“Hoy en día, lastimosamente, activar una acción judicial en vez de ser un mecanismo para tutelar los derechos humanos, como debería de ser, se usa como amenaza, una amenaza para quienes se atrevan a contrariar al régimen y eso gravísimo”, dijo Ana Gabriela Santos, quien dirigió la investigación para elaborar el informe del Idhuca con respecto al control que ejerce el Ejecutivo sobre el Órgano Judicial.
Lo anterior en referencia a funcionarios y diputados oficialistas que suelen amenazar a sus críticos u opositores políticos con demandarlos en la Fiscalía General o en los tribunales por cuestionamientos que les hacen en las redes sociales, porque confían en que los funcionarios impuestos les puedan resolver a su favor.
Agregó que “la justicia que en principio es un ideal, se ha convertido en venganza y eso también no lo podemos permitir porque riñe con todos los presupuestos que se deben de respetar, que se deben de seguir y que se deben de cuidar dentro de un Estado democrático de derecho”.
Tal es el caso de la diputada del partido oficialista Nuevas Ideas, Marcela Pineda que demandó ante los tribunales de justicia a la investigadora en temas de seguridad pública a Jeannette Aguilar por supuesta difamación.
Aguilar publicó el 3 de diciembre un tuit en el que citaba una frase del expresidente de Uruguay, José Mujica, en respuesta a una publicación que se hiciera en una cuenta de Twitter, donde se cuestionaban los ingresos económicos de la diputada Pineda.
La diputada aseguró que Aguilar “replicó y difundió información falsa contra mi persona”. Ella aseguró que no busca una compensación económica, sino una “disculpa pública” por parte de la investigadora.
Algunos abogados han coincidido en que no se tipifica ninguna conducta delictiva el hecho de citar un tuit en las redes sociales.
José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), sostuvo que todas las personas tienen derecho a presentar una denuncia cuando se sienta agraviada, pero cuando una denuncia es “infundada ya ni debería de llegar al juez, debe simplemente desecharla”.
Agregó que “no se puede acusar de algo que no ha sucedido a alguien por el simple hecho de no me gusta esa persona o porque no me gusta lo que ha dicho o lo siento como crítica”.
Tojeira considera que “si se trata de alguien que citó a un político, uno diría que se está manipulando la realidad. Hay gente que tiene una sensibilidad exquisita, una cosa es tener mucha sensibilidad ante una opinión divergente y otra cosa que sea delito o que sea un insulto”.
VER: Estado costarricense perdió un caso similar a la demanda interpuesta contra Jeannette Aguilar
Si algún funcionario se siente atacado por voces opositoras, él tiene derecho a defenderse, pero “una cosa es defenderse con razones que es como se defiende la gente civilizada y otra cosa es defenderse con insultos”.
Agregó que “existe esa sensibilidad en especial cuando se siente uno ofendido por una crítica que puede ser racional o puede ser no racional, pero que no tiene porque ser judicializada ni considerada delito”.