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Diputadas: Canje de pensiones le salió caro a los trabajadores

Claudia Ortiz, de VAMOS y Anabel Belloso, del FMLN, coinciden en que fue para dar un "respiro" fiscal al gobierno, para no honrar por 4 años la deuda que tiene con los cotizantes.

Por Eugenia Velásquez | May 08, 2023- 17:02

En El Salvador, las mujeres deben tener 25 años cotizados y 55 años de edad para poder jubilarse; los hombres 60 años. Foto EDH / archivo.

Las reformas a la Ley de Pensiones no trajeron beneficios a los trabajadores ni a los pensionados, pues lo que hizo la Asamblea Legislativa fue darle un “respiro” o un “salvataje” al gobierno con un periodo de gracia de no pago de la deuda que tiene con los cotizantes durante cuatro años, advirtieron las diputadas Claudia Ortiz de VAMOS y Anabel Belloso, del FMLN.

Esta maniobra, a juicio de las legisladoras, terminará afectando la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores y de los que piensen jubilarse en los próximos años.

“(El propósito de la reforma) no era para mejorar las condiciones de los trabajadores que cotizan o que están pensionados, no era para hacer más sostenible el sistema, era más bien para hacer un canje que permitiera más margen en el flujo de caja del gobierno”, afirmó Ortiz.

El representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, explicó que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) ocultó al público la información relativa al pago de la deuda que tiene el gobierno con los trabajadores, incluyendo el traspaso de los activos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) a dicho Instituto y la emisión reciente de los Certificados de Obligaciones Previsionales (FOP) por el Consejo Directivo del ISP para cubrir el pago a los pensionados del ISSS y del Instituto de Pensiones para los Empleados Públicos (INPEP).

Para cumplir con este compromiso, el gobierno echa mano del dinero que tienen los cotizantes ahorrados en sus cuentas individuales administradas por la AFP. Según la calificadora Fitch, el gobierno ha caído en impago de lo adeudado a los trabajadores por un monto de $6,184.6 millones.

De acuerdo con Pineda, el gobierno ha reservado la información al público para que la ciudadanía no se entere que durante cuatro años el gobierno no pagará nada a la deuda con los cotizantes de las AFP.

La diputada Belloso recalcó sobre ese punto, advirtiendo que el problema es que esa falta de pago, con los cuatro años de gracia que tendrá el gobierno para no abonar nada a su deuda con los trabajadores, afectará al Fondo de Pensiones.

“El fondo funciona en torno a esa gran cantidad de dinero que puede estar allí generando un interés a través de la tasa de rentabilidad, creciendo a través de esa tasa, y sino está esa cantidad de dinero que viene de los abonos que el Estado hace a las amortizaciones a esa deuda, obviamente el fondo se ve afectado. Es una decisión política de salvataje por las condiciones de las finanzas públicas y la mala administración de este gobierno, que ser una ley que respondiera a las pensiones como un derecho”, lamentó la diputada Belloso.

La diputada Ortiz refiere que si bien el Estado tendrá un alivio fiscal durante esos cuatro años, no hay claridad de lo que hará el gobierno con el dinero que dejará de pagar a los trabajadores. “¿Ese respiro en qué lo va a ocupar, ese mayor margen de maniobra en qué lo va a ocupar?”, se pregunta Ortiz.

LEA ADEMÁS: Gobierno ordena ocultar información sobre uso de ahorros de trabajadores

Al respecto, recuerda que del análisis que han realizado a los presupuestos de la Nación de 2022 y de años anteriores ha quedado en evidencia que el dinero no sirve para sanear las finanzas del Estado ni para inversión pública, sino que los recursos se van para otros fines, tales como más gasto en adquisición de bienes y servicios y contrataciones.

“Por lo tanto, el sudor de la frente de los trabajadores, la incertidumbre, la desesperación de muchos de como le ha quedado su pensión, de cómo le podría quedar en el futuro, la moneda de cambio es mayor tranquilidad para el Estado, para seguir gastando como quiera, sin transparencia, sin rendir cuentas y sin comprometerse en un plan serio, porque ya llevamos casi 4 años de esta administración y no vemos un plan serio para manejar la deuda más allá de solo poder salir a los mercados internacionales para decir que estamos logrando movidas de ajedrez estratégicas, pero que no están solucionando los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo”, reflexionó Ortiz.

La diputada Belloso fue más allá y subrayó que la afectación también la verán quienes podrían estar teniendo un alivio temporal por el incremento en su pensión de acuerdo a las reformas aprobadas el año pasado, pero que ante el impago del gobierno o periodo de gracia para no seguir honrando la deuda que tiene con los cotizantes, se pone en riesgo las pensiones presentes y las futuras.

VAMOS rinde cuentas

Por otra parte, la diputada Ortiz presentó ayer un informe de rendición de cuentas a dos años de su gestión en la Asamblea Legislativa. Destacó haber impulsado varias iniciativas de ley que lastimosamente no fueron tomadas en cuenta por los diputados del oficialismo.

Señaló que hicieron una propuesta “audaz”, que fue la de quitarle el IVA a los productos de la canasta básica, que implicaba tasar con 0% del IVA a todos los productos de primera necesidad, para brindar un alivio económico a las familias que enfrentan el incremento de precios desde hace meses.

También planteó instalar un sistema de alerta temprana para la prevención de los feminicidios, crear 14 casas de acogida para las mujeres que sufren de algún tipo de violencia doméstica o social, a través de inyectarle más fondos al Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

Otra de sus iniciativas fue incrementar la cuota alimenticia para las madres que sufren de paternidad irresponsable, mediante la creación de un nuevo sistema de asignación de la cuota para equipararla a no menos del 30%, es decir, de $109.50 del salario mínimo del sector comercio e industria, que es de $365.

“Que no sean las madres que reciban migajas, vimos cuotas alimenticias de $10 en total violación a los niños. También propuse que de la cuota alimenticia se agregue el 1%, que sea una tarifa para que la Procuraduría General de la República mejore los servicios a las madres que se abocan a la PGR”, indicó.

Pese a que todas estas mociones no tuvieron un final feliz, Ortiz dijo sentirse satisfecha de haber logrado en la discusión de la “Ley Amor Convertido en Alimento para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna”, que las madres que deben trabajar más de 8 horas diarias puedan tener una hora adicional de lactancia para sus hijos en sus lugares de trabajo.

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