Casi una treintena de proveedores de las tiendas que funcionan en las cárceles tiene más de dos años de estar esperando que el gobierno de Nayib Bukele les cancele una abultada factura de más de un $1,600,000. Denuncian que cada vez que han tocado puertas para recuperar su dinero les dan argumentos diferentes y les dilatan el pago.
Son entre 27 a 30 proveedores los que dicen tener pendiente el pago de sus productos entregados a las tiendas y que a decir de algunos esa deuda puede llegar a los $1.7 millones. Dicen tener facturas, actas y órdenes con las que prueban que ellos cumplieron con la entrega de los productos, entre marzo a julio de 2019, y a la fecha no les han pagado.
Han intentado de todo, dicen los proveedores, para recuperar ese dinero. Han tocado las puertas de Centros Penales pidiendo incluso audiencia vía escrita a Osiris Luna Meza; que han acudido a la Fiscalía, a Conamype para que ellos les ayuden a hacer el enlace, siendo que ellos son microempresarios que ayudan a la economía del país.
Han incluso puesto a disposición de la Corte de Cuentas la documentación en regla para demostrar que ellos han adquirido y entregado de forma legal todo lo que les solicitaron de las tiendas. Pero de todo eso no tienen respuesta y lo que acumulan hasta ahora son deudas.
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El problema, dice Adolfo Segovia y Juan Mancía, dos de los afectados, es que ante la falta de pago han tenido que recurrir a bancos y otras formas de deudas para pagar a sus acreedores, pues son pequeños comerciantes. A cada uno de ellos, dicen, Centros Penales les debe más de $200,000.
Estos comerciantes aclaran que su demanda es justa y no tiene nada que ver con cuestiones políticas, pues incluso con la actual administración trabajaron por un tiempo proveyendo los artículos de primera necesidad para los penales. Estos proveen de papel higiénico, jabón, alimentos enlatados, lácteos, entre una gran variedad, incluso ropa.
“No somos políticos, simplemente somos personas naturales, micros y pequeños empresarios que nos ganamos la vida honradamente. No hay ningún tinte político, por el contrario ellos han hecho un tanto política (esta situación)”, lamenta Adolfo Segovia.
La aseveración de Segovia se relaciona al hecho de que una vez asumió el gobierno de Bukele, deshicieron la asociación Yo Cambio, conocida como Asocambio, la cual fue creada en el gobierno de Sánchez Cerén e integrada por funcionarios de esa administración para el manejo de los fondos de las tiendas penitenciarias, fondos que aportan mensualmente las familias para la manutención de los reos.
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La Fiscalía ha procesado al exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y a otros nueve exfuncionarios por la supuesta malversación de $14 millones provenientes de las tiendas en las prisiones que manejaban a través de Asocambio y que a decir del Fiscal General, Rodolfo Delgado, desviaron los fondos hacia personas que al mismo tiempo trabajaban para el Gobierno de Sánchez Cerén “y poco a poco se fueron apropiando de las utilidades que generaban las tiendas penitenciarias y respondían a oscuros intereses”.
Las utilidades provienen del sobrecosto que imponen a los productos que venden a los reos.
Mancía también aclara que ellos nada han tenido que ver con ese problema político o supuestas irregularidades relacionadas con Asocambio.
“Nosotros no dejamos producto en las oficinas de Asocambio, los productos los entregamos siempre a las tiendas de los centros penales. Ellos (administración de Luna) tenían que haber respondido por esas deudas. Y ellos están en ese lío político y a nosotros nos han dejado en el limbo. Si hay alguna persona que hizo mal en ese ministerio pues que paguen ellos las consecuencias, no nosotros que somos mypes, gente luchadora”, reclama Mancía.
Mancía, quien dice le adeudan $217,000, asegura que si tuviera enfrente a Osiris Luna le diría: “¿por qué no se nos paga? Nosotros no somos delincuentes, incluso estuvimos trabajando con usted, en esta gestión, les estuvimos vendiendo, los apoyamos. No hemos sido personas que confabulamos con otros, les estuvimos tendiendo la mano, necesitamos una respuesta, ¿por qué tanto sigilo por qué nos tiene al borde de la quiebra?”.
