Un total de 1,303 personas desaparecieron en los primeros dos años del gobierno de Bukele, esto basado en cifras de la Policía, según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) que ayer presentó el informe Radiografía sobre el Derecho a la Libertad Personal en El Salvador, período de junio 2019 a junio de 2021.
De los 3,751 casos de personas reportadas como desaparecidas que registra la Policía Nacional Civil (PNC) en ese período, hay 1,303 personas que todavía siguen desaparecidas, resalta el informe.
De ese universo, hubo 2,448 personas que desaparecieron por distintas circunstancias, pero que luego fueron encontradas, ya sea con vida o sin vida.
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De los datos anteriores, 2,039 personas fueron halladas con vida, pero no había ningún delito que perseguir. Otras 190 personas fueron halladas con vida y sí había algún delito detrás del hecho.
Así también, 188 víctimas fueron halladas sin vida como resultado de un delito y 31 desaparecidos hallados sin vida, pero no hubo ningún delito detrás de la desaparición.
“En conclusión, los datos muestran que cada año más de la mitad (54.35 %) las personas desaparecidas son encontradas con vida y sin que haya mediado delito alguno”, dijo Daniel Flores, coordinador de OUDH.
El informe de la OUDH también retoma el registro de la Fiscalía General de las 6,470 denuncias de personas desaparecidas entre enero de 2019 a junio de 2021.
Las investigaciones fiscales de estos casos fueron abiertas como atentados contra la libertad personal, en los que incluyen las desapariciones de personas y privaciones de libertad, cuyas conductas delictivas están íntimamente relacionadas.
Sin embargo, no se detalla la cantidad de personas que han sido halladas, ya sea con vida o sin vida, ni tampoco el número de víctimas que todavía siguen desaparecidas.
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Director policial dice que son menos casos de desaparecidos
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que la corporación policial investiga la desaparición de al menos 500 personas.
“Nosotros tenemos un aproximado de 500-550 registros de personas desaparecidas. Ese es el grupo de trabajo que tenemos desarrollando actividad de investigación criminal”, dijo ayer a periodistas.
El dato lo ofreció el jefe policial un día después de que El Diario de Hoy publicara una reportaje sobre 438 personas que no han sido encontradas este año, basada en estadísticas de la Fiscalía General.
Según el jefe policial, “hay personas que se encuentran vivas, hay personas que se encuentran fallecidas por el fenómeno de la violencia, que no lo podemos negar y evitar”, pero no especificó a qué período corresponden estos casos abiertos.
Mientras el presidente Nayib Bukele, quien nunca aborda el tema de las desapariciones en sus declaraciones públicas, reconoció este lunes en cadena nacional que la seguridad pública no anda tan bien y que hay que seguir trabajando. “para de verdad tener un país seguro”.
Pero también acusó a la oposición “y algunos medios de la oposición” de que “resaltan cada caso” de violencia, pues según él, ahora sorprende que mueran 10 en un día.
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En ese contexto dijo que si bien la muerte de una persona en circunstancias violentas “no es motivo de alegría para nadie, ese es motivo de luto, pero por el otro lado, sí es motivo de alegría que no murieran otros 28, que no desaparecieran otros 20, antes teníamos 30 homicidios y 20 desaparecidos por día”.
Pese a las cifras optimistas del gobierno, el informe que los datos recabados por OUDH destaca otra falencia: “la baja efectividad de la Fiscalía en la investigación y sanción de los imputados del delito de desaparición de personas”.
En el período estudiado (2019-2021) solo hubo cuatro sentencias condenatorias (0.28 por ciento) de la totalidad de casos iniciados. Eso significa que “por cada 100 víctimas de desaparición, 0.3 personas fueron condenadas por este delito”, según el informe. A juicio de Daniel Flores, en los casos de desaparecidos “prevalece la impunidad” por el bajo número de condenas.
El informe también observa que si bien “este segmento se ha reducido entre 2019 y 2021, constatando que por el contrario, ha aumentado el número de casos no resueltos en 9.61 % en el mismo período”
Los segmentos más vulnerables y algunas recomendaciones
Según Flores, “la desaparición de personas se perfila como una transgresión al derecho a la libertad que afecta principalmente a hombres jóvenes de entre 18 y 30 años, así como también a niñas y adolescentes de entre menos de un año y 17 años”.
Con respecto a las desapariciones de mujeres, la vulnerabilidad de este grupo poblacional se concentra en mujeres jóvenes, adolescentes y niñas. Los datos de la Policía, según el informe, detallan que el 52 % de las mujeres desaparecidas son menores de 17 años de edad.
“La gravedad de esta situación debe ser comprendida en función de la alta vulnerabilidad de este grupo ante otros tipos de delitos como la violencia sexual”, según el estudio.
Una de las preocupaciones planteadas en el informe es la diferencia del registro estadístico de las tres instituciones que integran la mesa bipartita de víctimas de privación de libertad, lo que evidencia la poca efectividad de la misma.
“Lo que nos preocupa son las inconsistencias en los registros estadísticos que manejan tanto la Fiscalía General, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, pese al esfuerzo de crear una mesa de trabajo para crear acuerdos en las formas de registro que se realizan. No obstante ese esfuerzos las diferencias continúan y es un aspecto que nos preocupa”, dijo Flores.
La mayoría de las desapariciones se registran en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Cuscatlán y San Miguel.
Ante esta problemática, el OUDH recomienda que el Estado salvadoreño que ratifique la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Asimismo, que adopte políticas públicas de seguridad “con perspectiva de género, y que sean sensibles a la victimización y revictimización de grupos vulnerables, para así atender la problemática de la privación de libertad y la desaparición de personas”.
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