“Tenemos del segundo mandato de este gobierno un aproximado de 2,250 (despedidos)”, declaró Luis Rivera, del Movimiento de Trabajadores Despedidos al hacer un balance de las medidas.
El dirigente laboral lo desglosó así: 900 despedidos del Ministerio de Cultura, 450 de las diferentes alcaldías y 900 de la Asamblea Legislativa. Agregó que a estos se agregan 1,983 trabajadores de diferentes instituciones que fueron cesados después de la Marcha Blanca del 29 de octubre.
Rivera explicó a los periodistas que los afectados han presentado 60 demandas individuales o colectivas de nulidad de despido ante el ministerio de Trabajo, Tribunal del Servicio Civil y tribunales contenciosos administrativos y se están evaluando nuevos casos para determinar qué trámite se seguirá.
Los funcionarios encargados de las diferentes dependencias han alegado que se han realizado “estudios técnicos” y que las plazas ya no estaban contempladas en el Presupuesto Genera de la Nación 2025.
Las plazas quedaban “suprimidas” desde el momento de la notificación a los empleados, según les expusieron.
El gobierno no utiliza el término “despidos”, sino el eufemismo “supresión de plazas”.
Fuentes médicas y organizaciones civiles siguen recabando datos sobre la ola de despidos ocurrida este lunes, a nivel nacional, en dependencias del Ministerio de Salud como hospitales y unidades de salud.
De acuerdo con un abogado que representa a empleados despedidos, quien pidió reserva de su nombre, hasta la mañana de este martes habían documentado al menos los siguientes despidos: 30 en el Hospital de Sonsonate, 30 en diversas unidades de salud y centros asistenciales de zona metropolitana; 50 en el Hospital de San Miguel, 20 en el Hospital Zacamil y 100 en el Hospital Rosales.
El Diario de Hoy también ha recabado casos de despidos en el Hospital Bloom, Hospital Saldaña y en SIBASI de la zona oriental.
Pero los despidos abarcan también a dirigentes sindicales.
El pasado octubre, representantes de organizaciones y sindicatos denunciaron el despido de más de 50 sindicalistas como supuesta represalia por su participación en una protesta contra los recortes presupuestarios en Salud y Educación en 2025.
Se trata de al menos 43 trabajadores de la salud, mientras que el resto estaban empleados en el Ministerio de Educación y Hacienda, según denunciaron en una concentración en la capital salvadoreña.