Con 59 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes la propuesta de Ley Anticorrupción presentada por el gobierno central y que pondría a los empleados públicos a declarar anualmente su patrimonio y el de su familia a Hacienda.
El dictamen de la Comisión Política se conoció en la primera parte de la jornada de este viernes y no de último, como estaba en la agenda inicial.
"Estarán obligados a presentar junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta, una Declaración Jurada denominada Informe de Activos y Pasivos, que contenga en la misma declaración detalles de la información tanto suya como de su cónyuge en razón de matrimonio o conviviente por unión no matrimonial e hijos", señala la propuesta de ley.
Esta no es la primera vez que Nayib Bukele toma iniciativas contra la corrupción, al inicio de su primer periodo de gobierno impulsó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Fiscalía General de la República (FGR); pero la disolvió en junio de 2021 luego que la Comisión informó de una docena de investigaciones de corrupción por parte de miembros de su gabinete.
La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, recordó que la ley sería como efecto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pide al gobierno la transparencia. Y recordó que en el mismo sentido se reformó la Ley Bitcoin.
Dijo que la ley tiene temas importantes, como un nueva conducta calificada como delito, como el tráfico de influencia. Y que durante la pandemia hubo miembros del gobierno que obtuvieron contratos para beneficio propio, por lo que “estas personas deberían comenzar a ser procesadas”.
También destacó que perseguiría el nepotismo y la corrupción, como ocupar la banca estatal para beneficio de funcionarios “y así tantos casos de préstamos exprés”.
Recordó que la Corte de Cuentas está incluida en la nueva institucionalidad contra la corrupción, pero que no se ha electo aún a la presidencia del órgano contralor; por lo que instó a elegir al funcionario lo más pronto posible.
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Por su parte, el diputado Christian Guevara dijo que la ley “cierra el ciclo de los corruptos y de los corruptores” y destacó que los delitos no van a prescribir en su persecución penal.
Guevara, quien es jefe de fracción de Nuevas Ideas por segunda periodo, agregó que la Asamblea Legislativa “en anteriores legislaturas fue el epicentro de la corrupción” y que será una “ley modelo y ejemplo en toda la región”.
Raúl Chamagua dijo que la corrupción ha socavado las instituciones y afectado la confianza de la gente en el sistema.
“La corrupción ha sido un obstáculo, un obstáculo persistente que ha impedido el desarrollo y la prosperidad en nuestro país”, expresó Chamagua.
Sobre la ley, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en abstención y consideró que el problema no es que hacen faltas leyes en el país, sino que no se cumplen. “Las leyes en este país se aplican con selectividad”, expresó.
Aunque dijo que el documento tiene partes interesantes, pero calificó que “solo sirven para el marketing”. Exhortó al gobierno a cambiar la práctica de ocultar información y a quitar las reservas de información.
Mencionó los casos de la CICIES, los funcionarios públicos salvadoreños que están señalados en la Lista Engel y que “no tomaron cartas en el asunto”, los fiscales que investigaron el caso “Catedral” tuvieron que huir del país por acoso, el espionaje a periodistas con el software Pegasus y acusó a la misma Asamblea dominada de Nuevas Ideas de aprobar leyes que permiten “grandes espacios para la corrupción”, como crear esquemas que funcionarios hagan sociedades anónimas y puedan ser contratistas del Estado.
Pero reprochó que Nuevas Ideas se niega a estudiar propuestas de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública para reducir el máximo de los años de reserva de información de siete a tres.
El diputado Francisco Lira, de ARENA, quien apoyó la ley, expuso que “hace falta más” y que se necesita “voluntad política para levantar la restricción en el acceso a la información pública que tienen todas las instituciones”.
Comentó que el nuevo centro nacional de anticorrupción debe perseguir los casos de funcionarios que se han enriquecido y espera que llegue a “desempolvar” los casos de la extinta CICIES.
“Será importante conocer el caso Catedral, será importante conocer cuando se levante la restricción de la información pública en todos esos casos que se han mantenido ocultos”, indicó Lira
Con esta ley, la información que se entregará a Hacienda, tanto empleados públicos como funcionarios, deberá detallar, según la propuesta, los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, así como el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles, realizados en el periodo de la declaración del impuesto sobre la renta que efectúa.
Crear nuevo sistema
La propuesta manda a crear el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) que estará conformado por los ministerios de Justicia y Seguridad Pública; de Hacienda y de Obras Públicas, la Policía Nacional Civil, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Comisión Nacional de Activos Digitales, el Centro Nacional de Registros, Registro Nacional de las Personas Naturales y la Dirección Nacional de Compras Públicas, todas del ramo del Ejecutivo.
Los entes de control serán la Fiscalía, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Órgano Judicial.
Esta misma, propone la creación de un nuevo ente, el Centro Nacional Anticorrupción (CNA) que realizaría labores de inteligencia como un adscrito a la Fiscalía General.
Según Nuevas Ideas, la referida ley buscará perseguir la justicia y no será un instrumento de persecución política
Reducida participación ciudadana
La Ley Anticorrupción carece de apertura al apoyo de las organizaciones ciudadanas que velan contra la corrupción y en pro de la transparencia, más allá de la facultad de presentación de avisos o denuncias.
Una de ellas en el país es Cristosal, quien señala que en el proyecto de la ley “no se establecen medidas destinadas a fomentar la participación ciudadana, más allá de las denuncias o avisos que ya están contempladas en la Ley de Ética Gubernamental”. Igualmente, la Corte de Cuentas de la República tiene habilitado el espacio de recepción de denuncias y avisos.
Por otra parte, la organización también señala que Lla Ley Anticorrupción no establece mecanismos ni procedimientos para validar y verificar lo consignado en las declaraciones juradas patrimoniales, a pesar de que varias de las instituciones que forman parte del SINAC resguardan información pública para poder efectuar las respectivas verificaciones.
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“Actualmente la Corte Suprema de Justicia no está realizando análisis sobre la veracidad de las declaraciones patrimoniales y el mecanismo regulado la Constitución, se ha convertido en una herramienta de persecución política porque algunas transacciones se contabilizan dos veces en el activo de los exfuncionarios”, señala.
Explican que para evaluar si la información presentada por los empleados y funcionarios es verídica, se necesita un equipo de profesionales (abogados, auditores, peritos contables y financieros) que tengan a su disposición la información necesaria para detectar aumento no justificado de ingresos.
“El proyecto de ley tampoco establece mecanismos para verificar, bajo parámetros objetivos, los niveles de cumplimiento de las obligaciones allí estatuidas”, enfatiza Cristosal.