La vulneración de derechos humanos en El Salvador ha quedado retratada en el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional al recoger no solo las detenciones arbitrarias de centenares de ciudadanos y confinarlos en sitios con condiciones sanitarias precarias, sino también por los ataques a organizaciones y a periodistas, así como la deuda con la reparación a las víctimas del conflicto por parte del gobierno de Nayib Bukele.
La violación al derecho de la salud es el primero en la lista de los señalamientos a la administración Bukele. En el informe, Amnistía Internacional (AI) destaca las detenciones arbitrarias y el confinamiento de más de 2,000 personas a las que expusieron a un potencial contagio porque los centros en los que fueron obligados a cumplir la cuarentena, no cumplían condiciones sanitarias adecuadas.
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Cada año, esta organización internacional integrada por 10 millones de personas, dan seguimiento a la situación de derechos humanos en los países independientes y que están sujetos a rendición de cuentas, se detalla el informe.
“Los centros (de contención o confinamiento) no cumplían las normas internacionales de condiciones sanitarias y distanciamiento físico, o que exponía a las personas internadas en ellos a un riesgo innecesario de contagio de COVID-19”, dice el informe.
En cuanto a las detenciones arbitrarias, AI dice que los detenidos por presunto incumplimiento de la medida de cuarentena obligatoria en sus domicilios, “fueron llevadas a centros de contención o comisarías policiales como si hubieran cometido un delito”.
El 21 de marzo de 2020 entró en vigencia el decreto ejecutivo número 12 denominado “Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19”. Este implicó que el gobierno impusiera una serie de medidas restrictivas, entre ellas el cierre fronteras, la paralización de la actividad económica y el encierro de los ciudadanos en sus casas, solamente se permitía a un miembro de la familia salir a comprar alimentos, medicinas o por alguna emergencia de salud.
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El gobierno fue claro: el decreto establecía que quedarse en casa era ley, excepto una emergencia o necesidad de abastecerse de alimentos. Quien no acatara las restricciones, decía el decreto, y no justificara por qué andaba circulando en las calles, incurría en “responsabilidades penales y civiles pertinentes”.
Abogados y algunas organizaciones cuestionaron que este decreto diera a la Policía y la Fuerza Armada la discrecionalidad de detener a ciudadanos de manera discrecional y comenzaron a hacer redadas.
A estos ciudadanos no solo los enviaban a bartolinas o centros de confinamiento, sino que también los exhibían como lo hacen con acusados de delitos penales. E incluso los sometían a escarnio: los obligaban a hacer ejercicios físicos y a repetir que no volverían a violar las medidas entre otros que fueron denunciados y otros expuestos en videos en redes sociales.
El decreto en mención también establecía que los pillados sin justificación en la calle eran privados de la ayuda en efectivo que daba entonces el gobierno, de $300 mensuales por hogar.
Mientras tanto, confinados en centros de contención, denunciaban la falta de condiciones adecuadas, que no les practicaban pruebas de coronavirus o que si les hacían las pruebas les retardaban la respuesta, tanto que muchos denunciaron que pasaron mucho más de los 30 días establecidos.
Muchos ciudadanos acudieron a la Sala de lo Constitucional. El informe de Amnistía Internacional consigna que solo entre el 13 de marzo y el 27 de mayo fueron presentados a ese tribunal 330 recursos de habeas corpus y 61 peticiones de amparo.
“En muchos de estos casos, las personas afectadas alegaban que las condiciones de los centros de contención eran inadecuadas, que carecían de productos de limpieza y de agua potable, y que no tenían acceso a medicación para enfermedades crónicas”, dice AI.
Además recoge del dato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de haber recibido entre marzo y mayo 44 denuncias de personas detenidas que dijeron padecer dolencias previas.
El reporte consigna el caso de una mujer diabética y madre de un niño de tres años que salió a comprar alimentos y medicamentos para ella pero fue detenida y estuvo encerrada por más de un mes en condiciones precarias y expuestas al virus.
La Sala revierte detenciones pero gobierno no acata
La Sala de lo Constitucional determinó finalmente que las autoridades carecían de base jurídica para recluir a entre en esos centros como forma de castigo e incluso hubo personas que declararon que habían sido detenidas cuando salieron a comprar alimentos o medicamentos, dice el informe.
En este caso cabe recordar la demanda presentada a favor de tres mujeres que en Jiquilisco, Usulután, fueron detenidas por militares justo el día en que empezaba el encierro obligatorio pese a tener con ellas la prueba de los alimentos que habían salido a comprar para sus familias. Pasaron tres día retenidas en la delegación policial.
La Sala también ordenó el cese de esas detenciones arbitrarias y la liberación inmediata de estas personas, así como la realización de pruebas del virus. Pero el gobierno de Bukele no solo cuestionó a la Sala tildándola de querer quitarle facultades y de favorecer la propagación del COVID-19, sino que no cumplió las sentencias y siguieron las detenciones y el confinamiento.
Amnistía también señala al gobierno salvadoreño el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado y menciona dos ejemplos, uno de ellos el de un joven de Sonsonate que salió con su moto a comprar comida y combustible, pero uno de los policías o golpeó y le disparó en la pierna. Días más tarde, Fiscalía ordenó la detención del agente policial.
“La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió cientos de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidos uso excesivo de la fuerza y malos tratos, durante la aplicación de la cuarentena”, dice Amnistía.
También se recoge en el informe el veto de Bukele al decreto legislativo 620 con el que se garantizaba un seguro de vida y equipo de bioseguridad para el personal sanitario, luego de que fueran conocidas las denuncias de que personal de salud contagiado y la falta de equipos adecuados. Luego ese decreto fue avalado por la Sala de lo Constitucional.
Sin reparación a víctimas de la guerra
Amnistía Internacional también denuncia en su informe que tanto el gobierno como el poder Legislativo no le han cumplido a las familias de las víctimas de la guerra que sangró al país y dejó más de 70,000 muertos.
La Asamblea Legislativa no aprobó la Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos, cuyo proyecto había sido presentado ante la Asamblea en 2018”, dice el informe.
En febrero, dice AI, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que contenía la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la cual incluía disposiciones que obstaculizaban la investigación y el castigo efectivo de los responsables de crímenes de derecho internacional.
Pero la organización cuestiona que si bien, el presidente Bukele vetó el decreto a finales de ese mismo mes, el mismo gobierno “no hizo pública la información relativa a las operaciones militares que habían tenido lugar durante el conflicto armado interno (entre 1980 y 1992) y negó el acceso judicial a los archivos relacionados con la masacre de El Mozote, cometida en 1981”.
La Fuerza Armada le negó al juez de Instrucción de San Francisco Gotera que tiene el caso de la masacre El Mozote, el acceso a casi todas las guarniciones a donde llegó para revisar los archivos militares y recabar posibles evidencias para esclarecer la masacre en El Mozote y sitios aledaños en diciembre de 1981, una más emblemáticas ocurridas durante la guerra.
El informe también dedica unas líneas al hecho de El Salvador mantiene vigente la prohibición total al aborto, el cual considera es un derecho de las mujeres.