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El Salvador está entre los seis países con riesgo "muy alto" de tortura
La Organización Mundial Contra la Tortura reveló este miércoles el Índice Global de Tortura y sitúa a El Salvador entre los seis países con riesgo muy alto. Entre las recomendaciones está la de “dejar de promover un lenguaje que menoscabe, estigmatice o incite a la misoginia contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas”.
Entre los 26 países evaluados a nivel mundial por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMC) hay varios del continente americano, pero El Salvador es el único que tiene la calificación de riesgo muy alto, lugar que comparte con Baréin, Bielorrusia, Etiopia, Libia y la Federación Rusa, según el Índice Global de Tortura divulgado este miércoles.
“El Índice Global de la Tortura 2025 representa el primer análisis diseñado para evaluar el riesgo de tortura y malos tratos en 26 países alrededor del mundo”, explica el informe.
El informe contiene varias recomendaciones para El Salvador, entre las cuales está que se deje de promover un lenguaje que menoscabe, estigmatice o incite a la misoginia contra defensores de derechos humanos y periodistas; garantizar que ningún organismo estatal haga un uso indebido del sistema de justicia para atacar a defensores, incluso mediante la vigilancia de empresas privadas, y definir la tortura como un delito distinto y específico en la legislación, garantizando que las penas reflejen su gravedad.
Testimonios de muchas personas que han recuperado su libertad dan cuenta que cientos de detenidos son víctimas de torturas físicas y psicológicas infligidas por empleados penitenciarios y otros agentes del Estado. Muchos cadáveres de personas que murieron mientras estaban en prisiones evidencian, según sus familiares, golpes y heridas en diversas partes. El Diario de Hoy ha documentado varios casos a través de fotografías.
Uno de esos testimonios es el de Fidel Antonio Zavala Pérez, vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), quien denunció públicamente y ante la Fiscalía General de la República (FGR), abusos, torturas y asesinatos en las cárceles. Zavala fue testigo de que gran número de cadáveres fueron sacados en bolsas negras de los penales donde estuvo detenido hasta marzo de 2024.
La OMCT también le recomienda al Estado salvadoreño supervisar los lugares de detención, acelerar los procesos judiciales estableciendo un sistema de registro de las personas privadas, y cesar la emisión de nuevos decretos de emergencia que han dado lugar a violaciones de derechos humanos, es decir, terminar con el régimen de excepción.
De acuerdo con registros de organizaciones civiles, miles de personas capturadas bajo el régimen de excepción llevan más de tres años encarceladas sin una condena judicial firme, tras la aprobación del decreto 803, que amplió el plazo a dos años para que la Fiscalía pudiera presentar pruebas contra las personas capturadas. (Más detalles en página 4).
El informe advierte que “A pesar de la falta de procedimiento legal para realizar la detención, los jueces ordenaron la prisión preventiva en el 97 % de los casos y, debido a una serie de reformas legislativas y judiciales, es probable que las personas detenidas en estado de excepción pasen al menos cuatro años en prisión preventiva antes de que el ministerio público presente pruebas ante el tribunal”.
Agravación con el régimen de excepción
“La tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados y sistemáticos en El Salvador. Para 2025, el Índice Global de la Tortura clasifica al país con un riesgo muy alto de tortura y malos tratos, basándose en los datos recogidos en 2023 y 2024. La situación se ha agravado especialmente desde la declaración del Estado de Excepción en marzo de 2022”, explica la OMCT.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 como una herramienta especial que ayudara, ante la incapacidad de la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), a detener la ola de homicidios que en solo tres días se cobró la vida de 87 salvadoreños a manos de las pandillas.
Desde entonces, lo que sería una herramienta para un mes, se ha prorrogado 38 veces, es decir, que los salvadoreños llevan 39 meses con varios derechos constitucionales suspendidos.
“Entre los métodos de tortura empleados con frecuencia por las autoridades figuran fuertes palizas, humillación sexual, desnudez forzada, privación del sueño y privación de alimentos y agua”, detalla el referido informe, añadiendo que la participación de militares en tareas de seguridad pública sin adecuada supervisión, agrava los abusos contra la ciudadanía.
El 26 de septiembre de 2023, El Diario de Hoy denunció la violación de una menor de 13 años, por parte de un sargento de la FAES que la amenazó con encarcelarla bajo el régimen de excepción si no dejaba que la abusara. Esto ocurrió en el cantón Mizata, de La Libertad. En Puerto El Triunfo, Usulután, un jefe militar, de la Marina Nacional extorsionaba a mujeres con capturar a sus maridos si no sostenían relaciones sexuales con él.
