“Desaparición forzada”. Así fue clasificada la medida adoptada por Estados Unidos para deportar a más de 200 migrantes venezolanos que actualmente se encuentran recluidos de forma arbitraria en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), señaló una publicación de Human Rights Watch.
Al filo de complirse un mes que el gobierno de Estados Unidos envió a 238 venezolanos a El Salvador argumentando que se trataba de pandilleros y personas altamente peligrosas, transferidos inmediatamente al CECOT.
Tras ser exhibidos públicamente, rapados y obligados a caminar con cadenas frente a los reflectores los venezolanos ingresaron a las celdas, desde el 15 de marzo sin tener posibilidad de comunicarse con nadie.
Desde esa fecha ni las autoridades estadounidenses, ni las autoridades salvadoreñas han brindado detalles sobre la identidad de todos los reos extranjeros, a pesar de las múltiples denuncias en las que personas reconocieron a sus familiares en videos e imágenes publicitarias salvadoreñas y argumentaron que no se trataba de delincuentes.
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El medio CBS News difundió una lista filtrada con los nombres de los presuntos detenidos, pero sin documentos de identidad.
Testimonios de familiares de los venezolanos detenidos en El Salvador recopilados por Human Rights, señalan que las autoridades locales les han negado todo tipo de información, mientras que las autoridades en Estados Unidos se han limitado a informar que no pueden compartir detalles sobre el paradero de los venezolanos.
“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
En reiteradas ocasiones los grupos de derechos humanos han señalado el alto nivel de violencia al interior de esta cárcel, así como el hacinamiento, entre otras irregularidades.
Goebertus argumentó que “la crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”.
"Desde el 15 de marzo, EE.UU. y El Salvador han sometido a +200 venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria. Ambos gobiernos deben revelar urgentemente su identidad, la base legal para su detención y paradero", publicó en la red X.
Human Rights instó a las autoridades salvadoreñas a esclarecer si existe una base legal para la detención, así como permitirles la comunicación.
La organización envió una carta a las autoridades locales para solicitar información sobre la identidad de los venezolanos deportados a El Salvador y confinados al CECOT; sin embargo, no se ha obtenido una respuesta.
HRW ha realizado al menos 40 entrevistas a familiares de los detenidos, en todos los casos afirmaron haber sido informados por las autoridades de migración en Estados Unidos que sus familiares iban a ser deportados a Venezuela.
Algunos incluso se quedaron esperando que el avión llegará con sus familiares al aeropuerto Simón Bolívar.
"Todos los familiares de detenidos que fueron entrevistados por Human Rights Watch dijeron que las autoridades estadounidenses de migración avisaron a sus familiares que serían devueltos a Venezuela. A ninguno le dijeron que serían enviados a El Salvador", señala la publicación.
Solo dos días después de la deportación que acaparó titulares a nivel nacional e internacional, la Casa Blanca, anunció que 137 personas habían sido deportadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un mecanismo rara vez utilizado que permite al presidente de Estados Unidos ordenar la detención y expulsión de personas relacionadas con un “gobierno hostil”.
Este grupo fue señalado de pertenecer al “Tren de Aragua”, pero no se presentó ningún tipo de prueba que los ligara a la organización criminal.
Incluso, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció que “muchos” de los deportados a El Salvador “no tienen antecedentes penales en Estados Unidos”.
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Investigadores de Human Rights han recibido una larga lista de expedientes en los que se indica que las personas detenidas no tienen “antecedentes penales”, en los lugares donde habían vivido en los últimos años.
Mientras que los 101 venezolanos restantes habían sido expulsados del país en virtud del Título 8, de acuerdo con los procedimientos regulatorios de migración.
Borrados del sistema
La lista de nombres publicada por CBS News no ha sido confirmada ni negada por las autoridades de ambos países; sin embargo, los nombres entregados por las familias venezolanas a Human Right concuerdan con esta información.
Human Rights Watch verificó los números de expediente de algunos de los deportados y confirmó que habían sido eliminados del sistema. Según la página web de ICE del Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS, en inglés), actualizada por última vez el 7 de abril de 2025, el ODLS únicamente tiene información de los extranjeros detenidos que están actualmente bajo custodia de ICE o que fueron liberados de la custodia de ICE en los últimos 60 días. "Esto parece indicar que los nombres de los venezolanos cuyos familiares Human Rights Watch entrevistó fueron borrados antes de lo que es habitual en los procedimientos de ICE".
En los testimonios los familiares señalaron a la organización que desconocen el funcionamiento del sistema penitenciario en El Salvador, por lo que no tienen certeza de las instituciones a las cuales se pueden abocar para pedir información de los parientes.
El gobierno salvadoreño no ha presentado ningún fundamento jurídico para detener a los deportados venezolanos y no ha ofrecido ningún indicio sobre su fecha estimada de liberación, indicó la organización.
"CECOT es una oportunidad para que la administración Trump tenga lo que la administración Bush quería que fuera la Bahía de Guantánamo: un lugar verdaderamente fuera del alcance de la ley", publicó en X Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW.