La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 56 votos la nueva ley sanitaria integral de cuarentena y reapertura económica, la cual incluye la reanudación gradual de actividades del sector privado para el 8 de junio, y del sector público para el 15 del mismo mes, entre otras medidas.
La nueva ley mantiene suspendidos por hasta 15 días más los plazos judiciales y administrativos, los pagos bancarios, de alquileres, de servicios básicos, las clases a todo nivel, así como restricciones a la circulación de personas, transporte público, prohibición de espectáculos y fiestas y otras disposiciones sanitarias mientras se normalizan las condiciones del país, explicaron los diputados.
En la normativa los diputados decidieron que el Viceministerio de Transporte tendrá que desarrollar un plan de apertura del transporte público, que deberá presentar a la Asamblea en un plazo de siete días contados a partir de la vigencia de la ley. Sin embargo, tendrá la premura de la movilización de los empleados privados desde el 8 de junio.
Los pacientes con diagnóstico de COVlD-19 positivo podrán optar a ser hospitalizados en un centro médico privado, que tenga la capacidad para atender la enfermedad en cualquier etapa. Además, la cuarentena podrá ser controlada o domiciliar, siempre y cuando se cumpla en las instalaciones supervisadas por Salud en los lugares de residencia de las personas.
Asimismo, la duración máxima de la cuarentena para los casos sospechosos no podrá exceder de 15 días, salvo que las autoridades de salud dispongan de un plazo diferente, el cual deberá ser debidamente justificado y certificado con argumentos médicos, científicos, protocolos y normas sanitarias, establece la nueva ley.
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El transporte público solo será habilitado exclusivamente para movilizar al personal de salud pública, clínicas y hospitales privados debidamente identificado, como se ha realizado en las últimas dos semanas.
Si se llegan a disparar los contagios, la Asamblea podría posponer la apertura del sector privado. “Llevamos 76 días de cuarentena, no es algo nuevo. No tenemos los registros reales de las víctimas. Esta es una enfermedad nueva y no sabemos de su comportamiento”, justificó el jefe de la fracción de ARENA, Carlos Reyes.
Los parlamentarios no incluyeron en la nueva ley la restricción que el gobierno mantiene de realizar las compras de acuerdo con el último número del documento de identidad personal; por lo tanto, los salvadoreños podrán realizar las compras en mercados y supermercados en cualquier día de la semana.
La normativa fue aprobada por los partidos de ARENA, FMLN y PDC. No fue apoyada por la representación del oficialista partido GANA, que no participó en la votación en el pleno y se retiró después de la firma del dictamen.
Los diputados que votaron en contra fueron el independiente Leonardo Bonilla, José Juan Martell, de CD; Reynaldo Carballo, del PDC; Luis Urías, de PCN; Milena Mayorga y Gustavo Escalante, de ARENA.
Durante la discusión del documento, el diputado Guillermo Gallegos condicionó el voto de su partido si no se aprobaban tres puntos principales. El primero: que se realizará una cuarentena de 15 días para todos los sectores; en segundo lugar, la prohibición del transporte público, y por último, la continuidad de salir a realizar las compras de acuerdo con el último número del Documento de Identidad Personal, como se ha hecho últimamente. Sin embargo, la nueva ley solo coincide con la pretensión de Gallegos en el servicio del transporte colectivo.
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Por su parte, el diputado de ARENA, Carlos Reyes, se mostró complacido por los acuerdos tomados durante la firma del dictamen. Explicó que lo más principal es que todas las empresas y ciudadanos deberán mantener las medidas de distanciamiento y medidas de limpieza y protección.
Tras el anuncio de la aprobación del documento en las redes sociales, el presidente Nayib Bukele publicó un tuit en que reafirmó que vetará la ley aprobada anoche. “Ellos saben que esta propuesta de ley será vetada”, escribió.
Libera la información pública
En la nueva ley, los diputados abrieron el acceso a la información pública, la cual se solicitará y entregará por medios digitales, de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, que los ciudadanos podrán cuestionar al gobierno sobre el uso del dinero para los proyectos, cantidad de personas en cuarentena, lugares de infección, sexo, edad, entre otros datos. Además, los procesos de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios. Los informes de manejo y ejecución de fondos, marcas, vendedores, productos, contratistas, entre otros.
Los diputados advirtieron que si un funcionario no informa lo establecido, deberá responder ante la Asamblea y la Corte de Cuentas.
También, la nueva normativa ordena al Ministerio de Salud elaborar y ejecutar un plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia y luego enviarlo a la Asamblea a más tardar diez días hábiles después de la entrada en vigencia.
Diputados aprueban ley sanitaria y apertura económica desde el 8 de junio
La diputada Margarita Escobar señaló que la ley contiene al menos el 95% de acuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea,