La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Beatriz, una joven salvadoreña con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, a quien el Estado salvadoreño le prohibió la interrupción voluntaria del embarazo.
La comisión consideró que "en ese caso específico el Estado salvadoreño impidió que la joven pudiera acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna, ante una situación de riesgo grave a la vida, la salud e integridad personal, y de inviabilidad del feto con la vida extrauterina".
Sin embargo, la misma Comisión afirma que la Sala de lo Constitucional en abril de 2013 admitió un amparo donde dictó una medida cautelar para garantizar su vida y salud física y mental, en el que se ordenó al hospital de Maternidad que garantizara la salud y la vida de Beatriz así como la del feto.
Un mes después, la Sala rechazó la demanda de amparo al considerar que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas.
El máximo tribunal consideró que al hospitalizar a la paciente las autoridades le garantizaron su derecho a la salud y a la vida. Además, le impidió la interrupción del embarazo, basado en la protección constitucional a la persona humana desde el momento de la concepción.
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La CIDH consideró que si bien la protección de la vida desde la concepción constituye un fin legítimo, la criminalización de la interrupción del embarazo cuando existe incompatibilidad del feto con la vida extrauterina no logra satisfacer el requisito de idoneidad, dado que el interés protegido (la vida del feto), indefectiblemente no podrá materializarse.
El 3 de junio de 2013, Beatriz fue sometida a una cesárea. El feto anencefálico (sin cerebro ni cráneo) falleció horas después.