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Observatorio Ciudadano reprobó a El Salvador en lucha contra la corrupción

Xenia Hernández, directora de la Fundación DTJ, organización que forma parte del Observatorio, señaló que en el contexto del país queda claro que hay grandes retrocesos y un compromiso más bien para no luchar contra la corrupción.

Por Milton Rodríguez | Oct 07, 2021- 12:25

Así lucía el logo de la extinta CICIES en el inmueble que en julio pasado anunciaba que se alquilaba. Foto: EDH/ Archivo

El Salvador fue reprobado en la lucha contra la corrupción, de 3 puntos posibles, el país obtuvo un promedio de 0.86. Así lo reveló el informe nacional de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, que fue dado a conocer este jueves por el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC).

Dicho compromiso que fue suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018 se implementa en 19 países y busca mantener una lucha frontal contra la corrupción.

El observatorio evaluó 19 de los 57 compromisos de Lima y consideró temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, la libertad de expresión; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional entre otros.

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En ese sentido, el informe reveló retrocesos para el país en materia de lucha contra la corrupción, tras acciones como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General por parte del oficialismo, el control del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), las propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, la finalización del Convenio con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y la reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

Al respecto, Xenia Hernández, directora de la Fundación DTJ, organización que forma parte del Observatorio, señaló los retrocesos encontrados en dicho estudio que comenzó en noviembre pasado y analiza los desarrollos normativos y prácticos.

Ella explicó que en la parte práctica “se queda debiendo de parte de El Salvador, de parte de los funcionarios, que realmente no hay un compromiso para dar cumplimiento a las normas en temas de lucha contra la corrupción”.

“La media que tiene El Salvador es 0.86 de 3 puntos, estamos diciendo que está reprobado, no llega ni a un punto en cuanto a algún tipo de medidas que estén tratando de fortalecer la lucha contra la corrupción. El contexto nos deja claro que el país hay grandes retrocesos, y un compromiso más bien para no luchar contra la corrupción”, consideró.

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De hecho, en la presentación del informe se detalló la puntuación de algunos resultados por tema. Por ejemplo, en cuanto al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el país obtuvo 0.66 de los tres puntos; en transparencia, acceso a la información pública y protección al denunciante 0.81; sobre las medidas de autonomía e independencia de los órganos de control se obtuvo un porcentaje de 0.89; y en cuanto al proteger a denunciantes de corrupción El Salvador obtuvo 0.63.

La investigación muestra la necesidad de trabajar activamente en la construcción de una agenda anticorrupción que permita cumplir con los diferentes compromisos suscritos a nivel internacional.

En ese sentido, Giovanni Fuentes uno de los investigadores del OCC, brindó algunas recomendaciones al Gobierno.

“Recomendamos al Gobierno que respete la separación de poderes, creemos importante que desde el Gobierno se cumpla con la introducción de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado, por ejemplo y que el IAIP tenga un rol protagónico para garantizarle a la ciudadanía acceder a información pública de interés”, indicó.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos.

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