Con profunda crisis económica, Bukele amenaza con no reabrir hasta el 15 de julio

"Empresas empezarán a abrirse el 15 de julio. A menos que los diputados quieran dialogar de verdad y establecer una cuarentena con parámetros científicos", señaló Bukele en Twitter.

La Asamblea avaló $116 millones en créditos para las alcaldías.

Por Eugenia Velásquez

May 30, 2020- 07:33

Tras más de 10 horas desde que el presidente de la Asamblea decidió abrir la plenaria el viernes en aras de aprobar la ley sanitaria integral y de cuarentena, los diputados de la comisión política y los emisarios del gobierno no lograron un acuerdo sobre cuantos días más de cuarentena estricta deberán guardar los salvadoreños y las fechas concretas para la reapertura de la economía

El Salvador amaneció este sábado sin una ley de emergencia y por ende sin la herramienta legal para exigir que la población siga encerrada en su casa.

La idea de Ponce es sacar dictamen este día para aprobar la ley, pero las fases de la apertura económica siguen pendientes porque dependen del período que decidan de la cuarentena, si 15 días, una propuesta inamovible por parte del gobierno. ARENA y el FMLN plantean que sean 10 días.

El mandatario amenazó a través de las redes sociales con no reabrir la economía hasta julio por lo que duraría el proceso de vetar la ley alargando los tiempos máximos: “Empresas empezarán a abrirse el 15 de julio. A menos que los diputados quieran dialogar de verdad y establecer una cuarentena con parámetros científicos y con el apoyo de los trabajadores de la salud, médicos y personal de enfermería”.

Este sábado Bukele volvió a señalar su postura sobre el tema en otro tuit: “El Gobierno quiere abrir la economía, para eso presentó un plan de reapertura gradual, en fases, con el apoyo del INCAE. Pero NO podemos abrir, si no bajamos la curva de contagios primero. Los científicos afirman que una cuarentena de 15 días, cumplida por todos, lograría esto”.

El comercio salvadoreño pierde $100 millones diarios por la crisis del COVID-19, lo que hasta el 19 de mayo significó una pérdida de más de $5,000 millones, estimó el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Hasbún. Muchas empresas, sobre todo las micro y pequeñas, ya han colapsado y si no se reactiva la economía ordenadamente, podrían perderse importantes fuentes de empleo, subrayó.

Casi a las once de la noche, los delegados del Gobierno y los diputados volvieron a entramparse en el punto que desencadenó el jueves pasado un fuerte altercado entre ambas partes: el tiempo que deberá pasar más en cuarentena domiciliar la población.

El Ejecutivo quiere que sean 15 días de una “cuarentena más estricta”, mientras que ARENA y FMLN planteaban que la apertura económica comenzara el 8 de junio.

Un poco antes, el secretario privado de la presidencia, Conan Castro, aceptó la propuesta de ARENA de que para que empiece a circular el transporte público el Gobierno deberá presentar en los 7 días siguientes a la aprobación de la ley un plan de como deberá empezar a funcionar el transporte colectivo.

Ese fue de los acuerdos previos a la decisión que de repente tomó el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, de decidir levantarse de la mesa de discusión que ha tenido a los diputados de la comisión política sentados durante 5 días desde el lunes pasado, ante el asombro de los legisladores del FMLN, funcionarios y de GANA.

Ponce dijo que ante el impasse lo más lógico era que el pleno decidiera por lo que se retiraban a seguir deliberando en el Salón Azul. Acuerdos previos

En el quinto día consecutivo de discusión entre la Asamblea y funcionarios del Gobierno, estos acordaron que todas las adquisiciones de bienes y servicios que el Ejecutivo realice de medicamentos, insumos médicos, equipo para hospitales y adecuación de centros de contención para prevención de la pandemia y suministro de alimentos sin pasar por la ley Lacap, deben ser informadas tres días después de realizarlas conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública. Toda la información deberá contener monto, cantidad y nombre del proveedor.

Este fue el único acuerdo concreto hasta el cierre de esta nota, después de que el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, informara que la Sala de lo Constitucional les negó la petición de que ampliara el decreto de emergencia que venció ayer a la medianoche, con lo que El Salvador amanece sin ninguna regulación legal para mantener la cuarentena domiciliar obligatoria.

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La bancada de ARENA respaldó ayer que el Gobierno siga realizando compras directas durante 15 días más después de entrar en vigencia la ley sanitaria que aún están estudiando con la condición de rendir cuentas. El FMLN se opuso rotundamente dado que el artículo 13 referido a este componente deja la discrecionalidad al Ejecutivo de continuar usando fondos públicos y transfiriendo dineros de las partidas presupuestarias del Fondo General de la Nación, a partir de la declaratoria de “emergencia”.

“No estamos de acuerdo en darle carácter de emergencia a la ley. No podemos pensar que vamos a pasar más meses sin aplicar la ley Lacap”, apuntó la diputada del FMLN, Yanci Urbina.

Criticó que los informes que han recibido del ministerio de Hacienda, dan cuenta que de los más de $500 millones que tomaron del fondo estatal para comenzar a realizar compras por la emergencia, el 80% fue a parar al Ministerio de Obras Públicas y al de Ganadería y que solo el 11% de las adquisiciones han sido para surtir al Ministerio de Salud de insumos médicos para atender a pacientes de COVID-19.

Para regular ese componente, en el apartado del proyecto de ley sanitaria integral se define como “declaratoria de emergencia nacional y aplicación de la contratación directa” lo siguiente: “Declárase Estado de Emergencia Nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio nacional de la República, dentro del marco establecido en la Constitución, a raíz de la pandemia por COVID-19, por el plazo de quince días calendario contados a partir de la vigencia del presente decreto”.

El cambio que acordaron fue que el mecanismo de la contratación directa será para las compras que realicen solo las instituciones públicas relacionadas de forma directa con la atención de la pandemia.

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Las adquisiciones se limitarán a “medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos, y demás productos relacionados con la prevención y el tratamiento clínico de la enfermedad. Todas las contrataciones en el marco de esta ley, a partir del día tercero de su adquisición se harán bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública, principio de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas”.

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