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Corte-IDH condena a El Salvador por caso Manuela, que fue acusada de matar a su recién nacido

Manuela, una mujer salvadoreña de escasos recursos, analfabeta y habitante de una zona rural, murió en la cárcel purgando una condena de 30 años por tener un parto extrahospitalario, tipificado como homicidio agravado.

Por Mirella Cáceres / EFE | Dic 01, 2021- 09:06

“Jesús”, hijo de Manuela, muestra la sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) durante una conferencia en la que se declara que su madre no abortó sino que tuvo una “emergencia obstétrica”. Foto / EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sentenció a El Salvador por la detención, condena y posterior muerte de una mujer llamada Manuela, que sufrió una "emergencia obstétrica", pero que fue acusada de homicidio de su hijo recién nacido.

Manuela, quien era de escasos recursos, analfabeta y habitante de una zona rural, murió en la cárcel purgando una condena de 30 años por tener un parto extrahospitalario, tipificado como homicidio agravado.

La tarde del martes, el tribunal internacional con sede en Costa Rica anunció que sentenció al Estado salvadoreño como responsable de la violación de los derechos de la mujer a la libertad personal, presunción de inocencia, juzgamiento imparcial y a la vida entre otros.

Julia Regina de Cardenal: Sesgo en resolución de la Corte IDH contra El Salvador

En 2008, la justicia salvadoreña determinó que Manuela habría matado a su hijo recién nacido, mientras diversas oenegés y agrupaciones defensoras han insistido en que la muerte del bebé no fue una acción de dolo.

En la audiencia celebrada por la CIDH en marzo pasado, en representación del Estado salvadoreño, la Fiscalía General expuso que Manuela fue procesada y posteriormente condenada no por aborto, pues esa figura no existe en la legislación, sino por habérsele comprobado que el niño “nació vivo” y fue víctima de homicidio agravado.

Los fiscales dijeron que en este proceso se quiso caracterizar un homicidio agravado de un recién nacido como una emergencia obstétrica, por lo que “es una deliberada manipulación de los hechos y del derecho aplicado en este caso”.

Dijeron que fue acreditado que con base en pruebas a los pulmones de “Ángel Gabriel”, como se denomina al niño en el proceso, demostraron que él “nació vivo y respiró, que tuvo vida independiente y tuvo existencia legal” por al menos 15 minutos.

Pero la Corte IDH dio validez a lo expuesto por la defensa que alegó que el 26 de febrero de 2008 “Manuela sufrió una fuerte caída en la que se lastimó la región pélvica y derivó en un sangramiento transvaginal” y que al día siguiente, su madre la halló inconsciente y aún con sangrado y la trasladó al hospital de San Francisco Gotera, Morazán.

Diversas oenegés y agrupaciones defensoras han insistido en que la muerte del bebé no fue una acción de dolo. Foto Archivo

Así también consta en el proceso que la doctora que atendió a la mujer denunció el hecho como posible aborto y dos días después, la Policía dijo que encontró “dentro de una fosa séptica un cuerpo de un recién nacido muerto”.

El código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y es sancionado con hasta ocho años de cárcel. Sin embargo, la Corte analizó que “desde que entró en vigor la penalización absoluta del aborto en El Salvador, se han criminalizado a mujeres que han sufrido abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas”.

“En muchos casos estas mujeres son condenadas por homicidio agravado y no por aborto, por lo que la condena es de entre 30 y 50 años de prisión”, como en el caso de Manuela, afirma la CorteIDH.

Durante el proceso judicial, la Corte-IDH también señaló que hubo vicios de procedimiento, como esposar a Manuela en su cama del hospital aún sin que le decretaran medidas cautelares; que 30 minutos antes de su audiencia su defensor público solicitó ser sustituido y que tras su condena no se presentó ningún recurso a la decisión.

La Corte también apunta a que, ya encarcelada, el Estado le brindó un tratamiento irregular a su linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, no diagnosticado hasta 2009 (cuando durante su arresto ya presentaba visibles masas en su cuello). No fue llevada a citas de control y quimioterapia, omisiones que habrían acelerado su muerte a los 33 años, el 30 de abril de 2010, en el hospital Rosales.

Pero Fiscalía refutó ante la Cortes que hay constancia en documentos clínicos sobre los procedimientos aplicados desde que ella ingresó al hospital.

Las reacciones

Tras el fallo de la Corte-IDH, uno de los hijos de Manuela, identificado como “Jesús”, dijo sentirse orgulloso de que el nombre de su madre se haya “limpiado”.

“Lo que hicieron con mi mama no estuvo bien, no investigaron que ella estaba enferma, no investigaron que podía dejar a sus hijos huérfanos, no vinieron a investigar que mi mama se podía morir... hicieron una injusticia con mi mamá”, dijo en rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de Morena Herrera y otras representantes de oenegés de mujeres.

Herrera dijo por su parte que el gobierno actual tiene la oportunidad de reparar el daño a la familia de Manuela en nombre del Estado y de establecer medidas para que hechos como este no se repitan, aunque señaló que las denuncias de mujeres que llegan por emergencia obstétrica y abortos espontáneos ha incrementado, pese a que Nayib Bukele en campaña prometió que no se denunciaría a mujeres pobres que llegaran así a los hospitales.

Mientras diferentes organizaciones de mujeres celebraron la decisión de la CorteIDH, representantes de otras organizaciones en favor de la vida y contra el aborto lamentaron la sentencia en este caso.

Julia Regina de Cardenal, de Fundación Sí a la Vida, dijo que “ es inconcebible y lamentable que la CorteIDH, que supuestamente defiende los derechos humanos dé una sentencia discriminatoria e injusta en contra de la vida de los más desprotegidos”, en referencia al hijo de Manuela. (Ver columna en página 20).

La Corte-IDH ordenó al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; otorgar becas de estudio a los hijos de Manuela y brindar gratuitamente tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a sus padres.

Hasta anoche, el gobierno no había emitido ninguna reacción tras la sentencia. Se preguntó a Fiscalía sobre su posición pero no respondió.

 

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