El diagnóstico de Transparencia Internacional (TI) para El Salvador no es alentador. En su más reciente Índice de Corrupción Global, esta institución da cuenta de importantes retrocesos del país en la materia.
Por un lado, afirma que la “alarmante concentración de poder en el ramo ejecutivo” llevó a que en El Salvador hubiera una “explosión de irregularidades y casos de corrupción asociados a la atención al COVID-19”.
Asimismo, señala que en toda la región, incluyendo a El Salvador, la ciudadanía ha enfrentado obstáculos al querer acceder a información confiable y actualizada sobre estadísticas de salud y la atención a la pandemia.
En términos generales, TI afirma que un reto importante que enfrenta la región es asegurar que los fondos de emergencia para paliar la crisis no se pierdan en corrupción y alcancen a los beneficiarios. “No llevar esta ayuda plantea el riesgo de descontento social, alimenta el populismo dañino y crea más pobreza y desigualdad”, añade.
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En el caso particular de El Salvador, señala que en relación a los años anteriores, que ya planteaban estancamiento en transparencia y combate a la corrupción, “el retroceso” en 2020 fue “mucho más serio”.
Por un lado, citan irregularidades “desconcertantes”. Entre ellas, la compra con sobreprecio de insumos médicos por casi $12 millones a una empresa dedicada a reparaciones automotrices en España. Asimismo, destaca que el país no ha establecido criterios claros para entregar transferencias de efectivo.
De hecho, la Corte de Cuentas dijo en mayo de 2020 que el Gobierno repartió $30 millones a 100,000 personas con criterios poco claros.
Finalmente, Transparencia Internacional lamenta que la Ley de Acceso a la Información Pública, así como otras herramientas de transparencia, se pusieran en el congelador durante la primera etapa de la pandemia.