La diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, interpuso este lunes una demanda contra la investigadora Jeannette Aguilar a quien acusa por presunta "difamación". Sin embargo, abogados independientes afirman que en este caso no hay delito que perseguir.
La especialista en temas de seguridad publicó el pasado 3 de diciembre un tuit en el que citaba una frase del expresidente de Uruguay José Mujica en respuesta a una publicación de una cuenta de Twitter, que luego borró su contenido, en donde se cuestionaban los ingresos de la diputada Pineda.
En sus redes, la investigadora hizo una crítica a la clase política al manifestar: “Como dice Pepe Mujica, el gran problema de muchos políticos es que quieren vivir como una minoría y no como la mayoría a la que deben representar”. Este comentario también le supuso un acoso por parte de cuentas afines al oficialismo.
En los tribunales, este lunes, Pineda dijo a la prensa que presentó "un escrito por acusaciones contra la señora Jeannette Aguilar", argumentando que "ella replicó y difundió información falsa contra mi persona". "He recibido ataques personales en los que inclusive se me acusaba por haber utilizado fondos públicos, la primera acusación, estableciendo una cantidad falsa. La segunda acusación, diciendo que utilizaba fondos públicos para realizar operaciones a mi imagen", señaló la diputada oficialista.
Pineda dijo que no busca una compensación económica, sino una "disculpa pública" por parte de la investigadora Aguilar.
"No se configura delito", dice abogada
Marcela Galeas, abogada penalista, sostiene que el caso no cumple la tipología de la acusación que pretenden atribuirle a la investigadora "por citar un tuit". Añadió "no encuentro el por qué más que aquel elemento distractor que quieren realizar, porque no se cumplen los requerimientos, no hay una acreditación directa de menoscabo a su dignidad con esa cita".
En su cuenta de Twitter, Galeas expuso: "Una cosa es sentirse ofendida por una crítica y otra es que se configure delito, son cosas muy diferentes".
Por tal razón, para la abogada en este caso no aplica el artículo 178 del Código Penal que reza: "El que atribuyere a una persona que no esté presente una conducta o calidad capaz de dañar su dignidad, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. La difamación realizada con publicidad será sancionada con prisión de uno a tres años. La difamación reiterada contra una misma persona será sancionada con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa".
"La conducta que le están atribuyendo a ella no es delito, el citar un tuit únicamente con una crítica de manera generalizada, porque ni siquiera Jeannette realizó imputación directa a la diputada, eso básicamente no configura el ilícito de difamación", amplió la abogada a El Diario de Hoy.
Explicó que para que "para que se configure un delito contra el honor, además, de dolo, necesita el animus difamandi, así se le reconoce en derecho penal, y aquí no se ha realizado. De hecho, según vi Jeannette ni siquiera menciona el nombre de la diputada, entonces para que se configure uno de esos ilícitos contra el honor, primero debe de expresarse de manera inequívoca que se trate de esa persona, y bien la han citado, pero no ha sido Jeannette la que escribió la nota, ella no ha afirmado eso. Lo que hizo fue citar el tuit y únicamente puso palabras de Pepe Mujica (político y expresidente de Uruguay).
La profesional del derecho aclaró que cuando se refiere a dolo "es querer y conocer que va realizar una acción ilícita, opera yo quiero hacer para dañar a esta persona, es decir, el nivel de conocimiento que nosotros como seres humanos tenemos para organizar una acción en este caso un delito; mientras, el animus difamandi que es dotar a esa acción que logra realizar con ese deseo de destruir el honor de aquella persona, de difamarla de decir algo que no es cierto y son situaciones dogmáticas penales que son difíciles de probar, sobre todo en este caso cuando fue un comentario generalizado, donde no hubo una mención directa".
No obstante, Galeas señala que, según la Opinión Consultiva número 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionado a la libertad de expresión "como garantía de los ciudadanos" señala que los funcionarios están sometidos al escrutinio público y por lo tanto a la crítica.
"Allí manifiesta algo bien interesante que los funcionarios están en una situación, en la cual por el cargo se someten al escrutinio público, no solo en esta contraloría, sino que a crítica ciudadana, entonces en este aspecto no puede exigírseles a los demás ciudadanos que no ejerzan una crítica con ellos porque son personas públicas, están administrando recursos públicos, entonces el honor de estos se ve disminuido y allí lo dice claramente. No puede imputársele a una persona en 'X' o 'Y' caso que está realizando un ejercicio de la libertad de expresión contra una figura gubernamental, en este caso a un funcionario no puede exigírsele las mismas condiciones que a un ciudadano, porque no están como civiles, sino que ya están ostentando un cargo".
ONG denuncia "amenazas" a investigadora
Aguilar, por su parte, agradeció a quienes la han apoyado y envió un mensaje a los funcionarios: “Muchas gracias amigas y amigos por su apoyo y solidaridad ante las amenazas del diputado Guevara. Recurren a la intimidación hacia voces críticas que cuestionan su poca transparencia y falta de coherencia con lo que prometieron. Solo recuerden que el poder no es eterno”.
La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos emitió una alerta en redes sociales y señaló que Aguilar ha sufrido "intimidación, amenaza de criminalización y ha sido objeto de una campaña de desprestigio" por "cuestionar los privilegios económicos de la clase política en el país".
La Red de Defensoras también denunció que desde cuentas oficiales, diputados y el presidente de la Asamblea Legislativa (Parlamento), Ernesto Castro, "han amenazado, estigmatizado y desprestigian a la investigadora quien lleva años en labor de análisis crítico de políticas públicas en materia de seguridad que violan DD.HH. y vulneran a la ciudadanía".
La experta ha sido crítica de las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, así como de los planes ejecutados por Administraciones pasadas.
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