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Asamblea dará más fondos para Internet en las escuelas, en busca de ampliar acceso

El gobierno ya contaba con $7.5 millones para el Programa de "Conectividad Digital Social"; sin embargo, siguen existiendo centros escolares sin acceso al Internet. Los diputados prevén aprobar otros $10 millones.

Por Eugenia Velásquez - Jessica García | Abr 11, 2023- 22:32

Alumnos del Centro Escolar Amalia Rosales Campos, de San Francisco Chinameca, en La Paz, tuvieron que buscar señal de Internet en medio de las tumbas del cementerio local. La imagen se hizo viral. Posteriormente, el gobierno mandó a instalar una antena en el centro educativo. FOTO EDH Cortesía.

El Plan de Conectividad Nacional 2020-2030 elaborado por la Secretaría de Innovación de la Presidencia tiene como objetivo aumentar los niveles de conectividad en El Salvador de instituciones educativas y centros de salud; sin embargo, a tres años de ese plan, muchas escuelas, especialmente de las zonas rurales y fronterizas, siguen sin acceso a internet, algunos estudiantes pagan de su bolsillo por el servicio tecnológico, mientras que otros buscan formas peculiares para poder conectarse.

El Diario de Hoy ha documentado casos de alumnos subidos en los árboles, en los techos de sus casas, en cerros, montañas y hasta en los lugares más insospechados, como en un cementerio, todo con el afán de recibir sus clases en línea, realizar pruebas de conocimiento o hacer tareas que requieren del acceso a Internet.

Para mejorar la conectividad, los diputados de la Comisión de Hacienda acordaron ayer otorgar $10 millones más a la Secretaría de Innovación de la Presidencia, para el “Programa de Conectividad Digital Social”, que es parte del Plan de Conectividad Nacional 2020-2030. Estos recursos se suman a otros $7.5 millones que ya tenía a su disposición para instalar o mejorar el internet en las escuelas.

Estos nuevos recursos que recibirá la Secretaría de Innovación de la Presidencia provienen de dos préstamos aprobados por la Asamblea anteriormente, por un total de $85 millones.

LEA ADEMÁS: Para tener internet en escuela rural, alumnos pagan el servicio

En la misiva que Hacienda hizo llegar a los diputados, se explica que los fondos serán utilizados “principalmente para financiar las actividades relacionadas con la conectividad e infraestructura de banda ancha que comprende la red troncal, elementos de infraestructura para red de agregación expandida, sitios públicos conectados a la red, entre otros”.

La Secretaría de Innovación, creada por mandato del presidente Nayib Bukele en junio de 2019, presentó en enero de 2020 la Agenda Digital Nacional 2020-2030, cuyo objetivo general es “incrementar el acceso de la población salvadoreña a servicios de Banda Ancha fija y móvil e incrementar su potencial para brindar la continuidad de los servicios públicos”.

Para lograrlo, el documento establece que se deberá mejorar el acceso a la conectividad a través de inversión en infraestructura digital, incentivar el fortalecimiento institucional y reducir la brecha de habilidades y competencias digitales para incrementar el uso de internet en la población, para lo cual, consideran necesario “acompañar la estrategia con el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales en la población beneficiada de todas las edades, a fin de facilitar la transición digital de usuarios y trabajadores de los servicios públicos de educación, salud y seguridad”. Todo esto dentro de una primera fase.

Programa versus realidad

¿Qué ha pasado en la realidad? Aunque para algunos docentes, la conectividad ha mejorado en varios centros educativos, se han conocido casos que conmocionaron a los ciudadanos. Uno de ellos, el más reciente y que se hizo viral, es el de los alumnos del Centro Escolar Amalia Rosales Campos, del cantón Concepción Los Planes, de San Francisco Chinameca, en La Paz, quienes tuvieron que ser ubicados en medio de las tumbas del cementerio local, para poder agarrar la señal de Internet y hacer unas pruebas que les había solicitado el Ministerio de Educación. Esto fue en marzo de este año.

Al conocerse de la publicación periodística, personal de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones llegó a instalar una antena para que los estudiantes pudieran conectarse.

