La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señala que el Estado salvadoreño incumple sus obligaciones internacionales en torno a la falta de una ley de justicia transicional, esto en el marco del 33 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Asimismo, para Ortiz es un Estado que incumple sus propias sentencias.
Luego de nueve años de que hubo un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de emitir una ley, esta no existe y para Ortiz, no hay indicios de que ocurra en la Asamblea, que es el Órgano obligado.
"En un Estado hipócrita que dice que las víctimas importan, que aprueba días conmemorativos de las víctimas; pero solo utilizan el tema y no emiten las leyes necesarias para que esto sea una realidad", dijo en entrevista con El Diario de Hoy.
¿Cree que la justicia transicional es un tema que se ha visto politizado?
Yo distinguiría tal vez dos etapas: Una antes de 2021, desde que se promulgó la sentencia que declaraba inconstitucional la ley de Amnistía y que daba a la Asamblea el mandato de tener una ley de justicia transicional.
En ese momento veíamos cómo las víctimas y las organizaciones de derechos humanos tenían la posibilidad de hacer incidencia frente a los tomadores de decisión que es la Asamblea. El espacio cívico era mayor que lo que hubo después de 2021.
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En ese momento era más claro que habían intereses de mantener la impunidad, por un lado quizás porque los que iban a tomar la decisión también habían estado involucrados en el conflicto; pero cuando cambia la configuración de la Asamblea en 2021 que las víctimas presentan un nuevo proyecto de ley, parece que nada cambió y que se mantuvo esa intención de impunidad.
En la etapa previa era más un tema de no hacer avanzar o de introducir artículos que dejaran sin la efectividad necesaria la búsqueda de la verdad y justicia, por eso el mismo Ejecutivo vetó la ley con razón, porque tenía cosas que no eran adecuadas para los estándares internacionales de justicia y de las sentencias.
Pero luego cuando se mantiene el bloqueo a la iniciativa y al tema y que El Estado, aunque cambió de partido de gobierno o incluso los grupos dominantes cambiaron también, se mantuvo la práctica de la impunidad y de bloquear las iniciativas.
Aunque cambian los actores políticos, pero la práctica no cambia, hay actores que no son tan visibles e intereses muy poderosos que tienen la necesidad de que no exista una ley.
¿Avanzando los años podría acabar, porque quienes tuvieron un papel protagónico o secundario ya estarán de muy avanzada edad?
Ese es el cálculo, que víctimas y victimarios vayan haciéndose mayores, vayan falleciendo y entonces la justicia nunca llegue. El cálculo ha sido retener esta ley hasta el mayor tiempo posible para que ya la justicia no llegue y ya estamos en ese punto.
No puede ser justicia cuando la persona ya falleció, los responsables ya fallecieron o a quién le harán justicia cuando la víctima directa o los familiares directos tampoco están.
En el aniversario de los Acuerdos de Paz, ¿sigue pendiente concretar dicho momento con la aprobación de una ley de justicia transicional?
Los Acuerdos de Paz cumplieron su objetivo en el sentido de que se acabó el conflicto, que este dejó de ser bélico y se llevó al ámbito político para 'resolverlo de forma civilizada como una sociedad democrática', que pasa sus conflictos por el debate.
Eso es lo que nos dejó los Acuerdos y superar el horror de la guerra, 33 años después vale mucho la pena revisar los sectores democráticos de nuestra sociedad, revisar qué aspectos de esos Acuerdos de Paz siguen pendientes y hay que ponerse a trabajar.
A mí me gustaría hacer énfasis en las causas que dieron origen al conflicto armado, porque muchas de esas no se han abordado. Han pasado 33 años y ni los gobiernos de ARENA, ni del FMLN, ni el que está ahorita han logrado plantear un plan de largo plazo que profundice en las causas de los problemas sociales y económicos del país y ponga las bases para una nueva etapa.

Una en donde se pongan las bases con instituciones que le van a cumplir los derechos a la gente, eso falta y esos deberían ser nuevos Acuerdos de paz.
Hemos definido siete prioridades para el país, para poder darle a la gente una vida digna: agua, soberanía alimentaria, vivienda digna, mayor inversión en educación y salud, empleo, inclusión de poblaciones vulnerables, justicia sin margen de error y pareja para todos.
Hemos visto negativa de la gestión de Nayib Bukele para abrir archivos militares claves, ¿qué cree que necesita Nuevas Ideas para aprobar una ley?
Independencia, representar al pueblo realmente. Yo no diría solamente Nuevas Ideas, tienen la mayoría sí; pero ya no es una mayoría legítima porque no están legislando con una agenda según las prioridades que la gente plantea, sino, según la agenda de una minoría.
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¿Qué necesita la Asamblea? Que cada diputado ejerza su rol como la Constitución lo manda, independiente. Eso falta, esa voluntad política, esa independencia.
¿Qué destaca de las propuestas de ley que se han presentado?
En primer lugar, la forma en cómo estas se han construido, porque ha habido participación de especialistas en los temas; pero eso siempre acompañado de la participación de las víctimas, que son personas con una trayectoria de lucha social muy importante que conocen sus derechos de una forma muy clara. No se han detenido en un proyecto, lo han ido mejorando y se toma la decisión en asamblea de organizaciones y de víctimas mismas.
En segundo lugar, la estructura que ha tenido tiene todos los pilares de la justicia transicional. En la versión anterior estaba verdad, justicia y garantía de no repetición.

También destaco que se generen reglas para integrar la aparente contradicción que pudiera haber entre las leyes penales de esa época y nuestra Constitución actual, que es la que tiene que prevalecer.
En el pilar de reparación, la creación de un registro de víctimas y en garantías de no repetición hay algunos mandatos para la Fuerza Armada, para que no vuelvan a suceder esos hechos, incluso hubiese servido para que hubiera incursión militar en esta Asamblea hace cuatro años.
La última versión incluye el pilar de memoria que es muy importante, incluye esa obligación de preservar esos lugares o cosas y que esto se impregne en el día a día de la cultura salvadoreña.
¿Propondrá de nuevo que se estudie alguna propuesta de ley redactada por las víctimas y organizaciones?
Sí, porque tenemos una relación muy cercana con las organizaciones. Tenemos claro que ellos son los dueños del proceso, ellos los lideran y nosotras somos aliadas. Es importante que esto a nivel internacional se mantenga vigente porque la impunidad del pasado permite la impunidad del presente y como no tuvimos esa ley no se han cerrado los casos con justicia, la gente no quiere que queden en el olvido.
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Como ese ciclo no lo hemos cerrado se está iniciando otro, estamos iniciando un nuevo ciclo de grandes violaciones a derechos humanos. No tuvimos garantía de no repetición, entonces se está repitiendo la historia de abusos de poder, abusos de derechos humanos, desapariciones por parte del Estado.
Vamos a necesitar una ley de justicia transicional para la etapa que estamos viviendo de grandes violaciones de derechos humanos, hay que pararlo ya; no son casos aislados. El tema de derechos humanos es la medida de lo que entendemos como dignidad humana.
¿Que no esté en la agenda del oficialismo cree que eso haya frenado que en la legislatura 2021-2024 se abordara más el tema?
Sí, fue extraño porque al principio estaban como queriendo dar la apariencia de que el tema iba y estaban comprometidos con eso, de que no eran los mismos de siempre y terminaron haciendo lo de los mismos de siempre: escuchando a las víctimas y al final no les resolvieron. En los últimos años han fallecido dos personas que vinieron a la comisión a pedir que se aprobara la ley y, lamentablemente, fallecieron sin encontrar una respuesta favorable de esta Asamblea.
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