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Cámara confirma prisión provisional para Ruth López
Los abogados de la defensora de derechos humanos habían apelado la decisión del Juzgado 12o. de Paz de San Salvador, pero la Cámara Primera de lo Penal rechazó ponerla en libertad bajo medidas, confirmó una fuente judicial.
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador confirmó la detención provisional contra la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, procesada por enriquecimiento ilícito. Ruth fue capturada el pasado 18 de mayo, en su vivienda.
Este jueves, El Diario de Hoy consultó al equipo de abogados de la detenida, pero respondieron que por la reserva total impuesta al proceso judicial, no podían hablar del mismo. El caso tiene reserva total a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
No obstante, al respecto, el periodista Héctor Silva Ávalos, informó en un tuit sobre la resolución del referido tribunal superior, citando fuentes en Estados Unidos.
“Las magistradas Laura Chacón y Zulma Romero de la Cámara 1 Penal de San Salvador confirmaron la detención provisional de Ruth López, presa política del régimen de Nayib Bukele, me dijo una fuente en EUA que conoce el caso”, publicó el periodista en su cuenta de X, el pasado miércoles.
A la fecha de su captura, Ruth era jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, una organización que ha jugado un papel importante en la denuncia contra actos de corrupción del gobierno de Nayib Bukele y en denunciar graves violaciones de derechos humanos de personas capturadas bajo el régimen de excepción.
Los salvadoreños llevan 39 meses sometidos a un régimen de excepción que les ha conculcado varios derechos constitucionales como el derecho a ser informado de los delitos que se les acusan, el derecho a tener un abogado, y a que el tiempo de la detención administrativa no sea de más de 72 horas.
Precisamente, al momento de la detención de López, los policías captores le informaron que sería detenida por orden de la Fiscalía, por el delito de peculado (apropiarse de fondos públicos); sin embargo, al momento de ser acusada, le cambiaron el delito a enriquecimiento ilícito.
Además, a pesar de que el régimen de excepción ha sido promovido por funcionarios como un recurso contra miembros de pandillas, a López le aplicaron estos plazos, por lo que su audiencia inicial fue realizada hasta el pasado 4 de junio.
Su detención ha sido ampliamente rechazada tanto en el ámbito nacional como por organizaciones internacionales, que consideran que su arresto es una venganza por parte del actual gobierno, precisamente, por su actividad crítica y de denuncia, exigiendo transparencia y respeto a los derechos humanos. El hecho de que la Fiscalía haya solicitado reserva para el proceso judicial también ha sido criticado.
Por su parte, López dijo considerarse una presa política del régimen de Nayib Bukele. Lo gritó al salir de la audiencia inicial donde la jueza del Juzgado 12o. de Paz la envió a prisión, decisión que ha sido ratificada por un tribunal de alzada.
El pasado 4 de junio, la abogada pidió que su proceso fuera público. "Soy una presa política, todas las acusaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción de este Gobierno", dijo al salir de la audiencia inicial.
Bajo la lupa
Como parte del respaldo de López y del interés que ha despertado su captura en el ámbito internacional, el pasado 18 de junio, cuando la abogada cumplió un mes de estar en detención, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (EE.UU.) afirmó que continúa observando la ofensiva contra la sociedad civil en El Salvador.
“Han pasado 31 días desde que el Sr. Bukele detuvo a Ruth López, una abogada anticorrupción ampliamente respetada. Mientras continúa su represión contra la sociedad civil, el Congreso de Estados Unidos está observando de cerca y evaluará el futuro de nuestra relación bilateral en consecuencia”, escribió en un tuit el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.
Posterior a la captura de López, casi un mes después, Salvador Enrique Anaya Barraza, otro abogado crítico de Bukele y columnista habitual de El Diario de Hoy, fue arrestado bajo el delito de lavado de dinero y activos, que habría cometido entre los años 2015 y 2024, según la poca información que al respecto ha revelado la Fiscalía.
Anaya Barraza corrió la misma suerte que Ruth López. La jueza del Juzgado Séptimo de Paz lo envió a prisión preventiva el pasado 24 de junio, a pesar de las pruebas de arraigo y el estado de salud del abogado, quien se ha caracterizado por criticar las reiteradas violaciones a la Constitución por parte del actual gobierno.
En las últimas semanas, el temor a ser encarcelado bajo delitos fabricados ha hecho que periodistas y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos hayan abandonado el país.
Una de esas personas es Ingrid Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que junto a Cristosal y Unidehc (Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios) han denunciado a nivel internacional al Estado salvadoreño por violaciones a derechos humanos contra personas capturadas arbitrariamente bajo el régimen de excepción, que hasta finales de 2024 sobrepasaban las 83,000, según datos de la Organización Mundial Contra la Tortura, revelados el miércoles anterior.
La “represión contra la sociedad civil” en El Salvador parece no detenerse. Este jueves, la organización Acción Ciudadana denunció que el miércoles, agentes policiales llegaron a la vivienda de Malcolm Cartagena, coordinador de su Centro de Monitoreo Político, realizando preguntas por un censo del Plan Control Territorial, según reza el comunicado.
Según Acción Ciudadana, hicieron pública la denuncia porque es la repetición de “un patrón que la PNC ha empleado en las recientes capturas de defensores de derechos humanos”.
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Ese mismo hecho fue denunciado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), debido a que en la vivienda visitada por los policías también vive Guillermo Cartagena (hijo de Malcolm Cartagena), periodista de la Revista Gato Encerrado, que en las últimas semanas publicó un reportaje en el que expuso que seis funcionarios de Bukele, incluyendo dos asesores venezolanos, aumentaron su patrimonio inmobiliario al entrar el gobierno.