Este no es el único caso. En marzo de 2022, estudiantes de bachillerato del Complejo Educativo Pavanita, del cantón Pavana, del municipio de San Alejo, en La Unión, tuvieron la iniciativa de recoger entre todos 25 dólares mensuales para instalar nuevos servicios de Internet.

La escuela cuenta con la tecnología, pero según el subdirector del complejo educativo, Misael Alvarado, es insuficiente para la demanda estudiantil cuando todos se conectan al mismo tiempo. La proactividad de los muchachos hizo que sus compañeros de clase que no pueden pagar Internet domiciliar accedan también a la red.

Según los maestros, en esta zona fronteriza con Honduras, la situación es más complicada para los estudiantes, en cuanto a la conectividad digital, ya que el servicio es deficiente en las comunidades rurales y alejadas de la ciudad.

Por ejemplo, en las escuelas que se ubican en las comunidades limítrofes en los municipios de Nueva Esparta, Polorós y Lislique hay sectores en donde el internet muestra la opción del roaming internacional, por lo que deben aceptar ese servicio que les permite a los usuarios seguir navegando en internet; sin embargo, esto tiene un costo económico extra para el usuario.

En febrero de 2022, ARENA denunció que 6 de cada 10 escuelas, no tienen aula de informática ni acceso a Internet. La diputada Silvia Ostorga, del partido tricolor, propuso un proyecto de Ley de Infraestructura Educativa, pero la iniciativa nunca fue admitida en el pleno.

La propuesta de ARENA dice que buscaba asegurar la provisión de equipos, tecnología y ambientes de aprendizaje adecuados y seguros, maximizar el uso de los recursos financieros estructurales y de equipamiento destinados a centros escolares, así como prever una estricta racionalización de las nuevas inversiones.

Sin rendición de cuentas

En marzo de 2022, la Asamblea aprobó un financiamiento en deuda de $85 millones para la conectividad digital. De este fondo, la Secretaría de Innovación de la Presidencia ya tiene a su disposición $7.5 millones, pero Hacienda solicitó a los diputados incorporar $10 millones más de los préstamos adquiridos. Esta petición fue acordada favorable ayer por los diputados de la Comisión de Hacienda y se prevé que la aprueben este día en la plenaria.

Uno de los créditos es por $50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro de $35 millones con la “Facilidad de Corea de Cofinanciamiento para el Desarrollo de Infraestructura para América Latina y el Caribe”. Al igual que en la petición que el titular de Hacienda hizo llegar el 29 de marzo a la Asamblea, en la aprobación de los $85 millones se brindaron pocos detalles de cómo se utilizará el dinero.

Los dos dictámenes de los préstamos avalados el año pasado, no detallaban el destino, solo que incrementarían el acceso a la población a la banda ancha y que habría una inversión en infraestructura digital. Los diputados del oficialismo defendieron la autorización de los fondos y su supuesto uso.

“Este proyecto estará bajo la ejecución de la Secretaría de Innovación. También se busca la conectividad en centros escolares con su equipamiento y cableado”, manifestó la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, en marzo de 2022. Añadió que serían más de 1,833 escuelas y 137 unidades de salud del interior del país que se verían beneficiadas. Dijo que incluía un segundo componente de habilidades y competencias digitales para los maestros, pero a un año de sus declaraciones muchas escuelas siguen sin poder acceder a Internet.

Sin embargo, el factor determinante en estos millonarios fondos es que el Ejecutivo no rinde cuentas de lo gastado, por lo que no se puede medir el avance del programa digital, señala el experto en transparencia, Wilson Sandoval.

Opina que, a tres meses de la ejecución del presupuesto de 2023, llama la atención y preocupan movimientos tan grandes de fondos en la administración pública. “Parece que no hay un análisis presupuestario fundamentado, sino que parece ser manipulado según las ideas que van surgiendo del día a día, cuando debería de ser una planificación que obedezca a decisiones estratégicas de mediano y largo plazo”, aseveró.

La falta de transparencia en el uso de los recursos públicos es determinante y coloca como ejemplo que el año pasado, como “Capítulo Nacional de Transparencia Internacional”, solicitaron al gobierno información pública sobre el dinero para instalar Internet en Morazán, pero los datos fueron declarados inexistentes en ese momento, pese a que la conectividad y computadoras fueron una promesa de Bukele para esa zona, cuando visitó El Mozote.

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