En 2017, cuando el gobierno del FMLN se negaba a aceptar que el desplazamiento era una problemática en alza y no casos aislados, Karen Johana fue expulsada por primera vez de su casa por pandilleros de la 18 Revolucionarios, en Ciudad Delgado. Dos años más tarde, a finales de 2019, un primo de su mismo núcleo familiar intentó regresar a la zona, pero las amenazas se dieron nuevamente.
Karen es una joven trans de 27 años que junto a su madre sabe que las amenazas no son un juego. En 2012, el hermano de Karen fue asesinado por las pandillas y no importó que él estuviera acompañado de su pequeña hija. La familia tuvo que irlo a enterrar a otro municipio. En la actualidad, sin esperanza de que el panorama de inseguridad cambie en el país, ha iniciado trámites para pedir asilo fuera de El Salvador, con la ayuda de distintas organizaciones no gubernamentales.
El primer desplazamiento forzado provocado por las pandillas ocurrió en septiembre de 2017.
En Ciudad Delgado, Karen vivía con su mamá, tía y un primo. Ella había instalado un salón de belleza para mujeres trans en su casa, gracias al apoyo económico de una organización no gubernamental con la que había trabajado. Este hecho hizo que los pandilleros de su colonia le exigieran $15 semanales como extorsión, pero ella no pudo pagarlos, pues sus ingresos no eran suficientes.
El 16 de septiembre por la tarde, cuando Karen estaba sola, los pandilleros ingresaron a su negocio y le empezaron a propinar golpes “me empezaron a dar de alma, de patadas, me daban en el pecho y sentía los golpes, pero no sé cómo agarraba fuerza y me levantaba y también les pegaba, pero eran cinco”, recuerda Karen entre sollozos.
“Me decían que después de esto no iba a contarlo, que después de esto nadie me iba a ayudar, que ya no me iba a ver mi familia y que después seguía mi mamá”, agrega Karen.
El que dirigía el grupo de pandilleros, con el ánimo de doblegarla le dijo a Karen que: “(ellos) habían matado a mi hermano, que lo habían matado porque él no quería dar dinero y no se quería involucrar con la pandilla”.
Karen no era la única mujer trans que vivía en esa zona, habían al menos cuatro más que residían justo a la par de su casa. Una de ellas era bastante amiga de Karen y se había marchado sorpresivamente una semana atrás. Cuando los pandilleros ingresaron al salón, le exigieron información del paradero de su amiga. También la ultrajaron, agarraron una máquina del salón y raparon parte de su cabellera: “sólo por tu pelo largo no sos mujer”, le decían.
Para Karen, tanto las ofensas como la confesión del asesinato de su hermano lejos de apagarla, la hicieron tomar valor y en un descuido empujó a los pandilleros que la sujetaban y logró huir del negocio. Ensangrentada y con múltiples golpes, se refugió donde la vecina más cercana.
Los pandilleros se dieron cuenta dónde se había refugiado, pero debido al escándalo que se formó decidieron retirarse del área, sin antes sentenciar a Karen “tenés tres horas para irte de la colonia, sino te vamos a matar”, le gritaron desde la calle.
Karen esperó algunos minutos y con la ayuda del esposo de la vecina logró salir de la colonia, una vez verificaron que no estuvieran los pandilleros. Ella se acercó a un puesto policial cercano en la carretera Troncal del Norte. La intención era poner la denuncia y pedir asistencia de las autoridades. Sin embargo, la reacción de los policías la decepcionó.
-Necesito poner una denuncia, dijo Karen al llegar.
-Y ¿dónde vivís?, preguntó el policía.
Karen les dijo la colonia de donde procedía.
-Si esa zona es roja, es punto rojo, lo tenemos como punto rojo. ¿En qué andás?, cuestionó el policía viendo sus tatuajes.
-Mis tatuajes no son alusivos a pandilla, les contestó.
-Sí pero ¿en qué andás? Ustedes siempre andan en algo con ellos, le contestó.
-Si anduviera en algo, no estaría acá poniendo la denuncia, le argumentó Karen.
