Las “condiciones de dureza” con las que las autoridades de Centros Penales han tratado a los exfuncionarios del FMLN y al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los convierte en presos políticos, según el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), José María Tojeira.
“Independientemente de que haya o no haya causa en algunas de las detenciones de miembros del FMLN o de ARENA, lo que es evidente es que hay un claro tinte político que justifica decir que empieza a haber en El Salvador, de nuevo, presos políticos”, dijo Tojeira.
A su juicio, “el preso político no necesariamente es detenido por sus ideas políticas, sino que precisamente por ser político se le impone unas condiciones de dureza especial como se les han impuesto a las personas del FMLN y de ARENA”.
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Para el director del Idhuca, al ser sometidos con ese tipo de medidas especiales “independientemente si han tenido algún tipo de delito o no lo hayan tenido los convierte en presos políticos”, por lo que reiteró: “Yo sí creo que hay presos políticos, ciertamente el tinte político es evidente”.
La temática anterior fue abordada por Tojeira en el marco de las condiciones de hacinamiento y supuestas transgresiones a los derechos de la población reclusa, y que fue parte del informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana, presentado ayer.
Agregan que al momento de sus detenciones nunca les notificaron los delitos por los que eran acusados.
De acuerdo a la información obtenida por el OUDH, los centros penitenciarios presentaban una sobre población del 142 por ciento al 137 por ciento entre los años 2018-2020.
En los primeros seis meses de este año, las autoridades penitenciarias aseguraban que registraban una reducción del hacinamiento carcelario de hasta un 8 por ciento.
“La reducción de 29 puntos porcentuales en el hacinamiento carcelario, en el lapso de 4-5 meses, no puede ser tomado como un hecho verídico o legítimo hasta que estas instituciones dejen de ocultar y restringir el acceso a información y permitan nuevamente el flujo datos públicos sobre la situación penitenciaria”, señala el informe.
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Destaca el informe que la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió 108 denuncias de privados de libertad que sufrieron vulneraciones en sus derechos, en el período de junio de 2019 a junio de 2021.
Señala además que 68 de esas denuncias fueron registradas en el primer semestre de 2021. Entre las violaciones denunciadas están: “malos tratos” y “omisión o negligencia para traslado a centro hospitalario”.