Gobierno no tiene facultad para impedir la circulación y libertad de empresa, dicen constitucionalistas

Según el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, "no existe una ley secundaria que avale las amenazas que algunos funcionarios están emitiendo" contra la libre empresa y libertad de circulación.

Las autoridades insisten en restringir la movilidad a través de decretos ministeriales, algo que es ilegal según abogados. Foto EDH/ Jessica Orellana

Por Cecilia Fuentes

Jun 08, 2020- 08:32

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, instancia a la que pertenecen reconocidos abogados constitucionalistas, emitió un comunicado en el que afirman que no existe ninguna ley secundaria que avale las amenazas que algunos funcionarios están emitiendo contra el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales.

Además, consideran que el Decreto Ejecutivo 29 es nulo, pues restringe derechos sin base en una ley.

“La invocación del Código de Salud es una burda falacia con la cual se busca disfrazar la usurpación, por parte del Órgano Ejecutivo, de competencias propias de la Asamblea Legislativa”, dice el comunicado.

Los abogados aseguran que actualmente no existe ninguna ley que avale los decretos ejecutivos establecidos a la fecha.

“Las amenazas de imposición sanciones implican un desconocimiento de la materia administrativa sancionadora”, indican.

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Según el Instituto, “no existe una ley secundaria que avale las amenazas que algunos funcionarios están emitiendo” contra la libre empresa y libertad de circulación.

El Órgano Ejecutivo pretende limitar y autorizar conductas para las cuales no ha recibido ninguna habilitación legal, por lo que, a efectos prácticos, se ha impuesto por la fuerza un régimen de excepción por medio de decreto ministerial, obviando el control parlamentario, ahondó.

La Asamblea Legislativa aprobó el decreto 648 en el que establecía que este 8 de junio se comenzaría con la apertura económica. Sin embargo, Bukele lo vetó y ahora amenaza a las empresas y negocios con cerrarlos si abren.

Sobre esto, el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, advirtió en conferencia que las empresas estarían cometiendo “alrededor de seis infracciones” y que corrían el riesgo de ser cerradas.

El decreto 648 de la Asamblea Legislativa fue vetado por violar “el principio de separación de poderes”, entre otros, y pone en riesgo la salud de los salvadoreños, argumentó el Gobierno.

Además, Castro dijo que se mantiene el decreto 29, que contiene una cuarentena obligatoria hasta el 15 de junio. Sin embargo éste no tiene sustento legal ya que no existe un estado de emergencia decretado por la Asamblea.

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“El Ejecutivo insiste en restringir derechos fundamentales, una facultad que solo le corresponde a la Asamblea Legislativa”, señaló días atrás sobre el decreto 29 el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz.

Sala recibe demanda contra el Gobierno por amenazas de cierre de empresas

La organización Federation International Human Rights and Justice presentó el domingo por la tarde un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante las amenazas del presidente Nayib Bukele y otros funcionarios del gobierno de cerrar de forma definitiva las empresas que abran operaciones en medio de la cuarentena domiciliar obligatoria por el COVID-19, que este lunes llega a su día 79.

Una abogada interpuso la demanda en representación de la organización demandante. En el escrito se pide a los magistrados constitucionalistas que ordenen de inmediato que “cesen las órdenes de cierres de las empresas, que no utilicen la fuerza policial en los 800 retenes, que no hostiguen ni sancionen el Ministerio de Trabajo a las empresas, ni cierren los negocios”.

“El artículo 110 de la Constitución da el derecho a la libertad empresarial, y el Estado en ningún momento puede destruir este derecho, sin haber una ley formal y razonable, pero lo que está haciendo la Presidencia y sus ministros como funcionario, es un acto en contra de este derecho porque está atacando el comercio que es la fuerza económica de la empresa privada”, dice el amparo presentado.

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