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Según los proveedores, detrás del atraso de pago de Centros Penales hay una gran cantidad de familias que han sido golpeadas, además, por los efectos de la pandemia.
Mancía dice que él ha tenido que recurrir a bancos para adquirir deuda y cubrir los costos de los productos servidos a las tiendas de cárceles como galletas, pasta dental, detergentes, sopas y otros de consumo. “Tuve que hipotecar hasta mi casa y mi negocio”, dice este propietario de una tienda con más de 40 años de existencia en Santa Ana.
CENTROS PENALES GUARDA SILENCIO
Desde antes de las fiestas agostinas se pidió a la oficina de comunicaciones del Ministerio de Seguridad su posición sobre la deuda que los proveedores aseguran que no se les ha pagado a la fecha, pese a que cuentan con el dinero. Después de vacaciones se les insistió en la petición pero a la fecha ni siquiera contestaron si gestionarían la petición.
Daisy Bernal, otra de las afectadas, califica de “una injusticia” lo que hacen con ellos, que son “gente honrada”, que no están involucradas con ningún partido político.
“Lo único que hacíamos era trabajar de forma honesta y honrada”, dice Bernal, una emprendedora que tiene ocho años de trabajar en la venta de productos de primera necesidad a las tiendas en penales.
Ella dice que incluso fueron a Fiscalía y que allí les dijeron que si por esa vía hacían el cobro tardaría el proceso y que en todo caso era más cuestión de voluntad de Centros Penales pagarles. Pero por la vía de Centros Penales, dice ella, ya llevan más de dos años pidiendo que les paguen, y no les responde.
“Lo que pedimos es únicamente que se nos cancele lo adeudado; hemos buscado muchas formas de pago pero ninguna ha sido posible... incluso estaríamos dispuestos a escuchar alternativas de pago. Por lo menos que nos llamaran y nos dieran una alternativa de pago, nosotros estaríamos de acuerdo con un plan de pago con tal de recuperar lo adeudado”, ofrece Bernal.
Asocambio entregó el dinero a Osiris Luna, dicen afectados
Segovia y Mancía recuerdan a Osiris Luna, en su calidad de director de Centros Penales, que él tiene ese dinero que se les debe, pues Asocambio se lo heredó, que de eso hay documentos, y que si no lo tiene se ha metido en problemas porque ese dinero no es del gobierno ni del Estado, sino el que remesan los familiares de los reos.
“Allí no hay cinco del Estado... ese dinero no depende del gobierno, incluso desde antes que ellos (los reos) compren (en las tiendas), ya tienen pagada la plata. A raíz de esto no hay porqué atrasar el pago”, afirma Segovia, quien dice que le adeudan $237,000.
Según los denunciantes, los cheques de pago para ellos estaban listos en mayo pasado, firmados por la entonces responsable de Asocambio, pero que otro funcionario que tenía que firmar dijo que no los firmaba porque no le competía.
El Diario de Hoy preguntó en dos ocasiones al Ministerio de Seguridad y Justicia sobre esta mora con los proveedores y conocer su posición sobre todo lo que aseguran los afectados, pero no contestó.
El Diario de Hoy accedió a un documento en el que dice que al director de Centros Penales le dejaron más de $3.6 millones en las cuentas que administraba Asocambio.
En el documento, firmado por la directora ejecutiva de Asocambio, Flor de María Hernández, le dice a Luna que hay “compromisos pendientes descritos en el párrafo anterior”, los cuales “han sido compartidos previamente”, y que “para mejor ilustración resumo lo adeudado y la disponibilidad de las referidas cuentas bancarias”.
En resumen, según el documento, Asocambio le detallaba que el monto de la deuda a esa fecha, el 2 de septiembre de 2019, era de $2,937,878.61. Y por otro lado le dejaba una disponibilidad de $3,658,438.54.
