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"Voy a demostrar mi inocencia", dice Lorena Peña por acusación de la Fiscalía de "enriquecimiento ilícito"

Según el fiscal, Peña no logró justificar $264,143.19 mil, de un total de incremento en su patrimonio de $762,465, en el periodo que fungió como diputada de la Asamblea, entre 2012 y 2018.

Por Eugenia Velásquez | Mar 06, 2023- 18:11

Lorena Peña fue parte de la Directiva de la Asamblea Legislativa durante varios periodos. FOTO EDH Archivo

La exdiputada del FMLN, Lorena Peña, afirmó este 6 de marzo en su cuenta de Twitter que “demostrará su inocencia” ante las declaraciones del fiscal general, Rodolfo Delgado, quien confirmó ayer que están investigando a la exdiputada por supuesto “enriquecimiento ilícito” de $264,143.19 mil, cuando fungió como diputada en la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2018.

“Voy a demostrar mi inocencia, el lawfare (guerra judicial) y el odio serán derrotados, y si los jueces valoran las pruebas y se apegan a la ley, corroborarán que no tengo incremento patrimonial. Agradezco las muestras de solidaridad y apoyo que estoy recibiendo de distintos países y en El Salvador”, afirmó Peña.

Según el fiscal, Peña no logró justificar $264,143.19 mil, de un total de incremento en su patrimonio de $762,465, en el periodo que fungió como diputada de la Asamblea, entre 2012 y 2018.

Delgado explicó que la indagación ya fue realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, instancia que estableció indicios de enriquecimiento ilícito en contra de Peña, lo cual derivará en una demanda ante la jurisdicción civil, afirmó el funcionario, específicamente ante la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro.

LEA ADEMÁS: Fiscalía demanda a exmagistrado Eugenio Chicas por presunto enriquecimiento ilícito

“No es persecución política, es persecución de personas que se lucraron a costa de los fondos públicos”, argumentó Delgado en la entrevista matutina del canal de televisión estatal.

En enero pasado la Fiscalía también demandó al exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, también por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito”. Otros miembros de su familia también son acusados por el mismo delito.

La Fiscalía demandó a Chicas ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección, de San Salvador. En el caso de Chicas, la Fiscalía lo demandó por supuestamente haberse enriquecido con $282,494.21.

De acuerdo con información de la FGR en su cuenta de Twitter, también son acusados por el mismo delito la esposa, Blanca Steffany Ayala, Ana Lucía Ramírez, exesposa y su hijo Carlos Ernesto Chicas.

El exfuncionario se defendió y reaccionó al tuit de la Fiscalía sobre la demanda en su contra.

“En el país no existen garantías para procesos justos, sin embargo, estoy listo para demostrar que esto no es más que una venganza política”, comentó Chicas en Twitter.

Chicas fue magistrado presidente del TSE, diputado del Parlamento Centroamericano y secretario de comunicaciones durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén. En 2019, Chicas ganó una demanda por $50,000 en contra del presidente Nayib Bukele por el delito de calumnia.

Anteriormente, Chicas recibió una notificación de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que declaran que “existen indicios de enriquecimiento ilícito” en su contra por $130,768.14.

En ese momento, el exfuncionario declaró que todo se trata de una "venganza" en su contra para opacar los casos de presunta corrupción que hay en el gobierno.

Ambos ex funcionarios también están bajo la lupa de la comisión especial legislativa que indaga los fondos otorgados por exdiputados de la Asamblea a ONG en administraciones anteriores.

Este lunes, un equipo de abogados determinó que los ex funcionarios y receptores de ONG cometieron varios delitos, entre ellos, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, peculado y negociaciones ilícitas, todos tienen pena de cárcel.

El informe será enviado por los diputados oficialistas a la Fiscalía para que los investigue. En este caso, los diputados de Nuevas Ideas dicen que son $279 millones los que fueron trasladados a organismos no gubernamentales sin seguir el debido proceso y sin justificación.

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