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El país sufrirá las consecuencias de condenar un niño a prisión, dice Celia Medrano, experta en derechos humanos

Critica que el gobierno en vez de proteger a la niñez y a la adolescencia en situación de vulnerabilidad para que no sea presa fácil del crimen organizado, toma decisiones que van en contra de normas internacionales en materia de derecho penal juvenil y viola la Convención de los Derechos de la Niñez.

Por Eugenia Velásquez | Abr 01, 2022- 21:30

Foto EDH/ Jessica Orellana

Esa condena de cárcel de entre 10 a 20 años a la que serán sometidos muchos menores de edad que cometieren delitos, ya sea en colaboración con las pandillas o por pertenecer a esos grupos criminales traerá secuelas muy graves para El Salvador, advierte la experta en derechos humanos, Celia Medrano.

“Hay un claro sesgo populista en la acción que se ha tomado y al condenar a un niño o adolescente a vivir en una situación de prisión se le condena para su vida entera, esa condena tarde o temprano se revertirá en contra de la sociedad misma que lo ha permitido”, lamentó Medrano.

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 30 de marzo reformas a la Ley Penal Juvenil con el fin de aumentar las penas de prisión para los menores de edad pertenecientes a estructuras criminales que cometan delitos, entre otras enmiendas a varias normativas penales.

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Los diputados reformaron la ley penal juvenil para imponer penas de cárcel de hasta 20 años para quienes hayan cumplido 16 años y que hayan participado de hechos delictivos, y de 10 años de prisión para los niños de 12 años que hubieren cometido delitos.

“Una de las decisiones más graves que se han tomado por parte de la Asamblea es volver a criminalizar a la niñez y a la adolescencia”, sostiene Medrano.

A su juicio, “en el país costó mucho tiempo poder generar una normativa que supiese diferenciar entre la instrumentalización por parte de actores de crímenes organizados, de niños, adolescentes, con una idea equivocada de pretender criminalizar y hacer pagar a estos niños y adolescentes por acciones que, por su edad, no estaban en condiciones de entender la dimensión de las mismas o de evitar involucrarse en ellas”.

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La especialista menciona que no es responsabilidad de un niño de 12 o 14 años que se le involucre en acciones delictivas, pues la responsabilidad directa es de las personas adultas que los involucran o los instrumentalizan para cometer crímenes.

La experta en derechos humanos critica que el gobierno en vez de proteger a la niñez y a la adolescencia en situación de vulnerabilidad para que no sea presa fácil del crimen organizado toma decisiones que van en contra de normas internacionales en materia de derecho penal juvenil y viola la Convención de los Derechos de la Niñez.

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