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La deuda del gobierno para financiar las pensiones ya supera los $17,824 millones

Es el “déficit actuarial” que debe asumir. En esta cifra no está incluido el incremento a la pensión mínima de $207 a $304 en 2021, ni el nuevo aumento de $400 prometido esta vez.

Por Eugenia Velásquez | Dic 11, 2022- 21:42

Cotizantes hacen fila afuera de una AFP para hacer trámites de su pensión. Foto EDH/ Archivo

Es una cifra astronómica la que el economista Rafael Lemus asegura que tiene en saldos rojos las cuentas con cargo al Estado, para pagar pensiones a los afiliados de las AFP y a los del sistema antiguo. Afirma que el déficit a 2020 es de $17,824 millones.

El dato resulta del informe sobre la Valuación Actuarial del Sistema de Ahorro para Pensiones que realizó la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a enero de 2020. El monto no incluye la carga fiscal derivada del pago de intereses de la deuda por la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP).

Lemus explica que el déficit total del sistema de pensiones abarca la compensación a la Cuenta de Garantía Solidaria, más el déficit del viejo sistema de pensiones del ISSS y del INPEP, los Certificados de Traspaso y los certificados complementarios.

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“Todo el déficit total del sistema de pensiones es de $17,824 millones al valor actual de 2020”, aseveró Lemus.

“Decir que solo existen $2,000 millones es abrir la posibilidad a que el Estado no pague lo que debe y eso es muy grave. Quien más le debe a los cotizantes es el gobierno”

Tatiana Marroquín, analista económica

Tras las reformas que la Asamblea realizó en 2017 al sistema de pensiones, la Superintendencia del Sistema Financiero quedó obligada a hacer estudios actuariales cada año, así que Lemus tomó de base el realizado en 2020.

El especialista explica el procedimiento para calcular el déficit: “es estimar los ingresos de cada año asociados a esa cuenta menos los gastos que van a correr y que van asociados o cargados a esa cuenta para cada año y se hace la proyección por 100 años”.

En el total del déficit actuarial de $17,824 millones están incluidos $9,159 millones que es el déficit actuarial de la Cuenta de Garantía Solidaria también ajustada a 2020.

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Sin embargo, esta no incluye el aumento de la pensión mínima que fue autorizada por la Asamblea en 2021 de $207 a $304, ni la reforma del gobierno actual del presidente Nayib Bukele que plantea un incremento del 30% a todas las pensiones por vejez del Sistema de Pensiones Antiguo y de las AFP.

6% para el fondo común de garantía

Del 9% de las cotizaciones que pasarán a la cuenta individual de ahorro de los trabajadores; la propuesta del gobierno es que el 6% vaya a la Cuenta de Garantía Solidaria, es decir, la individual se reduce.

Por lo tanto, la carga que soportará la Cuenta de Garantía Solidaria será mayor al tener que absorber los gastos de la pensión mínima de $400 que es la propuesta del gobierno y encima de eso, cubrir la pensión vitalicia para quienes se les acaben los fondos de sus ahorros individuales.

Este cálculo actuarial refleja que el colapso se acentuará en 2028, cuando los gastos superen a los ingresos, y en los siguientes años la crisis se irá haciendo más grande, afirmó Lemus.

“El gobierno aumenta pensiones pero no aporta. ¿Cuánto pondrá el gobierno por ese aumento de pensiones? nada. El esquema de financiamiento de las cotizaciones es que se agarrará el dinero de las cuentas que le tocan al gobierno. Está perjudicando a los actuales y futuros jóvenes que ingresen al mercado laboral”, lamentó el experto.

Para Lemus, el sistema actual de pensiones ya está “quebrado” y lo que el gobierno estaría haciendo es “magnificando” el impacto del déficit de pensiones que, en teoría, deberá ser responsabilidad del Estado asumir.

Sin embargo, el Estado lo componen los contribuyentes, lo que implica que serán los que pagan sus impuestos, el salvadoreño común y corriente, y especialmente el 75% de los trabajadores del sector informal los que pagarían en su mayoría los beneficios de los trabajadores que cuentan con un empleo formal.

“¿De dónde saldrá el dinero del Fondo de Garantía cuando ésta se acabe por cubrir el aumento a las pensiones?”

René Portillo Cuadra, jefe de fracción de Arena

Al respecto, cabe mencionar que el gobierno excluyó a los trabajadores por cuenta propia en la propuesta de pensiones.

Además, Lemus expone que el incremento que hace el Ejecutivo en su iniciativa de ley de pensiones para llegar al 9% a la cuenta individual del cotizante, el 6% pasará ahora a la Cuenta de Garantía Solidaria.

“Son 9 puntos y se irán 6 a la Cuenta de Garantía Solidaria para pagar estos aumentos, que sus cuentas de ahorros individuales sean pequeñas y que la común crezca para pagar estos aumentos, hay una redistribución de ingresos entre los asalariados”, analizó Lemus.

El Estado se lava las manos

La economista Tatiana Marroquín, también hizo un análisis similar al de Lemus, al hablar de quiénes al final cargarán con la responsabilidad que le corresponde al Estado.

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Según la analista, la propuesta de reforma presentada a la Asamblea abre la puerta a que el gobierno no pague las pensiones que deberá asumir cuando la Cuenta de Garantía Individual se termine, o en el peor de los casos, deja entrever que podría incumplir con la deuda que tiene con los cotizantes.

30% incremento de pensiones

La Cuenta de Garantía Solidaria tendrá que soportar la carga del pago de la pensión mínima de $400 para quienes ganan $365 al mes, y el incremento del 30% anunciado para quienes tienen mayor salario.

7 de cada 10 no tendrán pensión

Según un informe de “AltavozES”, el proyecto del gobierno no cumple estándares de cobertura. Dice que 3 de cada 10 personas que tienen trabajo remunerado, cotizan al sistema de pensiones.

Esto, a la luz de lo que dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el día que presentó la propuesta de pensiones. Zelaya aseguró que de los $12,000 millones en fondos de pensiones, solo hay un remanente de $2,000 millones.

“Decir que solo existen $2,000 millones es abrir la posibilidad a que el Estado no pague lo que debe y eso es muy grave. Quien más le debe a los cotizantes es el gobierno”, reclamó Marroquín.

La economista coincide con Lemus en que el Estado busca zafarse de la responsabilidad que tiene con los cotizantes de las AFP, haciendo que buena parte del aumento a las pensiones del 30% prometido por el gobierno, lo absorban otros sectores que no fueron incluidos en el proyecto del Ejecutivo, por ejemplo, el sector informal.

“Mientras no se mejore ese componente, se siguen poniendo parches y creando un grupo de privilegios con buenas pensiones para muy poca gente y que las paga toda la población. Cualquier mejora que se dé tiene que ver con recursos públicos y toda la población paga un sistema de pensiones que solo beneficia a pocas personas”, analizó.

El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, también externó sus inquietudes. Portillo Cuadra es parte de la comisión Ad Hoc que analiza el proyecto de ley.

Una de sus dudas es precisamente lo planteado por los economistas: ¿de dónde saldrá el dinero del Fondo de Garantía cuando ésta se acabe por cubrir el aumento a las pensiones? y también ¿por qué la pensión por invalidez y sobrevivencia es 100 dólares menor que la de vejez?, planteó Portillo Cuadra.

“El déficit total del sistema de pensiones es de $17,824 millones. Allí están incluidos $9,160 millones que es el déficit actuarial de la Cuenta de Garantía Solidaria”

Rafael Lemus, Economista

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