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Cuatro riesgos democráticos tras la purga de jueces que promueve el oficialismo

Con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, se consolida la cultura de miedo y sumisión al poder, a fin de evitar persecución política o instrumentalización de la justicia.

Por Ricardo Avelar | Sep 03, 2021- 06:00

"Repudiamos todos los actos que tienen por fin el amedrentamiento de las luchas sociales disidentes al régimen de Bukele, incluido el curso de odio", dijeron jóvenes que protestaron contra la consolidación del poder de Bukele. Foto EDH/ Yessica Hompanera

El martes 31 de agosto, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó, con considerable celeridad y diligencia a los designios de Casa Presidencial, un pliego de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Estas van en el sentido de enviar al retiro forzoso a los jueces de más de 60 años o más de 30 años de servicio, así como facilitar el traslado de jueces y magistrados de cámaras a diferentes tribunales.

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Además de ser una afrenta a la independencia judicial, otro golpe a la democracia y un paso más en la consolidación del poder total de Nayib Bukele, estas reformas abren la puerta a al menos cuatro situaciones problemáticas para el Estado de derecho, que ya está al borde del abismo en El Salvador.

1. La legitimación del absurdo

Los diputados del oficialismo afirmaron que el Judicial está enfermo de corrupción y prometieron limpiar ese ramo del Estado, aunque lo hicieron con una reforma que no estaban facultados a aprobar. Además, si lo que buscaban era limpiar de corrupción, ¿por qué el criterio para remover jueces sería la edad?

2. Impunidad

Al dejar cientos de plazas vacantes en el Judicial, deberán sustituir a los aplicadores de justicia y se puede esperar que estos surjan de gente afín al proyecto oficialista. Esto puede abrir la puerta a que los personajes cercanos al oficialismo tengan un trato cordial y favorable dentro de los tribunales.

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Esto se hace relevante mientras en las cortes del país se discute casos como la masacre de El Mozote. El juez del caso, que sería víctima de la purga, ha exigido archivos militares pero el gobierno de Nayib Bukele se lo ha impedido.

3. Persecución a opositores

Además de garantizar impunidad para los cercanos, con jueces afines se completa la cadena de persecución política a opositores, críticos del régimen y hasta periodistas que hagan preguntas incómodas al poder. Aun si estos ciudadanos perseguidos no han cometido delito alguno, como advirtió el juez Antonio Durán, la justicia dependerá de las posturas políticas de los ciudadanos y qué tanto el gobierno los considere adversarios.

4. La instauración del silencio y la pleitesía

Con estas reformas, se fomenta el miedo y se genera un incentivo político nocivo: el de silencio y pleitesía.

Si una persona guarda silencio ante abusos de poder, será premiada o ascendida. Si esta critica los excesos del régimen o denuncia irregularidades, está en riesgo de persecución arbitraria e instrumentalización de la justicia.

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