El apartamento de Valeria se encontraba en penumbras cuando los pandilleros tocaron su puerta esa noche. No recuerda con exactitud el día porque en esas semanas “todos los días parecían domingo” y se vivían con la desolación, incertidumbre y terror de una pesadilla que, para ella, ahora tenía más villanos que la amenaza del COVID-19.
“Ellos me dijeron que me fuera, me trataron de hija de tal por cual, que no queremos este tipo de gente aquí”, relata. Los pandilleros no solamente le pidieron que abandonara la vivienda, sino que estuvieron a punto de abusar de ella. “Comenzaron a insultarme, me agarraron, me forzaron y dos de ellos querían que tuviera sexo con ellos en ese momento, allí afuera del apartamento”, explica Valeria.
Valeria es una mujer transgénero de 47 años de edad, dedicada a la venta ambulante de ropa. Los últimos siete años los vivió en la Colonia Buenos Aires, del municipio de San Marcos, San Salvador.
Rentaba un apartamento y vivía junto a sus dos abuelos, hasta finales de marzo de 2020. La primera semana de cuarentena estricta, decretada por el gobierno el 21 de marzo, su casero se negó a darle prórroga para el pago y la expulsó. Los ejecutores de ese desalojo no fueron un juez, ni la policía, sino los pandilleros de la MS que dominan la zona.
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La situación económica de Valeria era complicada desde antes de la pandemia. Su abuelo padecía de insuficiencia renal y requería atenciones especiales, por lo cual, en febrero, le pidió una prórroga en el pago del alquiler. Pero el encierro de la pandemia y la imposibilidad de movilizarse para salir a vender, le hizo incumplir su promesa de pago a finales de marzo.
“Yo en ningún momento le dije que quería vivir con mis abuelos ahí de gratis, pero no, se subió al techo, me cortó el cable, la energía eléctrica, agua e incluso dijo que si yo no salía en ese momento, me iba a echar a los mareros de la zona. Y así fue, en la noche llegaron ellos”, recuerda Valeria.
Con ayuda de Comcavis Trans, una organización no gubernamental que brinda apoyo a la población LGBTI, Valeria logró que una patrulla de la policía y un vehículo de la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) la sacaran del lugar con relativa seguridad. En ese momento, prefirió no denunciar las amenazas de los pandilleros por temor a represalias.
Un albergue usado como centro de contención
“Si hubiéramos estado en una situación normal, fuera de cuarentena, el procedimiento hubiera sido que tanto a Valeria como a sus abuelos, se les habilitara un espacio en el albergue Las Rosas, pero este se había transformado en un centro de contención”, explica Celina Morán, abogada de Comcavis Trans.
El 16 de marzo de 2020, El Diario de Hoy constató, tras denuncias de vecinos, que el albergue de Las Rosas, ubicado en una zona residencial al norte de la capital, estaba siendo usado como centro de cuarentena, como parte de la estrategia gubernamental por el COVID-19. Este hecho provocó que casos como el de Valeria no se les diera un apoyo estatal, pese a la entrada en vigencia de la nueva ley que nació tras una resolución de la Sala de lo Constitucional.
Dos meses antes, el 22 de enero de 2020, el presidente Nayib Bukele, sancionó la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno; la misma entró en vigencia el 23 de febrero de 2020. Según el artículo 10 de dicha ley, hay una obligación de la Dirección Nacional de Víctimas y Migración Forzada (DAV) de “instalar albergues temporales en condiciones dignas y seguras para atender a las personas en condición de desplazamiento”.
Valeria y sus abuelos se vieron solos, sin una opción de resguardo por parte de la DAV. Se trasladaron al municipio de Soyapango, a la colonia Las Margaritas, en una zona dominada también por la pandilla MS. Valeria no tenía otra persona conocida que le apoyara.
Un nuevo desplazamiento
Durante los meses de cuarentena obligatoria, ella vivió en un cuarto de la casa de una amiga, junto a sus dos abuelos, ambos con padecimientos graves. Para generar ingresos, salía a lavar y planchar en la zona. Como pudo, fue pagando a su amiga, pero la salud del abuelo empeoró y falleció en mayo.
Debido a los múltiples gastos de Valeria en sus abuelos, no pudo cubrir totalmente la cuota de $80 de alquiler que le pidió su amiga y esto generó discordia. “Ella me dijo que si yo no le pagaba, que me iba a arrepentir. Fui desplazada de las Margaritas (Soyapango) porque también se contactaba con muchos mareros”, explica Valeria. Con esta amenaza de su propia amiga, decidió buscar otro lugar.