Hernández se cuidó de enviar copias sobre el estado de las cuentas al entonces ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas Polanco; al presidente de la República, Nayib Bukele; al director de Auditoría Tres de la Corte de Cuentas de la República, Wilfredo Montesinos, y a Osiris Luna Meza en calidad de director de Centros Penales.
Antes de eso, el 19 de julio de 2019, Luna Meza ya había girado correspondencia a la encargada de cuentas institucionales y de gobierno del estatal Banco Hipotecario en donde se deposita el dinero de los reos, en el que le dice que desde el 4 de junio ha pasado a ser el representante legal de las cuentas corrientes de las tiendas institucionales de los 20 centros penales del país.
El 21 de junio de 2019, Luna Meza envió una correspondencia a la jefa de banca institucional y Gobierno del Banco Agrícola en la que le solicita “el cambio de Representante Legal” de dos cuentas corrientes números 549-038927-5 y 590-058345-9, esto fundamentado en el acuerdo 69 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de fecha 4 de junio de 2009.
Los proveedores dicen que ellos tienen conocimiento de ese dinero heredado a la nueva administración de la DGCP y saben de documentos en los que Luna ha firmado de recibida esa plata, que entre lo existente en el Hipotecario y del Agrícola hay más de $3,600,000.
También saben que Asocambio informó a la nueva administración de la deuda con los proveedores.
El gobierno de Bukele cerró Asocambio el 15 de septiembre de 2019 al dejar sin efecto el convenio entre esas asociación y el Ministerio de Justicia y Seguridad. Al respecto, la asociación publicó un comunicado en el que dijo que entre las razones de su desaparición estaba que no contaba con la capacidad financiera para seguir operando ni con una representación legal.
Pero en ese comunicado, emitido el 13 de septiembre de 2019, decía: “Aclarar que la representación legal de las cuentas bancarias que administraba Asocambio son de la Dirección General de Centros Penales, por lo tanto serán las nuevas autoridades los que definirán la fecha de los pagos mencionados en el punto anterior (a empleados)”.
Pero nada decían de cancelar la millonaria deuda que tenían ya con los que habían provisto de gran variedad de productos para los reos, cuyas familias depositan mensualmente cantidades que con los años han oscilado entre $150 y los $300 cada mes.
Promesa incumplida de pagarles tras una auditoría
El 31 de mayo, seis representantes de los proveedores firmaron una misiva a Luna recordándole del impago por los productos servidos a las tiendas penitenciarias entre marzo y julio de 2019, “sin que se nos haya cancelado hasta la fecha, no obstante haber comparecido a diversas instancias de esa dependencia”.
En el escrito le plantean que incluso le habían presentado documentos a la Corte de Cuentas, en un proceso de auditoría a las cuentas de Asocambio que amparaban la entrega de los productos de forma lícita. “La asociación manejaba cuentas en las que había liquidez para el pago de las obligaciones contraídas para con los proveedores pero que estas estaban a nombre de la Dirección General de Centros Penales y que se habían congelado en razón de la auditoría ordenada”, le dicen.
Según Segovia, la Corte de Cuentas les pidió documentos sobre la entrega de los productos a las tiendas penitenciarias y ellos los entregaron porque Luna pidió a la Corte una auditoría a Asocambio a fin de determinar si esos fondos que manejaba y él había heredado eran públicos o privados. Pero en una reunión con el jefe del jurídico de Centros Penales y gente de Conamype, añade, la Corte dijo que los fondos son privados.
“Solo esperaban que la Corte les dijera si esos fondos era públicos o privados, y al determinar que son privados, él (Luna) tiene que soltar esos fondos”, dice Segovia.
De esa reunión ya pasaron cinco meses, dicen, y hasta ahora siguen preguntándose por qué no les pagan, pues además de que son fondos privados, toda la deuda está respaldada en documentos de entrega. “(Luna) no quiere asumir la deuda teniendo el dinero”, concluyen.