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Ciudadanos solicitan cada vez menos información pública

En diez años la diferencia de emisión de solicitudes va a la baja, según un informe del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Por Jessica García | Ene 06, 2024- 23:30

Foto EDH/ Archivo

La ciudadanía salvadoreña, año con año, va dejando de solicitar cuentas, informes, actas, resoluciones o cualquier otro material que convenga para fiscalizar el trabajo de las instituciones y funcionarios públicos, así deja ver el reciente informe presentado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a la Asamblea Legislativa.

Durante el período comprendido entre diciembre del 2022 y marzo 2023, el IAIP requirió a los oficiales de información de los diferentes entes obligados, completar un cuestionario en línea, mediante el cual se registró la cantidad de solicitudes recibidas y su resultado, tipos de información más solicitada, plazos de entrega, medios utilizados para presentar peticiones, medios de notificaciones, procedencia de los solicitantes, entre otros aspectos que reflejan el estado del acceso a la información pública durante el período reportado.

Para el año 2022, se registró un aproximado de 370 Unidades de Acceso a la Información pública: 108 en instituciones del gobierno central y 262 en gobiernos locales.

Sobre el tipo de información que más se solicitó fueron la oficiosa y pública. En 2014, el nivel de acceso público era el más común, con un total de 19,050 documentos. Sin embargo, en 2022, el nivel de acceso público solo representaba el 8.3% del total, con un total de 23,079 documentos.

En términos generales, se puede decir que la clasificación de documentos se ha vuelto más restrictiva en los últimos años (Ver gráfica).

En las solicitudes de acceso a la información se debe especificar si la hace una persona natural o una persona jurídica, y según se evidencia en el informe del Instituto son más los ciudadanos que hacen uso del recurso legal.

Los registros muestran que a lo largo de los últimos años se han realizado más solicitudes de personas naturales que jurídicas (ver gráfica).

Sobre el plazo de respuesta

La mayoría de los entes obligados (57%) responde a las solicitudes entre 7 a 10 días hábiles. En el 30% de los casos responden entre 4 y 6 días hábiles. El 13% brindó respuesta a las solicitudes en un plazo de 1 a 3 días hábiles.

Al analizar los plazos de respuesta para la información que excede los 5 años de haberse generado, los datos varían.

Cuando la información supera los 5 años, la respuesta del oficial de información en un total de 110 entes obligados fue notificada al solicitante en un plazo entre 1 y 10 días hábiles; en 63 entes obligados, los oficiales brindaron respuesta entre 11 y 15 días hábiles; y en 16 entes obligados los oficiales respondieron en más de 16 días hábiles.

Sobre el canal de respuesta

Las personas en su mayoría prefieren recibir sus respuestas a través de correo electrónico y de forma presencial.

La notificación puede realizarse a través de correo electrónico, fax, notificación presencial en las oficinas de la Unidad de Acceso en donde solicitó la información, por correo nacional (siempre y cuando la institución tenga habilitado este mecanismo); y finalmente, en la dirección física señalada por el solicitante o mediante una esquela institucional.

Las debilidades del IAIP

El instituto reconoció que durante los últimos años, el IAIP ha evidenciado un incremento en la demanda de servicios, especialmente en términos de solicitudes de capacitación y formación a la sociedad civil y a los entes obligados.

“Si bien durante los últimos años se han implementado estrategias para atender la demanda de capacitación y formación a nivel territorial, aún no se logra llegar a todo el territorio nacional”, reconoció el instituto.

Y otro reto, que reconocen que es una de las dificultades que se repite año con año, es en la capacidad de cumplir con la totalidad de casos que ingresan a la Gerencia Legal: “Esto debido a que la demanda de servicios crece año con año”.

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