Llama la atención que el convenio con China se ratifique días después que el Departamento de Estado de Estados Unidos diera a conocer a petición de la congresista Norma Torres, una lista parcial de “corruptos” de la región, en la que se involucran a funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno, expresó José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
En la nómina que publicó Torres, aparecen señalados Carolina Recinos, jefa del gabinete salvadoreño y el exministro de Seguridad, Rogelio Rivas, como personas sobre las que recaen “razones creíbles” para pensar que tienen vinculación con “actos de corrupción”.
Además de exfuncionarios del FMLN como el expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes; el dirigente del FMLN, José Luis Merino, a quien se le asocia una especie de apadrinamiento en la candidatura del ahora presidente Nayib Bukele; y el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, del partido aliado al oficialismo.
“En el día posterior a una lista que señala a funcionarios de corrupción, es evidente que puede servir de distracción, un poco de chantaje burdo y de inexperiencia en relaciones diplomáticas, incomprensión de la geopolítica”, aseveró Marinero.
Reflexionó que pretender sustituir de la noche a la mañana la relación que El Salvador mantiene con su principal socio comercial que es Estados Unidos y en el que viven más de tres millones de compatriotas “es un poco ingenuo”.
“Me parece que es un intento de chantaje, muestra de fuerza, que sé es fuerte. La ciudadanía debe estar preocupada por el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, las personas que tienen parientes en Estados Unidos, que han gozado de condiciones favorables y de oportunidades laborales”, esgrimió.
Pareciera que el acuerdo es un acto usual, pero en realidad detrás de esa ratificación del convenio, hay detrás una intención del presidente Nayib Bukele de medir fuerzas, de hacerle saber a Estados Unidos que puede hacer negocios con otros países y “sin condiciones”, aunque en realidad el costo sea muy alto, como perder la soberanía, explicaron otros abogados como Xenia Hernández, directora de DTJ y Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).
No es en sí tanto el acuerdo que podría permitir el desarrollo de cualquier tipo de proyectos, pero con la transparencia debida, lo cual tampoco existe, sino el momento, la oportunidad que vio Bukele dentro de la coyuntura que hacen pensar a Marinero que no es “casual”.
“Es una reacción frente a señalamientos graves que ha hecho Estados Unidos de la jefa de gabinete, Carolina Recinos”, afirmó el abogado.