Cuando el intensivista José Gonzalo Batres Baires habla con sus familiares y amigos desde Alemania les dice que, aunque ya no haya vigente una cuarentena obligatoria, “no salgan”, pues “la verdadera cuarentena empezó el 18 de mayo y termina el 12 de julio”.
Tal como él y otros investigadores que hicieron cálculos previeron, el momento más virulento del coronavirus es el actual.
Por ello sugiere a los ciudadanos quedarse en casa y a las autoridades formar y activar comités de bioética que, integrados por profesionales de diferentes disciplinas, tomen en consenso una de las decisiones más difíciles que puede tomar un médico: a quién entubar y a quién no. “La decisión de qué paciente recibe terapia cuando tiene un número limitado de camas, ventiladores o personal que atiende es extenuante y puede condicionar quebrantos humanos con repercusiones graves”, advierte. Batres Baires está alarmado porque son los médicos y el personal sanitario quienes representa el 31.7% de las muertes por COVID-19 registradas hasta el 24 de junio.
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Los datos de nuevos contagios siguen en ascenso.
Hasta el 24 de junio, El Salvador lleva 126 fallecidos por la pandemia COVID-19 y 5,336 contagios, según datos oficiales. Mientras que los médicos hablan de hospitales colapsados y circulan imágenes de pacientes recibiendo oxígeno afuera de tiendas de campaña debido a la falta de espacios. ¿Estamos en el peor momento de la pandemia o vamos hacia él?
Creo que si. El Salvador atraviesa en estos momentos las semanas más efervescentes y de máximo contagio comunitario. A pesar que los números oficiales son risiblemente bajos, la realidad que viven los salvadoreños en este momento es muy distinta.
Es alarmante saber de personas que han muerto en la puerta de sus casas o en las entradas de los hospitales. O escuchar de la cantidad de fallecidos que son enterrados bajo protocolo COVID-19 sin haber sido al menos atendidos por un médico, ya no digamos que hayan recibido un estudio diagnóstico que explique la causa de muerte.
Esto habla de la incapacidad del sistema de salud para atender la emergencia. La discrepancia del promedio de muertes por neumonía de los últimos cinco años con respecto a 2020, sobretodo entre la semana epidemiológica 21 y 24, confirma la sospecha que el número de muertes por COVID-19 es mayor a lo reportado por el gobierno central.
El recién inaugurado CIFCO contará con cientos de camas UCI y le ha sido asignado personal médico que combatía la pandemia en el San Rafael. ¿Será suficiente para atender las necesidades que el resto de hospitales no pueden atender?
En primer lugar el cansancio de los profesionales de la salud a estas alturas es innegable. Lo hemos visto en redes sociales e incluso en la labilidad emocional del personal sanitario durante entrevistas. Los quebrantos son signos de fatiga severa y altos niveles de estrés. El sistema de salud de El Salvador está diseñado para aprovecharse del recurso humano, exprimirlo al máximo con salarios miserables o incluso mano de obra gratuita (internos y residentes), en especial en la red pública.
En condiciones de pandemia esto se agrava. A esto agreguemos que en todo el país no hay suficiente personal capacitado para manejar pacientes de UCI. Las declaraciones del ministro de salud ofreciendo contratar especialistas extranjeros para manejar pacientes en el nuevo hospital de CIFCO revelan que las autoridades están conscientes que no sólo se trata del cascarón. Si no contratan suficiente personal calificado o si sufren de desabastecimiento de medicamentos e insumos para 400 camas UCI, esto puede convertirse en un gran elefante blanco. He sabido de la solicitud del MINSAL a gobiernos extranjeros para enviar médicos en vuelos humanitarios a trabajar en el nuevo hospital. Las primeras reacciones de colegas en el extranjero son de incertidumbre.
La actividad política en El Salvador ha sido muy turbulenta en este año. Los extranjeros necesitan garantías de seguridad no sólo física, sino también de períodos, hospedaje, vuelos de retorno, cumplimineto de fechas, contratos, etc.
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Lastimosamente la imagen autoritaria que se ha formado el país en estos meses no es muy favorable y debe cambiar. Por último, la sorprendente decisión de convertir CIFCO en un complejo hospitalario permanente (ejemplo de improvisación y falta de plan país) produce admiración en el imaginario colectivo (populismo), sin embargo en lo personal soy escéptico.
Debemos ser prudentes y no celebrar un proyecto que aún no da muestras de su funcionamiento. La cadena de abastecimiento es compleja. La coordinación del recurso humano es complicada. En la presentación oficial del proyecto llevaron a colegas médicos para brindar una imagen profesional, pero eso no es más que una estrategia política. No es garantía que vaya a funcionar. Yo he trabajado durante años en el hospital de la Universidad Técnica de Múnich, un complejo hospitalario de 1,200 camas de las cuales 93 son de UCI repartidas en 6 estaciones. Tenemos todas la especialidades divididas en 40 departamentos. El hospital es una miniciudad con 6,000 empleados que trabajan 24/7 todo el año. Saber administrar esto no es juego de niños. La gestión de un mega hospital es complicada y en El Salvador no tienen ninguna experiencia similar. Antes que CIFCO se convierta en una verdadera ciudad hospitalaria pasarán varios inviernos.
Ante la actual situación, ¿cree que es necesario contar con comités de ética?
La ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto. La bioética se encarga de aclarar el comportamiento más adecuado frente a la vida. De tal manera que ante los dilemas médicos diarios, se debe recurrir siempre a esta disciplina. Por ejemplo, en el caso de tratamientos médicos sin ninguna base científica debería de existir una institución con la suficiente potestad para prohibir prácticas dudosas o incluso nocivas para los pacientes. Si esta institución no actúa, debemos recurrir a la ética como recurso infalible frente a la duda.
