El Gobierno está a punto de alcanzar el techo de endeudamiento permitido a través de las Letras del Tesoro (Letes) por lo que en estos momentos la ley de presupuesto no permite que la banca pueda financiarlo con más recursos, afirmó ayer el presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Raúl Cardenal.
“El límite en la tarjeta de crédito, como se dice, ya el Gobierno lo topó por lo cual los bancos están limitados por ley a seguir incrementado el saldo”, afirmó.
Según la Ley del Presupuesto General, el Gobierno puede endeudarse hasta por un 30 % de sus ingresos corrientes este año, con el fin de cubrir deficiencias temporales de ingresos a través de la colocación de Letes y Cetes (Certificados del Tesoro).
Este límite es de $1,566 millones, pero de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, a julio el saldo de las Letras del Tesoro era de $1,462 millones, lo que significa que solo le faltan $104 millones para “topar la tarjeta”. Solo este año ha hecho 26 colocaciones de deuda de corto plazo (ver gráfico)
La banca seguirá comprando Letes al Gobierno mientras este se mantenga por debajo del límite establecido por la ley.
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Cardenal agregó que para financiarse el Gobierno tendrá que conseguir los fondos mediante el mercado internacional o a través de la banca multilateral.
“Es necesario que el gasto sea eficiente y debemos de tratar de que la deuda tenga una trayectoria de sostenibilidad, que no aumente a un grado que ya no podamos cubrir con nuestras obligaciones”, recomendó el presidente de Abansa.
Agregó que el país debería llegara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues esto generaría confianza entre los inversionistas tanto locales como extranjeros y daría mayor seguridad a la política fiscal a mediano plazo.
“De esta manera que contribuya a mejorar la calificación de riesgo soberano y de esa manera impulsar la reactivación”, dijo.
Cardenal insistió en que es necesario realizar una gestión fiscal prudente, buscando eficiencia en el gasto público, y mantener la deuda en una trayectoria de sostenibilidad.
En este caso un acuerdo con el FMI contribuiría a generar confianza entre inversionistas locales y del exterior, daría predictibilidad a la política fiscal de mediano plazo y contribuiría a mejorar la calificación de riesgo soberano e impulsar la reactivación económica, dijo.
Según datos de Abansa el país tiene $1,187 millones de déficit fiscal debido a la caída en los ingresos e incremento significativo en el gasto, a julio de este año el país tendía $2,900 millones de ingresos y los gastos superaban $4,000 millones.
Para la gremial bancaria este es el principal reto en materia de finanzas públicas que tiene el Gobierno.
El representante bancario también mencionó que el país necesita una reapertura de la economía segura, con protocolos de bioseguridad, para proteger la salud de la población, y al mismo tiempo, recuperar fuentes de empleo que tanto se necesitan, mejorar los ingresos fiscales y el bienestar de la población.
“Los bancos apoyarán a las empresas con financiamiento”, reiteró.
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