Un grupo de 15 personas afectadas por el desfalco Cosavi acompañaron a la comunidad de Santa Marta en el festival artístico cultural "Arte heroico por los derechos y la igualdad de género", con el objetivo de hacer su pronunciamiento oficial para sumarse en contra de la Ley de Minería Metálica.
Juan José Ortiz, vocero de los afectados, reconoció al cantón Santa Marta, ubicado en el distrito de Victoria de Sensuntepeque, como un símbolo de la lucha contra la minería. "Esta es una comunidad ejemplo de que este pueblo no quiere seguir siendo explotado por los grandes intereses de capitales internacionales y la ambición desmedida del poder económico del país", dijo.
Ortiz expresó que, como afectados Cosavi, piden a las autoridades de la iglesia que hagan efectivo el proceso de excomulgación de todos los funcionarios de gobierno que se expresen abiertamente a favor de la minería, como lo propuso el padre Juan Vicente Chopin.
A las universidades del país les instaron a anular los títulos académicos de los funcionarios que, al apoyar esta ley, están en contra de la vida y de la salud. Además, hicieron un llamado al cuerpo diplomático a que se sume a tomar medidas como suprimir visas o permisos de ingreso a otros países a los 57 diputados que votaron a favor de la ley.
Salvador Cáceres, integrante de este grupo de afectados que exige el reintegro de su dinero al gobierno de El Salvador, comentó: "El presidente salvó a muchas personas al resolver el problema de las pandillas, pero matará el doble de gente con el agua contaminada".
Al festival, realizado en el parque central de Santa Marta, llegaron de distintos puntos del país alrededor de un centenar de personas, entre ellas la diputada Marcela Villatoro, de ARENA.
Al preguntarle sobre el llamado que hacen los afectados Cosavi a iglesias, universidades y cuerpo diplomático, respondió que las instituciones valorarán los castigos respectivos y que "es importante hacerle ver a la población que cuando se está jugando con la vida de las personas debe haber repercusiones".
La diputada comentó que la razón por la que acudió al festival en Santa Marta fue conocer de primera mano la lucha que tiene la comunidad contra la minería y la criminalización de los defensores de derechos humanos. Recalcó que no es por temas ideológicos por lo que no había tenido un acercamiento. "Este es el momento de ver qué nos une como país. Santa Marta es un ejemplo de trabajo incansable por la comunidad".
Villatoro recalcó que la Asamblea no es el poder del Estado al que la población debe convencer de que la minería es un proyecto negativo para la ciudadanía, sino al Ejecutivo. "Los diputados de Nuevas ideas solo cumplen lo que les piden de Casa Presidencial, no tienen decisión propia", recalcó.
Peter Natarem, uno de los líderes de Santa Marta, comentó que el festival de ayer tuvo el objetivo de unir a las comunidades y reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos, así como exponer los trabajos que realizan distintas organizaciones por la defensa de los mismos.
Natarem agradeció el pronunciamiento de los afectados por Cosavi: "nosotros le damos seguimiento a su lucha y es importante que nos unamos, estamos agradecidos que acompañen a la comunidad" y agregó que el hecho de que otras personas como la diputada Villatoro hayan acudido al festival aporta a la consolidación de un movimiento social que no ve ideologías, ni partidos electorales; que la lucha por el derecho por la vida es un asunto que nos compete a todos y que "es una lucha de vida o muerte".
Afectados Cosavi esperan consideración del FMI en acuerdo fiscal con el gobierno de El Salvador
Juan José Ortiz comentó que tuvieron un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al enviar una carta en la que han informado a la institución sobre su caso el pasado 3 de enero, misiva que fue contestada pocos días después, aseguraron.
"Le pedimos al FMI incluir el caso Cosavi como un indicador de cumplimiento previo al acuerdo que se espera firme el gobierno por cerca de $1,400 millones", detalló Ortiz.
Ortiz comentó que ellos esperan que la respuesta a la carta sea un indicador de interés sobre el caso, pues "nos agradecieron el haberles dado a conocer la situación de desfalco que está pasando no solo con la cooperativa Cosavi sino con otras".
Los afectados planean enviar una segunda carta a la institución para explicarle al FMI las implicaciones macroeconómicas que el caso Cosavi tiene para la economía del país. "En el Salvador no se garantiza la seguridad privada, nadie garantiza que el gobierno no se apropiará de fondos ciudadanos", subrayó Ortiz.
Asimismo, Julio Flores, afectado por el desfalco, comentó que no confía en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, que afirma que ya se canceló al 82.4% de los afectados. "No creemos que de 10,300 afectados ya se haya pagado a 8 mil personas con $35 mil dólares", dijo.
Los $1,400 millones mencionados surgen de un acuerdo preliminar trabajado durante tres años entre el personal técnico del FMI y funcionarios salvadoreños para poder recibir un programa de servicio ampliado, que le permita al país fortalecer la estabilidad fiscal y externa, además de sumar a crear las condiciones para un crecimiento más fuerte y más inclusivo.
