidos, esa es culpa del gobierno de El Salvador que no pudo negociar los intereses de los salvadoreños”, añadió.
Por lo que el diputado aseveró que espera que Bukele priorice y proteja los intereses de los miles de salvadoreños que tienen un estatus migratorio irregular en Estados Unidos y que pueda disminuir así el número de retornados a El Salvador.
Por su parte, la abogada experta en transparencia, Ruth López, también afirma que el gobierno salvadoreño pasará de promover la parte turística de “Surf City” y económica de “Bitcoin City” para empezar con “Jail City” (Ciudad Cárcel).
“Esto es una ciudad de cárcel”, señaló López. Además, la experta advirtió en una entrevista en TVX de que ocurra una “soberanía prepago”.
“En lugar de estar cobrando por recibir a cada uno (convictos extranjeros) se gestiona una condición migratoria regular para nuestros compatriotas en El Salvador, es decir, por cada uno que se va a recibir en el país, podría haberse negociado unos 10,000 salvadoreños que realmente trabajan, porque la gentes trabajadora, sacrificada en Estados Unidos”, consideró López.
Además, recordó que las familias salvadoreñas sufren la separación de sus familiares que por diferentes motivos tuvieron que salir del país como la delincuencia y que precisamente el tema de las pandillas en el país se originó con personas con historial delictivo organizadas que vinieron a El Salvador.

López también se refirió a los problemas social ambientales que produce el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en donde se prevé que puedan recluirse a los delincuentes traídos al país.
“Ese CECOT con la cantidad de personas que ya tiene, la alta contaminación que ha producido para las familias debajo del CECOT, donde el Estado ha hecho caso omiso, imagínese con más personas ahí y lo que esto puede representar para las comunidades sin que el Estado no haga nada y siga utilizando al CECOT como herramienta de publicidad”, indicó.
El posible acuerdo solo beneficiaría a Bukele, opina Noah Bullock, director ejecutivo de la organización Cristosal.
“En términos mediáticos, de nuevamente querer plantear de que lo que él hace es novedoso… es un poco triste de que el diálogo bilateral entre EE.UU. y El Salvador no busca atender a los problemas de raíz, de buscar cooperación que logre de que la población no sea obligada a abandonar sus casas”, consideró.
Un nuevo "Guantánamo"
Para la directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, consultada por la AFP, el ofrecimiento de Bukele es una "decisión inconsulta".
"Nos vamos a convertir en Guantánamo 2.0 (mejorado) y eso es algo que no lo podemos tolerar", dijo en referencia a la base militar estadounidense en Cuba donde han sido recluidos prisioneros acusados de terrorismo.
Bukele dijo que aceptará la llegada de criminales de "cualquier nacionalidad", entre ellos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en El Salvador, Honduras y Guatemala, así como de la banda Tren de Aragua de Venezuela. Esto lo acordó esta semana con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en su visita a El Salvador.
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La propuesta contempla el pago de una tarifa "relativamente baja" para Estados Unidos, pero "significativa" para El Salvador, según expuso el martes la embajadora en Washington, Milena Mayorga.
“El Salvador va a estar apoyando como socio estratégico para poder recibir a esos delincuentes que van a estar en el CECOT y también nuestro sistema penitenciario y va a venir a El Salvador a darle un respiro fiscal, porque se va a pagar por cada uno de estos delincuentes, convictos y nos va a ayudar a hacer sostenible nuestro sistema penitenciario”, expresó Mayorga.
Por otra parte, organizaciones ciudadanas de defensa de los derechos humanos critican el régimen porque permite arrestos sin orden judicial, mientras que al menos 8,000 personas ya fueron liberadas por inocentes o ser parte de un “margen de error”, como lo denomina el gobierno oficialista.
"Creo que la población no estaría de acuerdo si se le preguntara si está bien traer delincuentes más peligrosos", añadió Escobar.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya consideró que el anuncio de Bukele sobre el tema penitenciario es una "cortina de humo" para desviar la atención del tema de la minería en el país.
“Ya me imagino a las cortes de EE.UU. examinando eventuales leyes y tratados sobre enviar convictos estadounidenses al sistema carcelario de El Salvador, denunciado internacionalmente por torturas, desapariciones forzadas, hacinamiento, etc. Por eso, insisto, esto ha sido una payasada más”, señaló.
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