El vehículo con placas de Guatemala P0514JNW, donde la tarde del pasado miércoles fue trasladada del centro judicial Isidro Menéndez la abogada Ruth Eleonora López Alfaro, era de un ciudadano guatemalteco, a quien no solo le decomisaron el automotor, sino también 29 mil dólares en efectivo, a pesar de las pruebas de descargo que presentó en un proceso por lavado de dinero, afirmaron fuentes que conocieron el caos, quienes pidieron anonimato por temor a represalias.
Ruth Alfaro es una defensora de derechos humanos y ha denunciado múltiples casos de corrupción de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, además es la jefa de la unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización activista de derechos humanos.
Al terminar la audiencia inicial, donde se ordenó que López continuara en detención preventiva, acusada del delito de enriquecimiento ilícito, un grupo de policías que la custodiaban la subieron al vehículo con placas guatemaltecas.
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Según se ha comprobado en registros públicos de Guatemala, el vehículo pertenece a Édgar Manolo Ruano Pineda, residente en la ciudad de Jutiapa, Guatemala, cerca de la frontera con El Salvador, donde es reconocido como comerciante de granos básicos, que incluye contratos de entrega con organismos internacionales que operan en Guatemala.
De acuerdo con fuentes que conocieron el caso, que derivó en condena judicial, el vehículo fue decomisado en el 4 de marzo de 2023, en el kilómetro 92, distrito de Candelaria de la Frontera, en el departamento de Santa Ana, a poca distancia de donde Ruano Pineda y un acompañante habían pasado por la frontera, donde cambiaron quetzales por dólares.

En aquella ocasión, según los informantes, Ruano Pineda alegó que venía a comprar un cargamento de frijol con una empresa reconocida, y trató de demostrarlo con pruebas documentales, sin embargo, no le creyeron.
El comerciante guatemalteco fue detenido por casos especiales de lavado de dinero y aunque nunca pudieron probarle, según las fuentes consultadas, para qué organización delincuencial “lavaba dinero”, en agosto de 2024 fue condenado a tres años de prisión, sentencia que le fue cambiada por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública.
Tras la sentencia, afirmaron las fuentes, los 29 mil dólares y el vehículo le fueron confiscados definitivamente al comerciante y un tribunal de extinción de dominio los pasó a propiedad del Estado salvadoreño.
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Los informantes dijeron que como parte de las pruebas de descargo, la defensa del guatemalteco presentó los contratos de compra debidamente notariados que Ruano Pineda tenía con empresas comercializadoras de granos básicos en El Salvador y los contratos de entrega que tenía con empresas y organizaciones de Guatemala. Pero nada de eso fue valorado y al final le dictaron sentencia.