Las declaraciones desesperadas de colegas en redes sociales, alertando que ya están tomando decisiones de quién recibe terapia y quién no en pacientes graves (jugar a ser Dios), de ser ciertas hablan también de un dilema ético. El triaje y la priorización de recursos en situaciones de catástrofe es un tema muy complejo.
Dentro de esto está la temática de escoger candidatos a una terapia frente a la escasez de recursos. La decisión de qué paciente recibe terapia cuando tiene un número limitado de camas, ventiladores o personal que atiende es extenuante y puede condicionar quebrantos humanos con repercusiones graves. Es por esto que existen los llamados comités de ética asistenciales, que son grupos interdisciplinarios en los que se incluyen guías espirituales, médicos, civiles y profesionales formados en bioética y que estudian casos concretos y toman la decisión para evitar que los médicos tratantes se involucren en este proceso desgastante. Tengo entendido que la ley nacional de salud contempla estos comités de ética en los hospitales, sin embargo no está claro si se traduce en la práctica diaria hospitalaria o si lo han contemplado como parte del protocolo de la pandemia.
El gobierno ha pedido una nueva cuarentena general de 15 días y la gente se pregunta ¿acaso no hubo tres meses de cuarentena? ¿No sirvieron para nada? ¿Cree que se desaprovecharon los primeros 80 días de cuarentena?
Es importante recordar que distintos modelos predictivos advertían que el aumento de casos ocurriría a finales de mayo. En los cálculos que yo hice se describía un punto de inflexión a partir de la tercera semana de mayo. Y es en este momento donde el distanciamiento social por medio de la “cuarentena” cobraba importancia.
Esto lo publiqué en mis redes, no es que simplemente lo digo en retrospectiva. Lo anticipé incluso refutando a otros profesionales que restaban importancia al número de contagios y muertes en El Salvador.
Según el ciclo de la epidemia en todos los países, a partir de la tercera semana de mayo se deben contar por lo menos 6-8 semanas de convulsión, quizás más dependiendo de la reacción del sistema y el comportamiento de la población. A mis amigos y familiares les he dicho que la verdadera cuarentena empezó el 18 de mayo y termina el 12 de julio.
De los más de 80 días de cuarentena con violación de libertades fundamentales en El Salvador, los primeros 50 días han tenido poco o ningún efecto para minimizar los efectos en la salud pública y no tuvieron justificación técnica. Las consecuencias fueron más de asfixia económica, ansiedad, miedo, confusión y mucha desinformación en la población.
¿En el supuesto de que se implementen 15 días más de cuarentena? ¿Cómo deberían prepararse las empresas y las familias para retomar la actividad económica sin exponer a riesgos a sus integrantes?
Hace dos meses publiqué acá el concepto de la Curva de Cuarentena Controlada, que a mi manera de ver es la solución para convivir con el virus y lograr ser productivos, en la medida de la posible, con la nueva “normalidad” a escala global.
Creo que es una propuesta que debería de considerarse inmediatamente y sobretodo perfeccionarla en base a criterios técnicos en mesas de discusión interdisciplinaria. No se puede someter al país entero a un nuevo bloqueo económico total. A esto se le debe sumar el buscar activamente municipios, regiones o lugares de alerta para justificar cercos epidemiológicos locales y reaccionar oportunamente.
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Los epidemiólogos nacionales deben definir las tasas locales que enciendan las alarmas de acuerdo a la capacidad del sistema para absorber a los enfermos.
El gobierno hace casi 2,500 pruebas diarias. En lo que va de junio, el 4.4 % de esas pruebas han resultado positivas. ¿No es un valor demasiado bajo? ¿Se deberían optimizar la aplicación de pruebas y aplicarlas solo a casos sospechosos, hospitalizados o no, y personal de primera línea?
Hay una disyuntiva muy difícil: la definición de caso puede ser correcta, pero si el acceso a la prueba diagnóstica es limitado será muy difícil que todos los sospechosos de tener COVID-19 se diagnostiquen a tiempo. La falta de acceso a la prueba diagnóstica en El Salvador no depende de criterios médicos, más bien parece que desde el principio fue un tema político.
Hay una alta sospecha de manipulación de cifras o incompetencia a la hora de priorizar quién recibe la prueba. Por ejemplo el brote de casos en el Asilo Sara Zaldívar era evitable.
Los asilos son lugares vulnerables en situación de pandemia. Si existiera un protocolo de cribado para el personal que trabaja en este tipo de centros la historia fuera diferente. Por otro lado la cantidad de personal de salud que se ha infectado es alarmante.
Las estadísticas de profesionales sanitarios que se han infectado ha sido un tema muy difícil de obtener. Durante las semanas de mayor contagio en Alemania, el 16 de abril se habían registrado un total de 6,400 médicos y enfermeras contagiados por el virus, de los cuales 8 habían fallecido. Para el total de fallecidos por COVID-19 en ese momento, esto significó un 0,21% del total de muertes en todo el país. Si hacemos una comparación con El Salvador, hasta el 24 de junio se han reportado 40 trabajadores del sector salud fallecidos, lo cual representa la alarmante cifra de 31,7% de todos los fallecidos por COVID-19.
El análisis sólo permite dos posibilidades: o el personal de primera línea no se está protegiendo adecuadamente o las cifras oficiales son erróneas. En el caso que el personal de salud no se proteja adecuadamente puede ser por falta de equipo, ausencia de protocolos de bioseguridad, fatiga o prácticas erróneas en el día a día. El tema de las cifras oficiales pasa por el subregistro actual en las semanas de mayor contagio, pero también por la manipulación de datos para lograr objetivos políticos o depurar imagen.
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