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Gobierno de Bukele no condena a la dictadura de Nicaragua en la OEA

El Consejo Permanente votó por condenar los abusos de la dictadura, pero la delegación de El Salvador se abstuvo.

Por Ricardo Avelar | Ago 12, 2022- 15:14

El régimen dictatorial de Daniel Ortega mantiene un acoso y agresiones constantes a críticos, opositores, medios e iglesias. Foto / Archivo

Este viernes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para condenar el ataque frontal de la dictadura nicaragüense a la sociedad civil, los medios de comunicación y la Iglesia Católica.

Esta fue aprobada con una abrumadora mayoría de los países que conforman el ente regional. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele se abstuvo de votar por el pronunciamiento, que también exige la liberación de más de 190 presos políticos en el país centroamericano.

Solo otros tres países -México, Bolivia y Honduras- se abstuvieron y uno votó en contra (San Vicente y las Granadinas) y no participaron de la sesión las delegaciones Nicaragua ni Colombia.

Los otros 27 países se sumaron a condenar la violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa del pronunciamiento fue de Antigua y Barbuda, y fue respaldada por Canadá, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

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Es decir, el gobierno de El Salvador nuevamente se desmarca de sus vecinos democráticos y opta por guardar silencio ante graves violaciones a derechos humanos, significativos abusos de poder y violencia de parte de agentes del Estado.

En otras ocasiones, ha guardado silencio ante la invasión rusa a Ucrania, los crímenes de guerra que Rusia está perpetrando y la necesidad de imponer sanciones al régimen de Vladimir Putin.

El reconocido periodista nicaragüense, Carlos Fernando Chamorro, lamentó esta situación y criticó el silencio ante los marcados abusos de la dictadura.

Enérgica condena al régimen de Ortega y Murillo

El documento, el cual no fue apoyado por la delegación de El Salvador, “condena enérgicamente el cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales y el hostigamiento y restricciones arbitrarias a las organizaciones religiosas y a quienes critican sus acciones en Nicaragua”.

Y es que el régimen nicaragüense, que por años ha mantenido una tendencia dictatorial y actitudes represivas, ha reforzado su arremetida contra las voces disidentes en las últimas semanas.

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Al menos diez medios de comunicación y un centenar de organizaciones de sociedad civil han sido clausurados recientemente. Asimismo, líderes religiosos han denunciado persecución y acoso y el régimen ha llegado a prohibir una procesión religiosa.

"El clima de opresión en Nicaragua se ha agravado con un número creciente de arrestos y detenciones arbitrarias; el cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales, la toma autocrática de alcaldías de cinco municipios controladas por un partido de oposición, una intensificación de la represión a los periodistas y la libertad de prensa y ataques a monjas y sacerdotes de la fe católica”.

Pronunciamiento de la OEA

El pronunciamiento también manifiesta la preocupación hemisférica por cómo el régimen de Ortega y Murillo han ignorado los esfuerzos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para involucrar al gobierno de Managua en una posible discusión del más alto nivel para poder restaurar el “respeto y la defensa de la democracia y los derechos humanos de conformidad con las cartas de la OEA”.

Presos políticos

Otra situación expuesta en la resolución de la OEA sobre la situación de Nicaragua es la existencia de presos políticos, es decir personas que el régimen tiene tras las rejas por el único hecho de disentir de su línea.

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El órgano hemisférico manifiesta “su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos y cese el hostigamiento e intimidación a la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

En la actualidad, según cifras ofrecidas por organizaciones de sociedad civil nicaragüense, hay alrededor de 190 presos políticos en el país. Entre ellos, destacan siete excandidatos presidenciales que de cara a los comicios de 2021 desafiaron a Daniel Ortega. Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y otros opositores terminaron en prisión por ejercer su derecho a buscar ser electos.

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