Habitantes de la Hacienda La Floresta ubicada en San Juan Opico, de La Libertad, con apoyo de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), se pronunciaron esta mañana, en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar un aviso penal por la presunta captura arbitraria de dos líderes de la comunidad.
Los líderes comunitarios identificados como: Medardo Martínez y su esposa, Alejandra Jeannette Cañas, fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC), el domingo 9 de febrero, del 2025, sin detallar la causa o delito.
"Exigimos libertad para nuestros líderes: Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas", se podía leer en los carteles que los habitantes llevaron.
La Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) catalogaron ambas capturas como arbitrarias, ya que, anteriormente ellos denunciaron varios intentos de desalojos en la comunidad La Floresta.
Según Fidel Zavala Pérez, vocero de dicha institución, relató que los agentes de la PNC llegaron con la excusa de haber recibido órdenes de un fiscal que requería de una reunión con líderes de la comunidad, pero la reunión nunca se llevó a cabo.
Zavala Pérez detalló que presentaron a la FGR, un aviso penal dirigido a Rodolfo Delgado, con un listado de delitos que pesan sobre los agentes policiales de la División STO. Entre los delitos están: coacción, amenazas, amenazas con agravantes especiales, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, de los cuales, los denunciantes aseguran que fueron cometidos el día de la captura.
En el pronunciamiento, el vocero de la Unidehc, también contó cómo sucedieron los hechos. Dijo que ese domingo 9 de febrero, del 2025, el operativo llegó a la Comunidad La Floresta "intentando coaccionar y evitar los derechos de la comunidad de hacer las mediciones de sus terrenos. Dentro de todo el escenario, alrededor de las 4:00 de la tarde, se le ocurre al investigador que andaba con los policía y a los de la STO de la PNC, andaban como 15 efectivos. Se les ocurre llamar a los líderes de la comunidad que supuestamente el fiscal los mandaba a llamar para una reunión en sede fiscal", relató en una entrevista de medios de comunicación, Fidel Zavala.
Por su parte, José Alberto Pérez, uno de los habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta, estuvo presente en la reunión con los agentes policiales, cuando los mandaron a llamar, por lo que, según cuenta que les dijeron que les darían una asesoría, pero al llegar al lugar, detuvieron únicamente a dos de sus compañeros.
María Margarita Flamenco, fue otra de las líderes comunitarias que estuvo detenida, pero que pocas horas después fue liberada.
Cabe mencionar que las detenciones ocurrieron durante las mediciones que se realizaban en la comunidad, debido a procesos legales de escrituración y prescripción de propiedades e inmuebles de al menos 100 familias. En ese momento, contaban con el apoyo del equipo de Unidehc.
Así lo denunció la Unidehc: "Mientras se realizaba jornada de mediciones y seguimiento de los procesos legales en materia civil para prescripción en la Comunidad La Floresta, San Juan Opico. Personal de la Policía Nacional Civil y supuestamente Fiscalía General de La República de El Salvador ha llegado a la comunidad para amedrentar a los habitantes y familias, además de manera arbitraria a impedido que las inspecciones y mediciones continúen", se lee en un comunicado oficial en el que agregaron que "Nuestro equipo Técnico y Legal. Sigue asistiendo a la comunidad y continuaremos los procesos legales pertinentes".
Los representantes de la Unidehc dicen que cuentan con pruebas para poder denunciar los actos arbitrarios por parte de las autoridades que tuvieron acciones a vulneración de derechos.
"Dichas acciones de estos agentes que de manera prepotente, violenta y amenazante, llegaron a la comunidad. Se tiene documentado en pruebas, grabaciones, videos, fotos y testimonios. Que se presentaran a Fiscalía", aseveró un representante de la institución.
La Unidech también mencionó que en mayo del año 2024, sin orden judicial intentaron desalojar a algunas personas de manera arbitraria y destruyeron sus casitas.