El caso Kilmar Ábrego, el inmigrante salvadoreño deportado a una megacárcel en El Salvador "por error", además de centrar la atención internacional y mediática, constituye una inédita batalla jurídica entre los poderes ejecutivo y judicial de los Estados Unidos.
Las agencias de noticias como EFE, AFP, Reuters, Radio Francia Internacional, INFOBAE, los periódicos The Washington Post, New York Times y El País de España, así como las cadenas de televisión DW, Telemundo, Univisión, CBS, CNN, France24 están exponiendo al día cada una de las incidencias de este proceso, de la misma manera que organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos y grupos de garantías de los derechos civiles.
El Salvador está en el centro del huracán por permitir su territorio para recibir a centenares de migrantes expulsados por Estados Unidos, que han quedado en un limbo jurídico, sin ninguna protección legal porque ambos países señalan mutuamente diciendo no tener ya jurisdicción sobre los prisioneros, alojados en una megacárcel de máxima seguridad para pandilleros.
Aunque la Corte Suprema ordenó a media semana a la administración Trump dar el debido proceso a los migrantes que pretende deportar y "facilitar" el regreso de Ábrego a los Estados Unidos, como lo reclama la jueza Paula Xinis, el gobierno federal esgrime una serie de razones como que la funcionaria no le da tiempo suficiente y que "los asuntos de política exterior no pueden ir de acuerdo con el calendario judicial".
Jueza presiona por cumplimiento
Ante esto la jueza Xinis, del tribunal federal de Greenbelt, Maryland, le está ordenando al gobierno que proporcione actualizaciones diarias sobre el progreso en el caso de Ábrego, un padre de Maryland al que el gobierno de Trump acusa de ser un jefe de la pandilla MS-13, pero no ha podido demostrarlo.
"Vamos a dejar constancia de todo lo que el gobierno está haciendo y no está haciendo", dijo Xinis en una audiencia, sin prestar atención a las objeciones de Drew Ensign, el abogado del Departamento de Estado.
"Los plazos del tribunal son poco realistas", dijo Ensign, pero añadió que el gobierno cumpliría con la orden de la Corte Suprema.
Sin embargo, el abogado alegó que el gobierno "aún no está preparado para compartir" ninguna información sobre Ábrego.
"No estoy pidiendo secretos de estado", respondió la jueza Paula Xinis.
La jueza siguió presionándolo aproximadamente una docena de veces sobre el paradero de Abrego Garcia y qué pasos ha tomado el gobierno para regresarlo a EE. UU., tras la orden de la Corte Suprema anoche que así lo exige. "¿Hay alguien actuando con algún tipo de rapidez para llegar al fondo de esto, para que yo pueda obtener una respuesta?", dijo ella.
Para Aaron Blake, reportero político senior de The Washington Post, con su fallo la Corte Suprema acaba de abrir la puerta a un posible gran enfrentamiento con Trump, al emitir un fallo importante en contra de los esfuerzos de deportación del presidente, pero esto está lejos de resolverse.
Para Blake, la Corte ha abierto la posibilidad de un enfrentamiento constitucional de alto perfil, uno en el que la administración de Trump podría poner a prueba la autoridad del tribunal más alto del país.
Según el articulista, la orden del alto tribunal no tuvo disensos, ni siquiera de los jueces más alineados con Trump, lo cual "dio la impresión de una corte unánime en contra de la administración".
"Si los jueces hubieran fallado a favor de la administración, esto podría haber abierto la puerta a deportaciones ilegales antes de que los tribunales tuvieran oportunidad de intervenir. Algunos críticos incluso han sugerido que un fallo así permitiría deportaciones sin revisión judicial, incluso de ciudadanos estadounidenses que se enfrenten a Trump, como señalaron los tres jueces liberales el jueves", explica.
Para el analista, esta situación prepara el terreno para un enfrentamiento complicado. "La administración enfrenta una decisión clara: aceptar la derrota y hacer lo posible por traer de vuelta a Abrego García, lo cual socavaría su argumento de que eso no es posible. O mantener su posición de que no puede traerlo de regreso, lo que desafiaría la credibilidad".
Trump dice que podría ceder
Sin embargo, el presidente Trump ya dio señales de que considera ceder al decir que "si el Tribunal Supremo dijo que hay que traer a alguien de vuelta, yo lo haría. Respeto al Tribunal Supremo… Tengo un gran respeto por el Tribunal Supremo". No obstante, no asume la responsabilidad del caso de Kilmar Ábrego y vuelve a lanzarlo al vacío.
La Corte ha sido cautelosa y no ha querido pronunciar un lenguaje tajante como la juez Xinis, sino que pidió "facilitar" la vuelta de Ábrego, algo que fue criticado entre los magistrados, sobre todo la jueza Sonia Sotomayor, que consideró que el fallo de la jueza Xinis, que dio un plazo inmediato para el regreso del migrante, debió ser ratificado por la Corte en todas sus partes.
Mientras tanto, la administración también ha insinuado que podría mantener una línea dura, apelando a la autoridad presidencial en política exterior y a la soberanía de El Salvador.
Stephen Miller, asesor clave de Trump y subjefe de gabinete, afirmó en X que la Corte Suprema "dejó claro que un juez de distrito no puede ejercer poderes del Artículo II en política exterior". Añadió que Ábrego está bajo el "control de una nación extranjera soberana", El Salvador, que hasta ahora guarda un silencio sepulcral.
La gran incógnita es si la administración realmente se esforzará por traer de vuelta a Abrego García.