Ese mismo mes se mudó a otra zona, al sur de San Salvador, donde reside actualmente, pues los pandilleros de Las Margaritas la empezaron a acechar. El día de la mudanza, fueron claros: “Me dijeron que donde estuviera me iban a localizar, que le fuera a pagar el dinero a mi amiga”, recuerda aún con temor.
“Yo la seguridad de ir a cualquier lugar, la destreza, ya no la siento. Caí en una depresión muy grande”, relata. Valeria siguió recibiendo amenazas. En noviembre por medio de una llamada le exigieron el pago de $7,000, un monto que nunca podrá juntar.
Para ella, esta nueva amenaza está relacionada a la deuda con su amiga de Las Margaritas ya que, hasta el momento, no ha podido solventarla y sólo ella tiene su número de teléfono. “No tengo ni los $80 (que le debe a su amiga), mucho menos voy a tener $7,000”, asegura.
Una dirección desarticulada
Para la abogada de Comcavis Trans, el caso de Valeria es un ejemplo no solo del trabajo a medias de la DAV, sino de las medidas que pusieron en vulnerabilidad a las personas que viven de los ingresos diarios y del comercio informal.
El 21 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunció la primera cuarentena obligatoria y algunas medidas para, supuestamente, aliviar la carga económica. “Hemos suspendido por tres meses los pagos de luz, los pagos de agua, teléfono, internet, de alquiler, bancos, hipotecas, entonces, no hay pagos. Todos esos pagos están suspendidos y hay una moratoria legal de tres meses”, aseguró Bukele en cadena nacional.
Pero en la práctica, esta opción quedó a la voluntad de los dueños de la vivienda. “Lo que pasa es que se dan directrices desde el gobierno, pero no se dan mecanismos de garantía”, explica Morán.
Por otra parte, las 24 Oficinas Locales de Atención (OLAV), las cuales son las sedes de la DAV distribuidas en todo el país, también tuvieron un trabajo difuso. Este punto quedó consignado en la Memoria de Labores 2019-2020 del MJSP, donde aseguran que 16 de las OLAV cerraron sus puertas por encontrarse dentro de hospitales.
Es decir, las instancias encargadas de asistir a las personas que experimentaron desplazamiento no operaron con normalidad. “Sí subsistía el personal, pero estaban enfocadas en otras actividades como reparto de víveres que también eran humanitarias de parte del Ejecutivo. La dirección tuvo que estar más articulada o por lo menos no dejar de hacer su función natural”, sostiene Beatriz Campos, procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Pero los cambios en la DAV no solo ocurrieron por culpa de la pandemia. El 17 de enero de 2020, seis días antes de que el Ejecutivo sancionara la ley especial, el MJSP mediante el acuerdo ministerial 27, despidió a unos 30 empleados debido a “reorganización de personal”. Al final del mes, el 30 de enero, el director de la DAV, Henry Flores, renunció a su cargo para dedicarse a procesos internos en el partido Nuevas Ideas, gracias a lo cual, ahora es alcalde electo de Santa Tecla.
Para la abogada Morán, de la organización Comcavis, los despidos en la dirección no toman en cuenta los esfuerzos de capacitación impulsados por los organismos cooperantes: “Este personal que se despidió ya contaba con la capacitación y sensibilización”, dice.
La falta de priorización del Ejecutivo hacia esta dependencia también se refleja en la asignación presupuestaria. La mayor parte del presupuesto de la DAV proviene de fondos otorgados por la Unión Europea. Para 2020 el presupuesto asignado a la DAV, era de $1,069,315; sin embargo, lo ejecutado según datos obtenidos en la Oficina de Información y Respuesta del MJSP fue de $856,000. Es decir, hubo una reducción de $231,315.
“Acá es donde el discurso político se lleva a la práctica o se queda en demagogia. Efectivamente, el año pasado hubo reducción de los ingresos públicos. A partir de allí se hicieron ajustes, pero hay que cuestionar dónde se hicieron. En este caso, sobre todo en medio de una pandemia, la DAV no se tuvo que haber reducido”, explica Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Desde la partida de Flores, el administrador de la DAV ha sido Roberto Cárcamo. Este periódico intentó contactarse con él desde finales de noviembre de 2020 para hablar sobre el trabajo de la institución, pero hasta la fecha, ni él ni el equipo de prensa del MSJP han contestado los mensajes.
Los nombres de las víctimas de desplazamiento en este reportaje han sido cambiados para proteger su seguridad e integridad.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.