La lista Engel no solo dará a conocer los involucrados a casos de corrupción en Centroamérica, sino a vinculados en casos de violaciones a derechos humanos, según los postulados de la ley que incluye estos delitos así como complicidad o abusos de autoridades de seguridad.
La Ley HR 2615, conocida como lista Engel, podría contener entre sus nombres a funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele que cometieron estos delitos en el marco de la pandemia por COVID-19 o fuera de esta contingencia.
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Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), expone que las principales violaciones a derechos humanos recientes se dieron durante la pandemia entre estas la detención de personas en los centros de contención, que no brindaban las condiciones adecuadas para instalar a miles de personas, otros fueron los cercos militares establecidos en los municipios y los más de 7,000 salvadoreños que permanecieron varados en diferentes países sin poder ingresar a El Salvador.
“Esas detenciones eran sin duda detenciones arbitrarias, y eso lo dejó claramente establecido la Sala de lo Constitucional porque no había ninguna ley que respaldara ese tipo de capturas, y luego los centros de contención que no reunían las condiciones mínimas de salubridad o de incluso de distanciamiento social, fueron situaciones donde hubo una violación importante de derechos humanos”, dice Escalante.
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Dichas medidas violatorias de derechos humanos tuvo un número importante de víctimas, donde muchos interpusieron denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) quienes realizaron un informe que registraba los diferentes casos que fueron conocidos por la Sala y por la Fiscalía General de la República (FGR).
En septiembre del 2020, el procurador, Apolonio Tobar, llegó a la Asamblea Legislativa para presentar un informe a la comisión de Salud, que detallaba que durante la emergencia por la pandemia de COVID-19 se registraron 2,000 violaciones a los derechos humanos, un documento que abarca casos desde el 21 de marzo al 17 de septiembre del año pasado, donde se exponen entre las denuncias 687 por privación de la libertad y 393 de vulneración al derecho a la salud, además de falta de acceso a la información, todas contra el Ejecutivo.
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Escalante señala también que hasta la fecha se desconoce que existan investigaciones serias o en proceso sobre estos delitos de derechos humanos, “estas violaciones han sido documentadas por la sociedad civil y por la PDDH, pero la Fiscalía creo que no está teniendo ninguna investigación en proceso, y si la lista Engel va a tener como referencia lo que hace la Fiscalía, entonces probablemente estos hechos no sean incluidos, habrá que ver cómo la construyen”, explica.
Arnau Baulenas, Coordinador Jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), comenta que precisamente uno de los momentos críticos de la administración del gobierno del presidente Bukele, fue que el proceder de las autoridades ante las privaciones de libertad durante la cuarentena, donde ya sea la Policía o la Fuerza Armada determinaba de forma arbitraria si una persona no estaba respetando la ley.
“Cualquier privación de libertad puede ser discutida ante un juez o que un juez determina si estaba habilitada para circular según la ley, pero lo que pudimos ver es que un policía o un militar decidían si la persona cumplía o no con la ley. Otra violación, que la ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una afectación a la libertad de expresión”, dice Baulenas.
Señala que tuvo que ser la CIDH quien consiguió medidas cautelares para periodistas de El Faro, debido a que su vida podía estar en peligro por ejercer el periodismo, “y esto se le imputaba en gran medida a la administración del Gobierno de Bukele, que es de donde venían los ataques”, indica.
Añade que más allá de la corrupción en el gobierno se ha visto afectaciones a derechos humanos, dentro del marco de la crisis de la pandemia y fuera de esta.
Celia Medrano, defensora de derechos humanos, opina que el gobierno salvadoreño debe atender señalamientos de violaciones a derechos humanos, no solo los que señale Estados Unidos, sino otros mencionados por la comunidad internacional, pero surge la pregunta si el gobierno de El Salvador ve a Estados Unidos como un aliado estratégico como lo fue durante la gestión del expresidente Donald Trump, o si esto ha cambiado a partir de noviembre de 2020.
“O las apuestas reales se dirigen más bien hacia otros gobiernos como China o Rusia, por ejemplo, poca importancia implicaría presiones desde el gobierno de Joe Biden hacia el gobierno salvadoreño. La corrupción es una grave violación a los derechos humanos, y en tanto se avale a corruptos en las instancias estatales y se les garantice impunidad, pocos avances pueden darse hacia soluciones a largo plazo en materia de derechos humanos, seguridad, desarrollo, elementos indispensables para cualquier política encaminada al abordaje integral de la migración, que es lo que debe mover la agenda tanto de El Salvador como de los Estados Unidos”, dice Medrano.
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La abogada y defensora de derechos humanos indica que en Estados Unidos hay casi 3 millones de salvadoreños que podrían verse afectados por las decisiones del gobierno de Bukele esté tomando, y dejarlo en segundo plano sería un grave error.
En torno a lo sucedido durante la crisis por la pandemia, señala que hubo muchas denuncias de violación de derechos constitucionales, que no podían verse afectados aún en situaciones de calamidad o emergencia, donde la Sala señaló esos abusos con claridad.
“La FGR no ha representado un contrapeso decisivo, suficiente en proporción con la gravedad de hechos de violación a la ley, abusos de poder, violaciones a derechos humanos, agresiones contra opositores políticos e instancias estatales señaladas al gobierno salvadoreño. Es en la FGR de la que se esperaría mayor contundencia y efectividad”, opina Medrano.