Juzgadores exigen a CSJ que pida la derogatoria del decreto que cesa a jueces mayores de 60 años

La petición la hicieron ayer en una reunión que sostuvieron con el presidente del Órgano Judicial, Óscar López Jerez. Piden que se promulgue un decreto de retiro voluntario con una renumeración económica digna para que se les quite “el mote de ser corruptos”.

Por Mirella Cáceres / David Marroquín | Sep 06, 2021- 09:23

Corte Suprema de Justicia. Foto: EDH/ Jonatan Funes

“Que se gestione como Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Legislativa la derogatoria del decreto de cese de funciones y se plantee una iniciativa de retiro voluntario, el efecto político es el mismo se pretende indemnizar a los compañeros, y se quite ese mote que se van por corruptos y se les de un retiro digno a los adultos mayores que estarían quitando de la judicatura”.

Esa fue la petición del juez Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, en representación de jueces y magistrados, para el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, en la reunión que tuvieron ayer para discutir las repercusiones de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que obliga a los jueces y magistrados mayores de 60 años y a los que tienen más de 30 años de servicio en la judicatura a retirarse de manera obligatoria.

López Jerez estuvo acompañado de los magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos y Héctor Nahúm García.

Pero también demandaron de los magistrados de la CSJ que salgan a respaldar a ese sector de funcionarios judiciales ante las acusaciones hechas por algunos diputados oficialistas de que eran “corruptos”.

“Les suplicamos a los 15 magistrados que no nos dejen solos, consideramos que el decreto no solo tiene vicios de origen, el decreto no es justo, no es correcto, todos estamos de acuerdo en una depuración judicial, esta no es la manera más correcta (de sacar a 249 jueces)”, dijo Bolaños.

La petición del juez Bolaños fue secundada por la jueza de Primera Instancia de Ciudad Barrios, San Miguel, Ana Leticia Orellana de Vargas.

“No hemos tenido un pronunciamiento que nos haga sentir en confianza y que efectivamente pertenecemos al Órgano Judicial. El hecho de que otras entidades nos ultrajen como jueces por lo menos esperaríamos un pronunciamiento de Corte Plena y ojalá lo hagan”, dijo la jueza de Vargas de 63 años de edad y 28 años de servicio en la judicatura

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Cesia Romero, magistrada de la Cámara Ambiental de San Salvador, demandó de la Corte Plena que no aplique el referido decreto en el que “se establece un trato desigual, injusto, indiscriminativo por razones de la edad”.

Fue claro en asegurar que no es que estén defendiendo la corrupción, pero recordó que ya existen los mecanismos legales en la Corte Suprema de Justicia para depurar el sistema judicial.

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez respondió que: “nosotros como Corte Plena no es faculta nuestra… es imposible que nosotros nos introduzcamos en una acción de pretender de que la Asamblea Legislativa o Casa Presidencial haga una modificación, lo que sea, no es nuestra competencia, a nosotros nos toca aplicar el decreto legislativo cuando entre en vigencia”, dijo López Jerez.

En la reunión, el presidente impuesto aseguró que él desconocía que “venía ese decreto” ni por los canales oficiales, ni por amigos o conocidos.

Otras de las peticiones hechas por los representantes de los funcionarios judiciales es que a los jueces y magistrados que sean retirados de manera obligatoria se les de una digna remuneración económica por los años de servicio en la judicatura.

Una jueza aseguró que antes del decreto legislativo ya había una propuesta de aumentar la indemnización por retiro voluntario.

“No es necesario que se apruebe ese decreto (de retiro obligatorio), pero sí hay un incremento, muchos nos retiraríamos y creíamos que no es necesario ese decreto para pedir el refuerzo presupuestario y si ese refuerzo se da, si se autoriza, muchos estaríamos en la disponibilidad de retirarnos”, dijo.

El magistrado de la Cámara Ambiental de Santa Tecla, La Libertad, Samuel Lizama, sostuvo que mejor hubiesen aprobado un decreto con incentivos apropiados para el retiro voluntario porque “los jueces y juezas merecen respeto, ahí salieron unos señalamientos impropios contra funcionarios que han trabajado toda la vida y han servido en el Órgano Judicial”.

Agregó que “debe de haber un retiro digno para los funcionarios judiciales y también somos conscientes que hay o pueden haber casos de corrupción de funcionarios judiciales, pero eso existen la Sección de Investigación Judicial y hay que seguir el debido proceso. Nosotros somos los principales interesados que malos funcionarios salgan del Órgano Judicial porque dañan la imagen de los demás”.

Se estima, por parte del gremio de jueces y magistrado, que 249 funcionarios judiciales serían retirados de sus funciones de forma obligada al entrar en vigencia el referido decreto legislativo.

De ese total, 104 son jueces de Paz, 103 jueces de Primera Instancia, y 42 magistrados de Cámara.

López Jerez pedirá refuerzo presupuestario para indemnizar a jueces

López Jerez se comprometió ante los representantes de los funcionarios judiciales a pedir $20 millones para indemnizar con 24 salarios mensuales a los jueces y magistrados que podrían ser obligados a retirarse de sus cargos por el decreto.

Sin embargo, el presidente del Órgano Judicial se trató de desligar del ofrecimiento al señalar que será el Ministerio de Hacienda el responsable de aprobar o no el refuerzo presupuestario.

“Esto es para encontrar la forma de cómo se le va a indemnizar a cada juez o magistrado que al entrar en vigencia del decreto legislativo quede cesado”, dijo López Jerez.

Secretario Jurídico señala que CSJ se                          encargará del retiro
El secretario jurídico de la Presidencia, Javier Argueta dijo en el espacio de opinión Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que el decreto le “deja los mecanismos a la CSJ para que establezca la gradualidad de la salida y las indemnizaciones”. Lo anterior significa que “si la Corte considera que hay un bagaje o un elemento de aporte que faltan dos años más, decide”.

Aseguró que existen casos de jueces que “ya no llegan (al tribunal), que les llevan las resoluciones a la casa, me decían que él ya no lee, solo firma”.

También la Corte decidirá qué jueces quedarían bajo el régimen de disponibilidad por la relevancia de los casos judiciales que conocen.

“Hay jueces que están conociendo el tema de los Derechos Humanos, seguro que la Corte no los debe de mover ni los va a mover, sino que debe de dejarlos para efecto de que sigan conociendo los casos de violaciones de derechos humanos, dijo Argueta.

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