En junio de 2024, el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) junto a Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunciaron ante la Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, la implicación de un fiscal, un sargento y un capitán de corbeta implicados en procesos judiciales fraudulentos y extorsiones sexuales contra habitantes de la Isla Espíritu Santo y Puerto El Triunfo, de Usulután.
El informe también consigna que a finales de 2024, más de 83,000 personas habían sido detenidas arbitrariamente, lo cual deriva en un problema crítico el hacinamiento en las prisiones que junto a “la detenci´n generalizada en régimen de incomunicación” y los maltratos de parte de personal penitenciario (custodios) agravan la crisis de derechos humanos.
“El Salvador tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 1,659 presos por cada 100,000 habitantes, y los centros de detención funcionan a más del 160 % de su capacidad. Algunas estimaciones hablan de alrededor de un 300 % de capacidad desde el inicio del estado de excepción”, detalla el informe.
Según la OMCT, las más de 300 muertes registradas entre marzo de 2022 y agosto de 2024, de personas, mayormente jóvenes, bajo custodia policial o penitenciaria, son una fuerte evidencia sobre la violencia y abandono que sufren muchas personas encarceladas. El Diario de Hoy y otros medios salvadoreños han documentado muchos casos de personas que murieron en prisiones, cuyos cadáveres presentaban, según sus familiares, señales de tortura, como golpez, huesos rotos o heridas en la cabeza.
El informe detalla que de los 6.6 millones de habitantes que tiene El Salvador, 109,519 están encarcelados, lo cual equivale a que de cada 100,000 habitantes, 1,659 están privadas de libertad. De estos, según la OMCT, se tienen 34 casos documentados, que son personas defensoras de derechos humanos.
“En El Salvador, la impunidad de la tortura y los malos tratos persiste debido a las graves deficiencias de los sistemas judicial y fiscal. Aunque existe una unidad especializada de la fiscalía para tratar los casos de tortura y abusos contra los derechos humanos, su independencia, imparcialidad y autonomía financiera han sido ampliamente criticadas, lo que impide una rendición de cuentas efectiva, perpetuando una cultura de impunidad que disuade a las víctimas de denunciar y no consigue prevenir futuros abusos”.
Informe Índice Global de la tortura 2025
“Las detenciones llevadas a cabo por la Policía Nacional Civil y el ejército rara vez se ajustan al debido proceso, ya que rara vez se presentan órdenes judiciales y los detenidos suelen permanecer incomunicados. Los registros de las detenciones son inexactos o inexistentes, lo que da lugar a desapariciones forzadas”, indica el informe.
Inseguridad para periodistas y defensores de derechos humanos
El informe señala que el estado salvadoreño no ha cumplido con las obligaciones que le impone el Derecho Internacional sobre las personas privadas de libertad a quienes “niega regularmente su derecho a la alimentación, al saneamiento, a la salud e incluso el derecho a respirar libremente debido al grave hacinamiento”.
La OMCT señala también que “El informe del gobierno al Comité contra la Tortura de la ONU lleva más de tres años de retraso”. Añadiendo que “En El Salvador, la impunidad de la tortura y los malos tratos persiste debido a las graves deficiencias de los sistemas judicial y fiscal. Aunque existe una unidad especializada de la fiscalía para tratar los casos de tortura y abusos contra los derechos humanos, su independencia, imparcialidad y autonomía financiera han sido ampliamente criticadas, lo que impide una rendición de cuentas efectiva, perpetuando una cultura de impunidad que disuade a las víctimas de denunciar y no consigue prevenir futuros abusos”.
En el 2024, Fidel Zavala, arriba mencionado, denunció públicamente, con nombres, apellidos y alias, a varios custodios penitenciarios como los ejecutores de torturas en varias cárceles. Públicamente no ha trascendido actuaciones de la Fiscalía sobre tales denuncias; por el contrario, el denunciante fue encarcelado nuevamente en marzo de este año.
El informe destaca que “Las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador enfrentan severas restricciones, acoso y criminalización, socavando su capacidad para llevar a cabo un trabajo independiente en materia de derechos humanos.
En este mismo sentido, la OMCT puntualiza que “Durante el estado de emergencia, la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y periodistas involucró la aplicación inapropiada de la legislación anti-pandillas, el uso del software espía Pegasus y modificaciones al Código Penal para legalizar el uso de herramientas digitales de vigilancia, poniendo en riesgo los derechos de periodistas y sus fuentes”.
En este punto, la Asociación de Periodista de El Salvador (APES) el pasado 13 de junio denunció que en las últimas semanas, había registrado el desplazamiento forzado de aproximadamente 40 periodistas, debido a intimidaciones, hostigamientos o restricciones arbitrarias; tal cantidad, según la gremial, no incluye a personas o voces críticas que también han salido del país ante el clima de temor y persecución, como el caso de la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar.
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