En el Índice de Percepción de Corrupción para las Américas, El Salvador destaca como uno de los países a vigilar de cerca por su profundo y rápido declive democrático.
“En 2022, El Salvador podría establecerse como una dictadura si las autoridades continúan debilitando la democracia, acosando a los críticos y restringiendo derechos civiles y políticos”, sostiene el informe de Transparencia Internacional (TI).
Este comentario coincide con la advertencia de numerosas organizaciones dentro y fuera del país que ven en el país profundos golpes a la democracia, concentración en el poder y acoso a los críticos del presidente Nayib Bukele, así como la instrumentalización de instituciones del Estado para perseguir a quienes adversan al oficialismo.
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El informe de Transparencia Internacional considera que “el país ha restringido cada vez más el acceso a la información y ha mostrado una severa falta de transparencia en el gasto público”.
Además, TI señala que funcionarios salvadoreños han estado vinculados a “esquemas de corrupción multimillonarios en su manejo de la crisis de covid-19 y como parte de las elecciones locales”.
Varios funcionarios en esta administración y las anteriores, añade, fueron incluidas en la Lista Engel que Estados Unidos elaboró para sancionar a personajes vinculados a corrupción o golpes a la democracia en el Triángulo Norte. Entre ellos, figuran la jefa de gabinete del presidente, su secretario jurídico, su ministro de Trabajo, sus exministros de Seguridad y Agricultura, su director de Centros Penales y uno de los principales activistas de Nuevas Ideas.
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Débil independencia judicial
En el Índice de Percepción de Corrupción hay además preocupación por el debilitamiento de la independencia judicial en El Salvador.
El 1 de mayo de 2021, en su primer día de trabajo, la Asamblea Legislativa que Nayib Bukele controla destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general y los sustituyó por personajes afines al proyecto del Ejecutivo. Además, los diputados de Nuevas Ideas aprobaron, sin tener facultades para ello, la remoción de cientos de jueces y fiscales, lo cual consolida el control del oficialismo sobre todo el poder judicial.
Esto provocó la condena inmediata de gobiernos extranjeros y organizaciones dentro y fuera del país que ven en estas acciones una consolidación del poder y un profundo golpe a la democracia.
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TI señala también la “promoción de leyes que amenazan a organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas independientes”.
Esto puede ser en relación a la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, un proyecto que el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa y que busca limitar las acciones de organizaciones que reciben cooperación de fuera del país. Muchas de estas se dedican a la promoción de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y, de aprobarse la ley, podrían enfrentarse a límites arbitrarios, impuestos confiscatorios y hasta penas de cárcel.