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Claudia Ortiz cuestiona prórroga del régimen de excepción por "violaciones a derechos"; Guillermo Gallegos plantea que medida debería ser permanente

En 30 días del régimen de excepción, Cristosal denunció que ha registrado "detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y violaciones a las garantías judiciales".

Por Liseth Alas | Abr 28, 2022- 09:39

Foto EDH/ Jessica Orellana

Mientras el presidente Nayib Bukele informó a través de Twitter que el número de personas capturadas durante el régimen de excepción superaba hasta el 27 de abril las 20,000, Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, se planteó una serie de interrogantes en torno a la medida en la que cree que también "han pagado justos por pecadores" ante denuncias que se han conocido a través de las redes sociales y que han recibido organizaciones de la sociedad civil sobre arrestos arbitrarios.

"¿Qué viene después? ¿Qué se va a hacer con las personas detenidas injustamente que han perdido su empleo? ¿Qué se va a hacer para los familiares de los que han fallecido estando en detención? ¿Va a ver una reparación?", se preguntó durante la entrevista Frente a Frente.

Durante 30 días en que el gobierno ha implementado el régimen de excepción, Cristosal informó que había recibido 147 denuncias por detenciones arbitrarias, "en las que ha identificado tratos crueles, inhumanos, degradantes y reiteradas violaciones a las garantías judiciales mínimas en los procesos judiciales iniciados".

Aunque la medida solo contempla la restricción de la libertad de asociación, derecho de la defensa, plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, abogados han advertido que también se han visto vulnerados otros derechos en el país como el de la presunción de inocencia. Durante las capturas masivas han trascendido, incluso, historias de jóvenes que fueron detenidos y hasta maltratados por el hecho de vivir en lugares considerados peligrosos.

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"Yo he dicho en mi intervención a los colegas de la bancada oficialista: no estoy defendiendo a los grupos criminales, encárguense de ellos, llévenlos a la justicia, investiguen bien esos casos. Estamos abogando por soluciones serias", prosiguió Ortiz.

Pese a las violaciones a derechos humanos que han denunciado las organizaciones en el marco del régimen de excepción, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dijo en la entrevista Diálogo con Ernesto López "que lo más importante de hacer notar de esto es la cantidad de capturas que hay, que son más de 20,000 capturas de terroristas, por supuesto que pueden haber márgenes de error, hay personas que tal vez no son pandilleras, pero que en las audiencias fueron liberadas", aseguró.

Ortiz coincidió con lo dicho por abogados y diversos sectores pro derechos humanos en que "no es necesario un régimen de excepción para combatir el crimen", pues subrayó que "eso debe hacerse siempre".

Expertos han indicado que las autoridades cuentan con "las herramientas legales" para enfrentar a la delincuencia y han criticado que la aprobación de un régimen de excepción solo confirma que el Plan Control Territorial "no funcionó o nunca existió".

"Régimen de excepción debería ser permanente"

A criterio del diputado Gallegos ante los resultados del régimen de excepción, que para él son positivos, este debería ser permanente.

"Si de mí dependiera, esto (régimen de excepción) fuera permanente hasta que no hubiera un pandillero en las calles de nuestro país... Mientras exista un pandillero fuera de la cárcel tiene que seguirse aplicando el régimen de excepción", sostuvo.

Ante los cuestionamientos de sectores del por qué las autoridades no habían procedido contra los sospechosos si ya se tenían ubicados, Gallego se basó en las reformas penales avaladas a finales de marzo en las que se contempló como "delito ser marero". Sin embargo, abogados han sostenido que la pertenencia a pandillas, consideradas agrupaciones ilícitas, ya estaba penado en el país desde antes y lo que se hizo con las enmiendas fue incrementar los años de cárcel.

"Hay gente que cuestiona si ya tenían la base de datos porque no los capturaron, primero la base de datos no se inició con esta gestión, eso tiene como 8 o 9 años, segundo no se podían capturar porque no era delito ser marero en este país, ahora sí es delito y con esa base de datos la Policía lo ha tenido señalados donde estaban y lo han ido a capturar", expresó.

Insistió en que "el régimen de excepción no debe quedarse limitado a 60 días, sino que debe seguirse ampliando".

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