Con un lazo de extremo a extremo a lo ancho de la calle, los habitantes del cantón Agua Zarca, en el distrito de San Miguel Centro, cerraron la mañana de este jueves la entrada y salida de camiones de volteo, que a diario extraen en esa zona agua, arena y piedra del Río Grande.
Los denunciantes exponen que han notado una disminución gradual del cauce que se mantenía en verano, además de la contaminación del agua por grasas y aceites derramados por las máquinas y camiones que extraen el agua.
Pescadores del sector aseguraron que hay una disminución de peces, en consecuencia de la misma situación. Y las mujeres que estaban en la protesta añadieron que debido a la suciedad de la poca agua que queda, es imposible lavar ropa o llevar a sus hijos a bañar, como hace años atrás lo hacían.
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Uno de los líderes comunitarios indicó que desde hace cuatro años, cuando empezaron a ver los efectos colaterales de las extracciones de arena, han hecho múltiples peticiones al Juzgado Ambiental. Añaden que cuando estaba el juez anterior al actual se emitieron medidas cautelares a los propietarios de las excavaciones; pero las medidas podrían haber cambiado porque regresó la actividad de extracción del material hasta la fecha.
"Tenemos una problemática que cada día va a incrementar, la situación que nos está dando es que nos están destruyendo los mantos acuíferos. Nos están destruyendo las quebradas y nos están vendiendo el río", dijo Neftalí Blanco, líder comunitario.
La denuncia es por un saqueo masivo de material del río desde agua, arena y piedra, dijeron estar alarmados, preocupados, "¿cómo es posible que personas ajenas al lugar estén atropellando nuestra comunidad", dejaron a univoz, dejando daño grave afectando a 14 comunidades que hacen uso de ese recurso hídrico.
El agua de los pozos en las viviendas ha disminuido y se ve contaminado por esa situación, y antes de que el problema empeore al punto de secar completamente el caudal, o contaminarlo totalmente, se han unido para hacer públicos los hechos y para sostener su versión como comunidad, presentaron una serie de documentos incluida una medida cautelar impuesta por el juez ambiental anterior Elí Díaz, hace algunos años.
"Queremos que dé una explicación, cómo es posible que un juez de medio ambiente prohibió por tiempo indefinido extraer material de este tramo del río. El otro entrante, dio el aval para que pudieran extraer. ¿Cómo estará la situación ahí?", cuestionó uno de los líderes.
Aseguraron que después de denuncias lograron evitar que se siguiera extrayendo material, pero cuando hubo cambio de juez, los trabajadores volvieron a ingresar los camiones y maquinaria.
Por eso los denunciantes piden al gobierno intervenir en este caso para que investiguen la legalidad de los permisos, pues aseguran que a pesar de insistir al Juzgado Ambiental de San Miguel sobre lo que sucede, en ninguna oportunidad han recibido respuesta o inspección.
Consideran que la situación es de riesgo, con la posibilidad de que el río se quede sin agua, atribuyéndole a “una corrupción desmedida". Aseguraron que este años la extracción de materiales ha sido triplicada comparado a como lo hacían los años anteriores.
Mencionaron que en la visita que realizó el presidente de la república con la inauguración del bypass, entregaron le entregaron una nota informándole sobre lo sucedido y pidíendole ayuda por la destrucción del Río Grande de San Miguel a manos de personas ajenas a esa comunidad.
Señalan que los terrenos contiguos al río pertenecen a dos personas, quienes en su calidad de propietarios están tomándose las atribuciones de desazolvar, sin considerar las graves afectaciones medioambientales.
En el contexto del caso mencionaron que hace varios años, dos personas con cargos públicos en el periodo del 2009, a base de engaños se apropiaron de más de 300 manzanas de terreno contiguas al río, mencionaron que uno de ellos se trata del señor Buenaventura Cruz Meza, notario de la República y empleado del órgano judicial y Ricardo Bladimir González, quien fue diputado del FMLN, sobrino de Medardo González, ex secretario general del partido.
Esta información mencionaron que fue recabada a través de indagaciones del registro de las propiedades.
“Hay testimonios de personas que dicen que fueron engañados, le sacaron firma y con engaño firmaron y resulta que el hombre se apoderó de un inmueble que según perito está valorado arriba de 9 millones de dólares”, dijo uno de los líderes.
“¿Cómo es posible que un abogado va a cobrar esa suma de dinero. Se cobró sus honorarios, atender un cantón, un caserío humilde y al parecer, se cobró con tierra, pero esa tierra está valorada arriba de 9 millones de dólares. Y en esa tierra es que está haciendo la destrucción también, donde han salido miles de camionadas de material que estamos hablando de miles de dólares”, señaló el lider de la comunidad.
Debido a influencias, consideran que el proceso de la denuncia ya no avanzó en el juzgado ambiental de la región oriental, pero tienen la esperanza que de hacer público este caso en Salvador si lleguen a ser escuchados. “podrían intervenir para que pare”, dijo uno de los líderes.
La mayoría de habitantes que estiman son alrededor de 6,000, hacen uso de pozos artesanales, que se abastecen de agua del río, la quebrada el pital y un nacimiento ya se secaron debido a la explotación de los recursos aseguraron, que fue donde iniciaron las excavaciones.
La Policía Nacional Civil llegó al lugar para mediar la situación entre la comunidad y los trabajadores, donde se requirió la presencia del contratista, haciéndose presente Ricardo González con copias de los supuestos permisos aprobados por el Juzgado Ambiental, siendo rechazados por la policía como prueba para las excavaciones de material selecto, por lo que se le requirió la documentación original.
No quiso brindar declaraciones a la prensa ante lo sucedido, pasaron las horas y no regresó.
El encargado de la extracción, Ricardo González, llegó al lugar y presentó copias de los permisos a la PNC, sin embargo le solicitaron originales pero no regresó al lugar y tampoco brindó declaraciones.
Ante ello y tras una inspección de la maquinaria y de las volquetas, se encontró que uno de los conductores no portaba documento de identidad, uno de los camiones no tenía placas, y otro conductor tenía licencia para motocicleta, que no es la requerida para ese tiempo de vehículo pesado, por lo que se les impusieron multas, por agentes de tránsito que llegaron a verificar esa situación, se les impidió continuar con las excavaciones de material, y les ordenaron que se retiraran con los automotores de la zona.
El caso seguirá en proceso de las instancias competentes.
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