Cuatro senadores demócratas se encuentran desde este lunes en El Salvador para investigar más sobre el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado de Estados Unidos a mediados de marzo y ahora se encuentra recluido en una cárcel del país.
Abrego formó parte de un grupo de más de 200 prisioneros que llegaron a El Salvador como parte de un acuerdo entre los mandatarios de ambos países que permite enviar supuestos criminales a territorio salvadoreño. Inicialmente, fue recluido en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT) y luego habría sido llevado a la cárcel de Santa Ana.
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Se trata de los congresistas Robert García, Maxwell Frost, Yassamin Ansari y Maxine Dexter.
"Ahora estoy en El Salvador con una delegación del Congreso trabajando para lograr la liberación de Kilmar Abrego Garcia", dijo este lunes en su cuenta de X el congresista Robert García.
"Trump está desafiando a la Corte Suprema para traerlo de regreso a casa", expresó en la misma publicación.
Más tarde en una conferencia de prensa que se desarrolló en un hotel capitalino dijo: "Creemos que es importante que la ley en Estados Unidos se respete. Nuestra Corte Suprema, en una decisión unánime de 9-0, ha dicho claramente que el señor Abrego García debe ser devuelto a Estados Unidos".
"Estamos aquí porque creemos que el estado de derecho debe ser respetado por todos, incluido el presidente de Estados Unidos. Nos encontramos en una situación en la que la administración envió a alguien a El Salvador por error y lo admitieron", sostuvo por su parte Maxwell Frost.
Congresistas sostienen reunión en la embajada de EE.UU.
Durante la rueda de prensa, en la que participaron los cuatro funcionarios además del abogado de la familia de Ábrego, Chris Newman, expusieron que este lunes han sostenido reuniones con grupos de derechos humanos y una reunión en la embajada de Estados Unidos.
"Salimos de esa reunión sin ninguna indicación de que esta administración tenga intención alguna de facilitar el regreso de Abrego García a Estados Unidos", dijo Frost.
La congresista Yassamin Ansari, representante de Phoenix, Arizona, dijo por su parte que los hechos en torno al caso del salvadoreño "son absolutamente claros".
"El señor García fue secuestrado. Es padre. Es esposo. Es miembro de un sindicato. Fue deportado erróneamente a una prisión extranjera en El Salvador y nuestro gobierno ha admitido ese error", dijo Ansari.
Y calificó como "inaceptable" e "inconstitucional" que la administración Trump no esté haciendo algo para facilitar el regreso seguro de Ábrego García.
Los congresistas señalaron que no solo se trata del Kilmar Ábrego, si no que también hay muchos otros deportados que no han tenido un proceso apegado a la ley, y que seguirán trabajando por lograr que se cumpla el estado de derecho para estas personas.
Confirmaron, además, que han enviado hoy una carta al Secretario de Estado, Marco Rubio, exigiendo prueba diaria de vida de Ábrego García, que tenga acceso a representación legal y exigiendo su regreso seguro.
Chris Newman, el abogado de la familia de Kilmar Ábrego, también se encuentra en El Salvador. Indicó que su visita al país tiene tres propósitos: comprobar que está con vida, que se encuentra en buenas condiciones y tiene acceso a atención médica, y asegurar que tiene acceso a su abogado y comunicación con su familia, requisitos establecidos bajo las leyes internacionales y de derechos humanos.
"Hasta este momento no hemos escuchado nada, desde el jueves, y estamos demandando información respecto a eso", expuso.
"El Señor Kilmar García es inocente y debe recibir sus derechos bajo leyes internacionales", afirmó el abogado.
La visita de los delegados se da a unos días de la llegada al país del senador de Maryland, Chris Van Hollen, quien se reunió con Kilmar Ábrego y funcionarios del gobierno la semana pasada.
El 18 de abril, desde el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, a su regreso de El Salvador, Van Hollen señaló al Gobierno de Nayib Bukele de ser "cómplice" de un "esquema ilegal" en caso Kilmar Ábrego.
El caso de Ábrego García ha generado fuertes críticas, asimismo tribunales federales han ordenado al gobierno estadounidense facilitar el retorno del salvadoreño a quien el presidente Trump señala de pertenecer a la pandilla MS-13, pues su deportación habría sido por "un error administrativo" pues gozaba de un estatus de protección desde 2019 que prohibía su deportación.
"Se trata de proteger las libertades fundamentales y el principio fundamental de la Constitución del debido proceso que protege a todos los residentes de Estados Unidos", dijo el senador Van Hollen en la conferencia de prensa del 18 de abril.
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