Karen asegura que la poca diligencia y la burla de otros agentes en el puesto policial, la hicieron echar para atrás en su intención de denunciar. Como pudo, contactó a sus familiares para que no llegaran a la casa.
Prejuicio institucionalizado
Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, asegura que esta forma de actuar de las fuerzas de seguridad es común hacia la población LGBTI.
“No les creen cuando llegan a las instancias estatales, particularmente a la Policía, ya hay un prejuicio hacia ellas, sobre todo si ejercen el trabajo sexual pues se cree que pueden ser ellas parte de los grupos delictivos”, explica la abogada.
Montti muestra su preocupación por este punto ya que considera que va más allá. “A nivel de seguridad hay una situación que me parece un excelente ejemplo de esta ineficacia y desinterés que es que ni siquiera se cuantifica cuántas víctimas hay LGBTI. Hay casos de mujeres trans que son registradas como hombres”, apunta la representante de Cristosal.
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El Diario de Hoy pidió los registros de casos de desplazamiento forzado interno a la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), desde enero de 2016 a octubre de 2020, desagregados por género y rangos etarios. Los datos ofrecidos por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la entidad solo muestran datos clasificados por sexo masculino y femenino.
Según la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, que entró en vigencia el 23 de febrero de 2020, en su artículo 29 establece:
“Créase el Registro Único de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, a cargo de la Dirección, el cual deberá contener como mínimo: Datos desagregados como mínimo, según género, edad, discapacidad, ingresos, nivel educativo, pertenencia a grupo étnico, identidad de género, orientación sexual y ubicación geográfica”.
Es decir, por lo menos los datos de 2020 tendrían que incluir el nuevo formato de clasificación para reconocer sus derechos.
Al trabajo difuso de la DAV y su aparente desarticulación, se le suma el incumplimiento del artículo 34, que manda a emitir un reglamento para la aplicación de la ley, después de 90 días de entrada en vigencia. En un comunicado del pasado 21 de enero de 2021, Cristosal denunció la falta de éste y se ofrece a entregar una propuesta formulada por ellos en los próximos días, para que sea aprobada por el presidente de la República.
Un intento fallido de reasentamiento
Desde la expulsión de los pandilleros en Ciudad Delgado, en 2017, Karen y sus familiares no volvieron al municipio y consiguieron refugio con familiares y amigos. Con los meses, la vida volvió a una relativa normalidad, de no ser porque se encontraba en casa ajena con una amiga y su esposo. Ellas se mantuvieron ese tiempo pagando su estadía y alimentación haciendo los oficios de ese hogar y como niñeras de un recién nacido de ese matrimonio.
El 22 de diciembre de 2019, es decir cuando ya tenía seis meses de vigencia el Plan de Control Territorial del actual gobierno, inició un segundo desplazamiento. Una llamada de su primo José las puso nuevamente en alerta.
“Me acaban de amenazar”, le dijo a Karen. Su primo y tía, con quienes vivían unidos en Ciudad Delgado, se refugiaron en un municipio del occidente del país. Pero debido a que la madre de José padece artritis y recibe tratamiento continuo en un hospital de la capital, ellos intentaron volver a San Salvador.
José también quería concluir sus estudios de bachillerato que seguía en el programa a distancia en un instituto de Ciudad Delgado, tenían pocas semanas de haber vuelto.
En el lugar era conocido por sus ex compañeros del instituto donde estudiaba, por eso había compartido su número telefónico con varios. El día de las amenazas, José se encontraba en una plaza de la zona y en su teléfono recibió varios mensajes.
Le indicaba cómo andaba vestido y le pedían el paradero de su prima Karen. A partir de ese día, José y su madre pasaron encerrados 10 días.
Karen consiguió una casa deshabitada con familiares de su amiga que le había dado refugio anteriormente. Ahí sí tenían suficiente espacio para vivir juntos los cuatro, pero debieron moverse a otro municipio.
Así, Karen y su familia se vieron obligados a realizar un nuevo desplazamiento y su intención de reasentarse en Ciudad Delgado se vio frustrada nuevamente por las amenazas de las pandillas.
Los nombres de las víctimas de la historia anterior fueron cambiados para proteger su seguridad.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.