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Oficialismo avala ley para familia de víctimas de masacre El Mozote

Oposición y organizaciones de derechos humanos cuestionaron que no se tomó en cuenta la opinión de las víctimas.

Por Eugenia Velásquez/ Liseth Alas | Jun 28, 2022- 11:48

El juez Jorge Guzmán, del caso El Mozote, no obtuvo colaboración del ejército para investigar archivos militares. Foto EDH/ Archivo

Con 63 votos a favor, Nuevas Ideas y aliados aprobaron en la plenaria del martes la “Ley Especial Transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños”.

Según el dictamen que los diputados votado en el pleno, con la ley se estaría permitiendo el acceso de las víctimas sobrevivientes de las masacres perpetradas en la época del conflicto armado de la década de los 80’, a las reparaciones dispuestas en la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 25 de octubre de 2012, sobre el fondo, reparaciones y costas en dicho caso.

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En esa resolución, la CIDH ordenó al Estado de El Salvador a pagar una indemnización por daño material e inmaterial a las víctimas de ejecución extrajudicial, a las víctimas sobrevivientes de las masacres y a los familiares de las víctimas ejecutadas, para lo cual, estableció que el pago debía efectuarse en cuotas anuales equivalentes al periodo de cinco años, contados a partir de la notificación del fallo y que, en caso que el Estado incurriera en mora, debía pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en El Salvador.

Esto se lograría a través de la configuración de procedimientos administrativos y de jurisdicción voluntaria “excepcionales, ágiles y flexibles” que faciliten los trámites para establecer legalmente su identidad o comprobar su parentesco con las víctimas, expusieron los diputados de Nuevas Ideas este martes en rueda de prensa.

“Aquí hay una sinergia estatal, donde el Gobierno inicia una propuesta de ley e inmediatamente el Órgano Legislativo responde. Estamos saldando una deuda histórica que en el pasado no asumieron”, explicó el diputado Jorge Castro, de Nuevas Ideas.

Añadió que ya se tiene un registro de personas y los casos están individualizados, pero falta dotar de herramientas legales para que los familiares puedan vincular su parentesco con las víctimas.

Sin embargo, la oposición legislativa y organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas del caso cuestionaron que no se escuchó la opinión de los involucrados para la elaboración de la normativa.

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“Las organizaciones firmantes rechazamos que en el proceso de elaboración de la Ley la comisión solo haya escuchado a representantes del Ministerio de Gobernación sin tomar en cuenta a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas”, señalaron la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y Cristosal a través de un comunicado.

Señalan irregularidades

En la ley se establece que podrán ampararse quienes no han logrado establecer legalmente su identidad o comprobar su vínculo parental con las víctimas para su incorporación al Registro Único de Víctimas.

Claudia Ortiz, de VAMOS, denunció que la iniciativa original enviada desde el Ejecutivo contaba con 40 artículos, pero, según ella, sin el debido proceso se introdujo a la comisión una nueva con 29 artículos, donde se eliminó la gratuidad del servicio de notariado para los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre El Mozote.

Las organizaciones de derechos humanos y la oposición criticaron que ese servicio haya sido eliminado, pues ahora los afectados deberán correr con los gastos.

“Hay por lo menos tres vicios que afectan el proceso de formación de ley”, dijo Ortiz. Entre ellos, señaló la falta de legitimidad, de debate y de consultas sobre el anteproyecto a las víctimas del caso.

Al respecto, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, expresó que el proceso de estudio de la ley desde un inicio fue bien irregular. Fue asignado a la comisión de Legislación pero lo terminó dictaminando la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

"Justamente la gratuidad del componente del notariado era algo positivo de la propuesta original, sufre modificación ayer (lunes 27 de junio), la gran interrogante queda: si tiene el aval de las organizaciones y me imagino que no, sorprende mucho la celeridad con la cual han empujado esta versión", señaló Wright.

Añadió que la propuesta le parecía bastante completa, sin embargo, este lunes que fue dictaminada la ley hubo varias sorpresas. "Originalmente me parecía que tendría un estudio importante, esa propuesta original hasta traía el consenso de organizaciones de víctimas y derechos humanos, pero lo que sucedió ayer me deja bastantes dudas, pasó de tener 40 artículos a menos de 30, quedan en el aire las decisiones del Consejo. El proceso no deja de ser bastante irregular, dado que se termina dictaminando en otra comisión", argumentó.

Consideró que al analizar los antecedentes de este gobierno, con la opacidad que han tenido en torno al concepto de memoria histórica y de los Acuerdos de Paz, "podría ser una movida o decisión política populista", refutó.

Según el decreto, las personas casadas con víctimas de las masacres pueden solicitar que se establezca subsidiariamente el estado familiar de casados, y si en caso careciera de la prueba pertinente otorgará declaración jurada relatando minuciosamente fecha, lugar del acto jurídico del matrimonio y presentará constancia de no asentamiento de la respectiva partida. La declaración que se emita será responsabilidad de la persona declarante.

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