Presentar el carnet de trabajo, andar con el uniforme, constatar que en el teléfono no hay imágenes incriminatorias o no tener tatuajes no ha sido válido para elementos policiales al momento de realizar capturas dentro del régimen de excepción, que ya cumple 29 días de vigencia, y que familiares de varios detenidos califican como “arbitrarias e injustas”.
A las afueras de la delegación de la Policía Nacional Civil en San Bartolo, Ilopango, previo a la Semana Santa, varios parientes de capturados hacían fila para que artículos de higiene y ropas blancas fueran entregados a recluidos en las bartolinas de esta estación policial; otros, llegaban para saber si su familiar había sido llevado allí o no. Son muchas más las mujeres (madres, esposas, hermanas) las que se cuentan en la fila que avanza lentamente. Hombres, no más de diez.
“A él (hermano) lo agarraron en la colonia Santa Lucía, andaba trabajando de delivery pues él trabaja en la Zona Franca. Mi hermano le dijo: ‘yo a trabajar voy’, le enseñó el carnet y el policía le dijo que eso no le interesaba”, comenta una pariente de uno de los detenidos que por temor a posibles represalias de la autoridad prefirió omitir su nombre.
Era temprano en la mañana y un familiar de uno de los capturados llegó a dejar $6.50 para los tres tiempos de comida de ese día, platillos que son preparados por un negocio local. “Se lo llevaron por oponerse con la policía, por hablar sus derechos”, asegura el primo de un hombre de 52 años, un vendedor ambulante en una colonia del poblado municipio de Ilopango. Para entonces, el hombre ya llevaba tres días de encierro.
Para otros, el gasto ha sido doble pues luego de que el policía en el portón negro de la delegación les informaba que su pariente estaba allí, iban a comprar el kit con ropas blancas, sandalias plásticas, mascarillas y papel higiénico, los cuales son revisados por el mismo policía antes de pasar todo el contenido a las celdas. Un paquete de estos cuesta unos $13 en una tienda cercana. A eso, los familiares le suman los $6.50 para la alimentación de solo un día.
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“(A mi hija) la capturaron en la Buena Vista, yo la había mandado a dejar pan a una señora, porque nosotros le mandamos pedidos a ella, y de allí se la han llevado. Nosotros tenemos una tienda y nos sostenemos con eso. No es justo porque ella nunca ha estado presa, no tiene tatuajes, no pertenece a pandillas, pero la han puesto como colaboradora”, resiente una madre que llegó a dejar dinero para la comida de su joven hija. “Si ellos quisieran hacer bien las cosas deberían de investigar primero a las personas, no se las deberían de andar llevando así arbitrariamente”, añade.
Desde que inició el régimen de excepción en El Salvador, el pasado 27 de marzo, como medida para frenar la violencia y atacar el modus de criminalidad de las pandillas, se han conocido, principalmente por medio de las redes sociales, decenas de casos de personas capturadas sin seguir el debido proceso.
Al respecto, Cristosal informó que ha recibido más de 80 denuncias “por detenciones arbitrarias” durante la vigencia del régimen de excepción. “Desde que abrimos la plataforma, en su mayoría las denuncias son por detenciones arbitrarias, detenciones ilegales y hay varias demandas por personas dentro de los centros penales que se están quejando por las condiciones carcelarias”, decía recientemente el director de Litigio Estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego.
“Llegar a las casas, meterse, registrar, no hallar nada y decir: ‘no tiene nada, pero lo vamos a llevar’. Si le hubieran hallado algo yo les diera la razón”, decía preocupada otra madre cuyo hijo fue capturado en Ilopango. La señora afirma que su hijo “es un vendedor ambulante de chocolates, galletas, a veces detergentes, lejía, cosas así”.
“Le quiero decir al señor Presidente que por favor cuando capturen a alguien que lo averigüen bien, si lo está haciendo, pues gracias a Dios, pero que a la gente que es inocente que la deje a parte, que no la revuelva con la gente que de verdad es”, demanda una pariente de un detenido.
“Él se mofa mucho, que no haga eso. Nosotros somos un pueblo y él es nuestro presidente, nosotros lo elegimos”, señalaba otra familiar de un detenido en esta sede policial.
“Más de 16 mil terroristas sacados de las calles, en solo 29 días”, informó el presidente Nayib Bukele, 1:11 am del 24 de abril en su cuenta de Twitter.
En la misma red social, el presidente Nayib Bukele justificó, el pasado 9 de abril, que existe un margen de error de 1 % en las capturas realizadas: “… el porcentaje de errores en capturas siempre ha sido mucho mayor al 1 % en nuestro país. De hecho, siempre se capturó al inocente y nunca se tocó a los culpables. Ahora eso cambió, pero en una operación tan grande siempre habrá errores que corregir”.
Ante esto, la abogada Marcela Galeas plantea que “no se puede determinar cuántos casos más existen. Yo encuentro difícil que el presidente diga que solo existe el 1% del margen de error si no se están llevando estadísticas claras, no se está levantando información y no se tiene acceso a las mismas por las reservas judiciales”.
“Es injusto. Solo porque el Gobierno les está pagando bonos a cada policía, ellos están capturando a personas inocentes y trabajadoras”, critica una familiar de un detenido aparentemente de forma arbitraria.
Además esto los parientes se encuentran con otra muralla: los límites al acceso a la justicia. “Estamos esperando un abogado de oficio, no nos puede representar un abogado particular porque también se lo pueden llevar preso a él porque dicen que es parte de ellos (pandilleros)”, concluye con cierta resignación la hermana de aquel repartidor de comida a domicilio.