Seis organizaciones sociales presentarán el próximo 9 de mayo un informe sobre desapariciones al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés).
“En este informe, proporcionamos datos relevantes para comprender la dimensión de la problemática, especialmente cifras obtenidas a partir de los casos que hemos documentado como organizaciones”, indicó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
El informe señala que las seis organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado 327 denuncias de desaparición forzada, las cuales habrían sido cometidas desde el inicio del estado de excepción, el 27 de marzo de 2022.
En julio de 2023, las mismas organizaciones informaron al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) tres patrones de desaparición forzada de corta duración identificados en el contexto del régimen de excepción.
El primero, refiere la negativa de las autoridades, durante días o semanas, de brindar información a los familiares sobre la detención de personas y su paradero, luego que la captura fue realizada en lugares públicos y frente a testigos.
El segundo tipo de desaparición es la negación de información sobre el paradero de personas detenidas durante un periodo de tiempo, pese a la presentación de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia.
El último patrón corresponde a situaciones donde a los familiares se les negó información sobre las personas capturadas y luego de un tiempo conocieron que había muerto bajo custodia del Estado y en algunos casos los cadáveres presentaban signos de tortura y malos tratos.
Por otra parte, el documento indica que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023 recibió 54 denuncias de desaparición forzada de personas.
Del total de denuncias recibidas por la PDDH 40 corresponden a hombres (74.07%) y 14 a mujeres(25.93%). “Sin embargo, no todas las denuncias recibidas por la PDDH se refieren a hechos actuales: cuatro ocurrieron en los años 90; cinco entre 2016 y 2018; y 45 entre el 2019 y el 2023”, agrega.
Mujeres las más afectadas
Aunque es mayor el número de hombres desaparecidos, en el régimen de excepción y en las desapariciones cometidas por personas particulares, el informe señala que las mujeres se ven afectadas directamente porque asumen la carga de la búsqueda.
Tras la falta de información oportuna por parte de las autoridades luego de las detenciones en el régimen de excepción, las mujeres se encargan de ir pidiendo información de un centro penal a otro.
Además, deben encargarse de todos los trámites relacionados a la obtención de documentos para los trámites judiciales.
Las organizaciones sociales plantean que asumir estas nuevas tareas provocan el deterioro de las condiciones de vida y sobrevivencia de las mujeres, sumado al cuidado y la manutención de sus hijos.
“Esta práctica se agudiza desde narrativas de discriminación y odio promovidas desde la administración pública con retóricas antiderechos, como la prohibición de la “ideología de género” para desalentar el uso de análisis de desigualdades y excluir de servicios públicos a ciertas poblaciones”, indica el documento.
Urgencia de un registro único
Las organizaciones firmantes solicitan a la ONU que el informe sea trasladado al Estado salvadoreño, para que este explique sobre las acciones tomadas para construir un registro único de las personas desaparecidas por personas particulares y por agentes del Estado.
Por otra parte, piden que la autoridades salvadoreñas brinden información estadística sobre personas reportadas como desaparecidas, desglosada por fechas, lugares de desaparición y si fueron víctimas de desaparición forzada (cometida por agentes del Estado) o de desaparición por particulares.
En julio de 2023, familiares de personas desaparecidas presentaron una solicitud ante el Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) para que declarara ilegal la reserva de información sobre el registro y ubicación de fosas y cementerios clandestinos que se han encontrado en el país desde el 2015 hasta el 2021.
Los peticionarios alegaron que la reserva vulnera el principio de legalidad porque limita el derecho de información y respuesta, según establece la Constitución.
Además, los defensores de derechos humanos piden que el Estado salvadoreño dé a conocer la información sobre las investigaciones penales, los procesos judiciales e informe sobre el funcionamiento de los procesos de búsqueda y de sus posibles resultados.
“Adicionalmente (...) se solicita que este Grupo considere elaborar una Alegación General que destaque la existencia de miles de desapariciones cometidas por agentes no estatales no esclarecidas, la existencia de desapariciones forzadas cometidas en el estado de excepción, incluyendo las desapariciones forzadas de corto plazo, y el grave riesgo de la desaparición de personas en situación de prisión”, puntualiza la petición a la ONU.